La privación ilegitima de libertad, en la cárcel regional, del abogado Paraguayo Cubas, pasó a convertirle en un preso político, que no debería ocurrir en un país, donde, supuestamente, se practica la democracia y el respeto al estado de derecho. La semana pasada, con piolita, el juez de sentencia Vera, le otorgó medidas sustitutivas, que el imputado no acepta y que prefiere regresar a la Penitenciaría Regional.
Pero con lo que viene ocurriendo últimamente, el Paraguay ha regresado al oscurantismo político, que, aparentemente, ya se tenía desterrado, desde la caída de la dictadura de Stroessner. Sin embargo, jueces y fiscales funcionales al sistema prebendario se dedicaron en los últimos días a desempolvar leyes ya perimidas y que eran utilizadas en el gobierno de Stroessner, para perseguir y atosigar a personas que discordaban con el régimen de esa época. Actualmente ocurre exactamente lo mismo.
Hoy regresamos por un camino tortuoso, con la persecución de ciudadanos que denuncian hechos irregulares que ocurren en las instituciones públicas, como el caso de los abogados Paraguayo Cubas, Jorge Brítez y el concejal comunal esteño, Celso “Kelembu” Miranda, que sufrieron una tenaz persecución política y judicial, comandada por el jefe del clan paranaense, Ernesto Javier Zacarías Irún.
Los mismos fueron detenidos y llevados presos a la Jefatura de Policía por decisión de una fiscal de nombre Analía Rodríguez, esposa del secretario general de la municipalidad de Ciudad del Este. ¿Qué garantía tiene el ciudadano de que sea juzgado imparcialmente por una representante del Ministerio Público, cuyo cónyuge ocupa alto cargo en la institución municipal al servicio del clan Zacarías? La fiscal, pese a todo esto, no se dignó a separar del caso en que se vieron involucradas las tres personas en cuestión.
A pesar de la flagrante violación de la Constitución y la ley, ningún fiscal ni juez fue sancionado por sus superiores. De los tres procesados, Paraguayo Cubas fue encarcelado. Pero eso no le impidió para que continúe clamando justicia desde su lugar de reclusión, encarando a varios representantes del poder judicial de la zona, a quienes los trató de “corruptos y bandidos”, al tiempo de defecar en el despacho del magistrado Amilcar Marecos, como una muestra de que la justicia en este país es una verdadera “cagada”.
El Paraguay atraviesa por una de sus peores debilidades de su sistema democrático y republicano, donde pareciera que hemos regresado a la ley de la jungla, donde impera el más fuerte, ignorando y pisoteando elementales derechos de la ciudadanía. No hay mínima garantía para el pueblo, para aquella persona humilde, que clama justicia. Se vive en una clara y abierta anarquía, donde sobresale la clásica expresión de los déspotas: “Para los amigos todo, para los enemigos la ley”.
El comportamiento nefasto y cavernario de algunos miembros de la justicia local con el abogado Cubas, pasa a convertir a este ciudadano en un preso político, cuyo pecado es reclamar transparencia de gestión y la corrupción imperante en las instituciones públicas, concretamente en la municipalidad de Ciudad del Este.
El presidente Horacio Cartes a más de 3 años de gestión pareciera que aun no halló la brújula de su gobierno. Para peor, comienza a pactar con nefastos personajes, como Javier Zacarías Irún, abandonando a su suerte a la ciudadanía, premiando y ofreciendo protección a corruptos, como al clan Zacarías de Ciudad del Este. El mandatario ha perdido la confianza del pueblo, y para peor continúa haciendo mal los deberes. Ahora para completar el combo gubernamental, se volvió a la época tenebrosa, cuando eran perseguidos compatriotas que tenían una visión distinta de la realidad, como lo que hoy ocurre con el abogado Paraguayo Cubas, por exigir justicia.
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