Al mismo tiempo que Puerto Fénix S.A. está en la mira de la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas), la empresa portuaria privada de Mariano Roque Alonso no cumpliría con las leyes ambientales que se hallan en directa relación con tratados internacionales de protección de los recursos naturales.
El denominado “Puerto Narco” en la jerga de los navieros, debido a las numerosas incautaciones de drogas (cocaína y marihuana) que se efectuaron en sus instalaciones o en navíos que zarparon de sus muelles, gozó durante el gobierno de Horacio Cartes de una gran impunidad para la realización de sus planes de expansión.
El proyecto actual que tienen sus directivos, al mando del ingeniero Julio Martínez Trueba, es precisamente la ampliación de su patio de contenedores para exportación e importación, con la anexión de terrenos colindantes de otros propietarios, esgrimiendo en algunos casos hasta títulos falsos para alzarse con terrenos ajenos.
Puerto Fénix quiere ampliar sus actuales 65 hectáreas, pero sigue sin cumplir con las leyes de servicios ambientales (Ley 3001/06), que le obliga a la empresa a realizar compras de certificados como compensación al fuerte impacto ambiental de sus actividades en la hidrovía.
El Ministerio del Ambiente tendría que exigir a Puerto Fénix y a los demás puertos vecinos la observancia de las disposiciones relativas a los servicios ambientales.
Denuncia por título falso
Una denuncia presentada en tribunales por Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, quien es propietario condómino de un terreno lindante al norte con Puerto Fénix, sobre la hidrovía Paraguay, reveló que la empresa del ingeniero Martínez Trueba continúa amparado en la más absoluta impunidad.
La empresa portuaria buscaría aumentar sus instalaciones para contenedores presentando un título falso con el fin de apropiarse de una propiedad colindante al norte de su terreno.
El intento de despojo a Ramírez Alvarenga se habría ya motorizado cuando aún fungía como presidente de la República Horacio Cartes, quien estaría vinculado al holding de Puerto Fénix a través del abogado Pablo Livieres Guggiari, otro de los directivos de la citada empresa portuaria.
Lo llamativo es que otros puertos vecinos, como el de Caacupemí S.A. y San José S.A., ubicados en la misma zona sobre el río Paraguay, utilizarían el mismo modus operandi de avasallamientos a vecinos del lugar echando mano a documentos apócrifos bajo la fachada de títulos auténticos, que serían fabricados en connivencia con funcionarios corruptos de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, expertos en fabricar documentos viciados de nulidad.
La impunidad con que operan estos puertos privados sorprende aún más porque en los últimos años han sido repetidos los casos de denuncias por tráficos de drogas en ellos y en embarcaciones que operan en sus instalaciones.
Con el nuevo gobierno debería cambiar esto, ya que Mario Abdo Benítez ha prometido una frontal lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y la impunidad de las bandas criminales, otrora protegidas por la narcopolítica durante el gobierno de Cartes.
Rocío Cañete, hermana de uno de los marinos presos en Argentina en 2014 por una incautación de marihuana en el barco portacontenedores Papu Sur que había zarpado de Puerto Fénix, había pedido que las autoridades investiguen a los responsables del puerto privado Fénix, salpicado ya entonces por varios casos de tráfico de drogas descubiertos en su recinto.
Facebook Comentarios