Escribe: Luis Alen.
Como una traición a la lucha de años contra Javier Zacarías Irún, los ciudadanos de Ciudad del Este que votaron por Miguel Prieto ven el proceder del intendente, quien intenta copiar prácticas de los corruptos exponentes del clan Zacarías, que durante 18 años lo mantuvo cautivo al pueblo paranaense.
Las denunciadas irregularidades en el manejo administrativo de la comuna esteña serían producto de la necesidad de contar con el apoyo de la junta municipal dominada por compinches de ZI y de la exintendenta Sandra McLeod.
Pero esta práctica colisiona con las consignas de transparencia y honestidad en la gestión que fueron el detonante del contundente triunfo de un político joven no ligado a los partidos tradicionales, Colorado y Liberal.
Ante la necesidad de contar con el apoyo de la junta municipal, el intendente Miguel Prieto se está acercando peligrosamente a pactar con el clan, lo que sería funesto para su intento de reelección en noviembre, pero más aún para la ciudadanía que confió en él con el propósito de sacudirse de las prácticas corruptas y no transparentes en el manejo de la administración de CDE, a las que nos tenían acostumbrados Javier Zacarías Irún y sus secuaces.
Avatares de la
“tercera fuerza”
Las denuncias de supuestas irregularidades cometidas en la administración de Prieto, en pleno año de elecciones, desgastan la imagen del lord mayor esteño ante el electorado, pero también denotan las dificultades que habrá en las principales ciudades del país incluyendo Asunción, con el fin de articular una tercera fuerza para vencer a los partidos tradicionales Colorado y Liberal.
Tal vez Prieto adoleció no sólo de la incapacidad de armar una buena gestión, sino de la suficiente estructura como para convertirse en un baluarte en la recuperación de la honestidad y el desempeño transparente de cara a la ciudadanía que puso su confianza en él en las elecciones del pasado 5 de mayo en CDE.
La misma decepción ciudadana se ha dado en Asunción, con lo ocurrido con la desafortunada gestión de Mario Ferreiro en la municipalidad capitalina, lo que pone de manifiesto la necesidad de articular por parte de la ciudadanía no sólo mejores enfoques de selección de candidaturas, sino también más sofisticados mecanismos de control en las gestiones de los funcionarios electos por el voto popular, ya sea en intendencias, juntas municipales como también en el plano del gobierno central del país.
El hecho de que hasta ahora no haya podido unir a los opositores al clan ZI que lo catapultaron a la intendencia, con el objetivo de conservar el manejo de la institución en el próximo quinquenio 2020-2025, y que, por el contrario, el mismo Prieto haya comenzado a “cortejar” con algunos zacariístas de la Junta Municipal, revela cuán difícil le resulta al intendente consolidar dicha “tercera fuerza” que le sirva de soporte político ante las estructuras poderosas de los grupos tradicionales que dominan la politiquería criolla en CDE, así como ocurre en prácticamente todo el país.
Frente a la avalancha de hechos que han puesto en duda la capacidad de gestión de Prieto, algunos de sus soportes políticos lo fueron abandonando, como el Partido Patria Querida, que anunció públicamente su ruptura con el joven administrador esteño. Lo mismo en el caso del concejal Celso “Kelembu” Miranda, que incluso ha denunciado licitaciones supuestamente amañadas pero ahora apoyadas por sus exaliados zacariístas, con quienes se había puesto de acuerdo a principios del año pasado para una pretendida intendencia que después no pudo cuajar.
Todo esto ensombrece el futuro político de Prieto, mientras la ciudadanía observa ya con notoria indiferencia su alicaída capacidad de gestión, o con indisimulado rechazo por sus nuevos aliados zacariístas, al haber incumplido en forma muy aviesa sus promesas de transparencia y de no pactar, si no con el cuestionado clan ZI, con el mismo esquema corrupto dirigido entre bambalinas por el “ínclito” Javier Zacarías Irún y su esposa la exintendenta Sandra McLeod, quienes todavía controlan a control remoto la junta comunal.
