El lunes último fue remitida a la Fiscalía adjunta del área penal número X del Ministerio Público, la causa 10.321, por la que la juez civil Nélida Alvarenga denuncia al intendente municipal de Ciudad del Este Miguel Prieto por la comisión del supuesto hecho de desacato, tras el incumplimiento de su sentencia definitiva número 61 del 28 de julio último.
El sorteo aleatorio en la oficina de denuncias de la Fiscalía regional, asignó la investigación del caso a la fiscal Estela Mary Ramírez, quien se excusó de llevar adelante la investigación por amistad con la denunciante, ya que ambas fueron compañeras de sección por un periodo en la gobernación del Alto Paraná y también en un post grado que llevaron juntas en la Universidad Nacional del Este y pasó la carpeta a la unidad de su colega Sergio Irán Villalba para abrir la investigación. Sin embargo, éste impugnó la inhibición de Ramírez, ordenando su inmediata remisión a la adjunta para dirimir la cuestión y asignar por resolución un fiscal que lleve adelante el procedimiento.
El documento citado por la magistrada, declaraba la ilegitimidad de la resolución número 322/19 I.M., por la que el intendente Miguel Prieto asumió la administración de la terminal de ómnibus de este distrito y restableció los derechos de la Empresa Itá Paraná Comercial e Industrial Inmobiliaria y Agropecuaria S.A, ordenando la inmediata devolución de la administración y explotación de la terminal en los términos establecidos en el contrato de concesión.
Alvarenga señaló en su denuncia que al momento de presentarse para dar cumplimiento a la sentencia definitiva, ni siquiera pudo ingresar al predio de la terminal, según el acta labrada en su oportunidad, situación que también fue informada por la representación legal de la firma Itá Paraná S.A.
La municipalidad local, sigue administrando la terminal de ómnibus y hasta el lunes, el intendente Miguel Prieto se reafirmaba en que no daría cumplimiento a la orden judicial, ya que se trata de un bien público. En la cámara de apelaciones radica un recurso de expresión de agravios planteado por la asesoría jurídica de la comuna, contra la sentencia definitiva dictada en primera instancia, aún irresuelta.




























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