Ya va más de un mes de la asunción al cargo de los nuevos concejales municipales de Ciudad del Este, y hasta ahora no fueron más allá de declaraciones rimbombantes en los medios de prensa y redes sociales.
Siete ediles, de los 12 que componen el órgano legislativo paranaense prometieron a la ciudadanía transparentar la gestión pública en el segundo municipio más importante del país, que desde hace 15 años está bajo control del clan Zacarías, que ha convertido la institución en un negocio privado.
Sin embargo, a 36 días de haber tomado posesión al cargo, como representantes del pueblo, .los mismos aún no hicieron sentir a la ciudadanía la voluntad política que prometieron durante la campaña electoral. El pueblo ya está cansado de tantas mentiras y ya no tolerará burlas de sus autoridades.
La ciudadanía espera acciones concretas de sus representantes. Ya fueron suficientes 15 años de martirio y humillaciones. Llegó la hora de liberar a Ciudad del Este, desalojando del poder a los apátridas, que sólo les interesa hacer crecer sus cuentas bancarias, mientras que el pueblo está sumido en la más absoluta miseria.
Los ediles deben ser muy conscientes de la tamaña responsabilidad que asumieron ante la ciudadanía paranaense, que, desde el 2001 aguarda conocer el misterioso manejo de los recursos públicos en la municipalidad de Ciudad del Este.
Un grupo de ediles, durante la campaña proselitista, aseguró a la población que una de las primeras tareas sería impulsar la intervención de la cuestionada administración del clan Zacarías, cuya gestión nunca fue revisada ni investigada por ningún órgano de control del Estado paraguayo, como el caso concreto de la Contraloría General de la República (CGR), que fuera impedida, a través de una trasnochada resolución judicial, a ingresar a la comuna para realizar una auditoría de gestión contable.
En su momento la comuna de Ciudad del Este llegó a ser la única del país donde el máximo organismo fiscalizador, consagrado en la Constitución Nacional, no pudo ingresar a realizar sus tareas. Este distrito fronterizo pareciera que es un apéndice de una comunidad brasileña, porque aquí no rige el respeto al orden jurídico nacional, sino lo que impera en esta comarca fronteriza es la “Ley Zacarías”.
Y lo más penoso y grave de todo esto que ocurre en esta zona de la República, es que las autoridades nacionales se muestran indiferentes al permanente atropello al Estado de derecho.
Aquí, una mayoría de fiscales y jueces son funcionales al actual sistema imperante. Denuncias presentadas en la justicia contra el clan nunca fueron encaminadas e investigadas por los representantes del pueblo. Las carpetas son archivadas y extinguidas. ¿Hasta cuándo se seguirá soportando esta injusticia?.
El pueblo esteño vive, desde el 2001, bajo una anarquía de proporciones inimaginables. Hoy, después de una década y media, se buscará poner fin a una etapa que ningún ciudadano de bien desearía que se repita. Hace 26 años que cayó el dictador Alfredo Stroessner, sin embargo en esta capital fronteriza de la República sigue vigente el sistema dictatorial, de la mano de Javier Zacarías Irún, que desde el 2001 hace lo que se le canta, sin hasta hoy ninguna autoridad competente haya osado o investigado las atrocidades cometidas por este tenebroso clan.
Los legisladores comunales, que el pueblo los votó en las urnas, tienen que cumplir la palabra empeñada, y no deben esperar o dar tregua para comenzar a desarrollar sus tareas. La gente ya está cansada de los discursos panegíricos o de los “figuretis”. La ciudadanía aguarda acciones concretas, que redunden en favor de los más necesitados. ¡Qué esperan!
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