Escribe: Luis Alen.
Al no renunciar definitivamente a su intento de reelección, el presidente Horacio Cartes mantiene en vilo a la nación, a los colorados y a los empresarios que son sus aliados naturales, pero que se están constituyendo en sus crecientes críticos, en la medida en que ven crecer, en vez de mermar, la orientación autoritaria y prepotente de las políticas económicas y sociales del Gobierno.
La indefinición presidencial está poniendo en riesgo la gobernabilidad, con las medidas tomadas por el Senado para poner límites al gran endeudamiento público, que sirve en parte para el repago de los préstamos obtenidos a través de los bonos.
Los políticos a su vez le pasan la factura a HC, por los tres años que lleva éste tratando de cortar todas sus conexiones con el Estado, de donde se nutrían para financiar a sus operadores.
No se le creía a Cartes cuando afirmaba hasta principios de este año que no le seducía la idea de ser reelecto. En ese entonces, tenía el cerrojo de la prohibición constitucional, y hoy lo sigue teniendo, pero a estas alturas tampoco nadie le cree que no dejará de intentar hasta el último plazo romper el vallado que la Constitución le impone a cualquier intento continuista.
Así también hace dos años, HC tuvo sus idas y venidas para decidirse por un candidato para la junta de gobierno de la ANR, hasta que finalmente destapó el nombre de una figura desconocida como Pedro Alliana. ¿Ocurrirá ahora lo mismo, con un candidato que antes no estaba en las apuestas de los mentideros políticos, una vez que renuncie definitivamente al “rekutu”?
Lo que sonaba como la imposición de un candidato con escasa figuración política, hacía presagiar que Horacio usaría el mismo método para imponer su voluntad a la dirigencia colorada en el tema de la reelección o en la digitación de su sucesor, mal que le pese a la disidencia encabezada por Marito Abdo.
Pero ya es diferente el escenario cuando se trata de una persona elegida para orientar los destinos de la nación, teniendo presente además que el grupo empresarial Cartes se halla en plena tarea de dominar todos los negocios en base al poder que le da el control político del país.
Si no es HC, el candidato deberá ser alguien que salga del mismo riñón cartista, es decir del grupo de gerentes del grupo empresarial o del entorno de asesores. De algunos ministros actuales se habla, como el caso de Enriquito Riera o de Gustavo Leite, pero está visto que el presidente es reacio a encumbrar figuras políticas, por el motivo de que en casi todo su período trató precisamente de disminuir la influencia de la clase política en las decisiones gubernamentales.
Sólo últimamente rompió su adhesión incondicional a uno de sus postulados que le afianzaron en la confianza pública, al dar nuevamente cabida a los seccionaleros y hurreros de la reciente convención en cargos relevantes y de recaudación asegurada, con tal de tener adeptos en la maquinaria partidaria, que bien aceitada es infalible para ganar elecciones.
El mayor escollo
Si bien HC puede imponer su voluntad al partido Colorado, no puede hacerlo con la sociedad, y especialmente con el poder fáctico principal que representa el empresariado. Puede darse algún apoyo empresarial, pero la mayor parte de los hombres de negocios están asustados por la forma desembozada con que el grupo Cartes está avanzando sobre varios sectores económicos, aprovechando la oportunidad de tener el poder de la lapicera en manos de HC.
En una reunión con varios exponentes empresariales, voceros del entorno cartista requirieron el apoyo de los más connotados líderes de los principales grupos de negocios, resaltando la lucha contra la corrupción en la administración pública y la conquista de contar con la ley de transparencia, lo que ha permitido destapar varias ollas malolientes en las reparticiones estatales. Pero la respuesta fue desalentadora para los enviados de HC. ¿Por qué?
Los hombres de negocios dijeron estar preocupados por la “prepotencia” del gobierno en contra de algunos sectores empresariales, como el de los combustibles y el gas, con la decisión anticonstitucional de otorgar un virtual monopolio a Petropar, además de instalar de nuevo el antiguo sistema de los permisos previos de importación, como una rémora de la época dictatorial.
Además, existe un conflicto de intereses entre el grupo empresarial Cartes y algunos de los negocios que están en relación directa con el Estado, como el caso de la denuncia pública realizada en la prensa por la evidente colusión existente en el asunto de la búsqueda de petróleo en el Chaco, donde una empresa, la President Energy, tiene como uno de sus accionistas al jefe de gabinete de Cartes, Juan Carlos López Moreira, quien es además coordinador de la política energética del gobierno.