Ahora el electorado podrá ser mucho más exigente con los candidatos a intendente y a concejal municipal, en vista de la posibilidad real de barrer con la lista sábana, como también ante la vigencia de la trazabilidad del dinero de origen dudoso en la política. Todo ello exige de Prieto y de los candidatos opositores a los partidos tradicionales, mucho más que bellos discursos, ya que deberán demostrar buena gestión al mando de la intendencia y, por sobre todo, probidad en el manejo de los recursos públicos.
Queda demostrado que la ciudadanía debe poner mucho más cuidado en la elección de sus representantes en las elecciones, tras lo ocurrido en relación a la gestión del independiente Prieto en CDE y del febrerista Ferreiro en Asunción, por tomar sólo dos exponentes más notables del “tercer espacio” y con gestiones administrativas en las dos ciudades cabeceras de las más importantes áreas metropolitanas del país. Además de la atención al perfil del candidato y de su procedencia o los intereses que representa, los ciudadanos deben realizar un monitoreo constante de sus acciones una vez que estén los nuevos funcionarios en posesión de algún cargo, y más aún cuando se trata de manejo del dinero público.
La ley de trazabilidad
Finalmente recapacitó Marito Abdo y bajó línea por lo visto a sus senadores, con el fin de posibilitar el control del dinero sucio en la política, a través de una ley de trazabilidad que será esencial para evitar que la narcopolítica se adueñe del Paraguay. Es que ha sido una vergüenza nacional e internacional, al mismo nivel que la fuga de película de los presos de Pedro Juan Caballero al comienzo de año, la decisión de los diputados de cercenar completamente los mecanismos de control establecidos en el proyecto original de la patriaqueridista Rocío Vallejo.
Aún cuando hubo algunos cambios de última hora en el texto que aprobaron los senadores pero asumiendo el lineamiento general del proyecto original de Vallejo, y que ya contó con el visto bueno de Diputados, el hecho es que fue convertido en ley por el presidente de la República, estableciéndose la obligación de todo candidato a cargo electivo, desde las mismas internas partidarias, de presentar un informe de la procedencia del dinero usado en campaña, tanto al inicio como al final del proceso, así como la intervención de la Seprelad para controlar si hubo o no lavado de dinero. Al mismo tiempo que se institucionaliza un seguimiento exhaustivo en la Justicia Electoral, con la obligación de informar a la opinión pública de cualquier irregularidad detectada.
La indignación ciudadana contra el destrozo al proyecto en Diputados por la aplanadora colorada abdo-cartista tuvo su efecto seguramente sobre los abdistas y liberales, a los que también se unieron mansamente los senadores cartistas, a pesar que éstos estaban con pocas ganas de aceptar el control, especialmente en las internas.
Un cambio en la postura de los legisladores ya se vislumbraba con la repentina “iluminación” de Blas Llano, el titular del Congreso, impresionado por la película del “Guasón”, al afirmar que no quería que ocurriera una réplica en la realidad paraguaya de la rebelión popular contra una Ciudad Gótica dominada por políticos al servicio de los delincuentes. Podría llegar a ocurrir lo mismo aquí, según Llano, si es que continuara sin cambios en el país la falta de control legal sobre el financiamiento político, ya que el dinero sucio puede poner a los políticos al servicio del crimen organizado, el narcotráfico y el financiamiento al terrorismo internacional, con las nefastas consecuencias a nivel del pueblo en materia de mayor inseguridad, justicia dominada por la delincuencia e impunidad para los criminales.
Este repliegue colorado se da en momentos en que se trata de llegar a un abrazo republicano entre el abdismo y el cartismo, para evitar una interna “sangrienta” y, por sobre todo, costosa, con vistas a las internas de julio y las generales de noviembre.
Habría que ver si con el nuevo escenario sobre el control del financiamiento político con dinero dudoso, cómo quedan las relaciones entre Marito y Horacio Cartes, ya que a estas alturas, se sabe bien en forma extraoficial de quién o quienes provienen mayoritariamente los recursos para las campañas más connotadas de la política criolla. Por ejemplo, una pregunta ya flota en el aire: ¿Cómo se informará o se disfrazará el gran movimiento de dinero “donado” por traficantes de drogas y cigarrillos destinado a financiar a los políticos de la nomenclatura dueña del poder actual en el Paraguay?
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