Como se sabe, la búsqueda de petróleo y gas es otorgada a través de concesiones del Estado, y la presencia de nada menos que el jefe de gabinete como juez y parte, en el estratégico negocio de los hidrocarburos, habla a las claras de una orientación del propio HC, el capo del grupo empresarial que lleva su nombre, para avanzar sobre todo el sector petrolero con el fin de dominarlo y controlarlo, desde la prospección y explotación de los posibles yacimientos chaqueños hasta la comercialización y distribución de los combustibles.
Es muy diferente a lo deseado por los hombres de negocios, que habían apostado con Cartes por la defensa de los grandes intereses del empresariado, como una reacción ante la expansión de la izquierda durante el gobierno de Lugo y como una especie de hombre fuerte que devolviera la seguridad al campo, después de las frecuentes ocupaciones de tierras durante la era luguista.
Pero HC fue una gran decepción para la mayor parte de los empresarios, porque no resultó un árbitro imparcial ni tampoco trajo la tranquilidad deseada a los productores agropecuarios, ya que por ejemplo se ha visto su incapacidad para terminar con el grupo guerrillero EPP o para poner freno a la ola de inseguridad que azota todo el territorio nacional.
De este modo, el frente empresarial se erige ya en el mayor escollo interno para las aspiraciones continuistas de HC. Más aún que la propia disidencia dentro del partido o de la misma oposición liberal e izquierdista, que se encuentra muy dividida y que deliberadamente ha sido reducida en su habilidad tanto económica como de generadora de soluciones a los grandes problemas nacionales, dentro de la estrategia de fondo del cartismo de restarle capacidad de maniobra a los políticos.
La clase política, abroquelada en el Parlamento, ha comenzado a reaccionar contra el cartismo, pero en una forma casi suicida y arriesgando el crecimiento económico de 2017, poniendo palos a la rueda del presupuesto nacional a través de un déficit inmanejable, denegando al Gobierno la contratación de nuevos préstamos externos (como el caso de los US$ 200 millones del BID para obras públicas) o poniendo límites a la emisión de nuevos bonos destinados al pago de la ya abultada deuda externa, que se triplicó en la era Cartes.
Incierto panorama
A pesar de que la dirigencia colorada ya quiere que HC desista de la reelección y digite un heredero, el presidente posiblemente dejará alargar la incertidumbre al no renunciar de inmediato a sus ansias de continuar en el sillón de López. Aparentemente, estará pensando que es mejor instalar la duda, toda vez que eso le conviene para continuar con bastante poder ante las acechanzas de enemigos dentro del partido como fuera de él y como forma de asegurar el cumplimiento de los programas de obras trazadas, especialmente en infraestructura y viviendas.
También su entorno de gerentes y los asesores políticos le calientan la cabeza con fórmulas hasta disparatadas para hacer el “rekutu”, con tal de seguir influyendo en el mundo de los negocios, en las contrataciones del Estado y en el manejo de las grandes obras, así como en las binacionales Itaipú y Yacyretá.
Pero al mismo tiempo el círculo áulico cartista sabe que al malestar empresarial se ha unido la bajada de pulgar de la embajada norteamericana, por la persistencia del esquema de lavado de dinero en la Triple Frontera y la posibilidad de que igualmente Argentina y Brasil se sumen a Estados Unidos en reclamar un recambio en el Gobierno de Asunción que sea más favorable a sus intereses en lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional.
El problema que ven los gerentes de Cartes y sus asesores es que no se puede confiar en que un presidente surgido de las elecciones de 2018, incluso de origen colorado, convalide las medidas favorables al avance del grupo empresarial de HC sobre algunos sectores económicos, como el caso del de combustibles y el gas. Tampoco pueden estar seguros que seguirá la coraza que defiende los negocios tabacaleros y que evita los controles necesarios para saber cuántas cajas de cigarrillos se producen realmente y que muchas de ellas no tributan los impuestos debidos, así como que el país tampoco ha ratificado la convención internacional de la ONU destinada a combatir el contrabando mundial de tabaco.
El Gobierno que venga en 2018 deberá enfrentar también el creciente deterioro social y tratar de mantener niveles de crecimiento que favorezcan la creación de empleos. Para ello, tendrá que volver a alentar el establecimiento de inversiones privadas, pero ya con reglas diferentes a las que trata de instalar actualmente el cartismo.
El Gobierno del próximo período tendrá que afrontar los efectos de la fuerte disparada del endeudamiento externo, que no se compadece de la continuación de una recaudación tributaria mínima, en comparación a la evolución del producto interno bruto per cápita en la última década, lo que no hizo otra cosa que ahondar aún más la brecha abismal entre ricos y pobres en el país, dado que éstos últimos son los que llevan sobre sus espaldas el mayor peso por causa de una estructura impositiva injusta.




























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