Escribe: Luis Alen.
La universalización del pago de la pensión a los ancianos, adultos mayores de 65 años, supone ciertamente un mayúsculo desafío para las arcas de Hacienda, actualmente ya vapuleadas por un déficit creciente que se acerca al 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
La decisión del Congreso de rechazar el veto del presidente Marito Abdo al proyecto, obliga a la búsqueda de nuevas fuentes de imposición por fuera de los ingresos adicionales ya previstos con la reforma tributaria que entrará a regir desde el próximo 1 de enero de 2020, lo que lleva el debate a un plano en el cual se hace necesario más que nunca vincular la venta de la energía de Itaipú y Yacyretá, a precios de mercado, con los cuales atender las justas demandas de la población más pobre y vulnerable.
Es que hasta 1 millón de personas, de las 200.000 de hoy, podrían recibir un subsidio equivalente a los G. 500 mil mensuales per cápita que cobran ahora los adultos mayores, con el solo hecho de pasar de los misérrimos US$ 10/MWh promedio que percibe en la actualidad el Estado paraguayo por la fraudulenta “cesión” de la electricidad implantada por los tratados de la década del 70 durante las dictaduras reinantes en nuestros países, a por lo menos 45-50 dólares el megavatio-hora, que sería la cifra que iría acercándose a lo justo y representaría lo mínimo en términos de mercado.
Esta población mayor que se beneficiaría en forma universal, sin otros requisitos que haber nacido en el Paraguay, implicaría la realización de un acto de justicia histórica a quienes en casi 50 años de vigencia de los tratados Itaipú y Yacyretá apenas recibieron migajas de la operación hidroenergética, si es que cobraron algo en forma directa, porque más se favoreció en gran medida a brasileños y argentinos, en detrimento de todos los paraguayos quienes somos propietarios condóminos en un 50 por ciento de la riqueza binacional.
Urgente renegociación
Frente a la imperiosa necesidad de allegar más recursos para el fisco con miras a implementar la nueva ley de los adultos mayores de 65 años en riesgo de vulnerabilidad y en pobreza extrema, el Gobierno se debe concentrar en la renegociación de los oprobiosos pagos por la energía por parte de nuestros vecinos, exigiendo la actualización de los términos de los servicios financieros, pasando de la simple “cesión” a plantear la venta como un producto estratégico a precios de mercado, dentro del 50 por ciento de la producción que nos pertenece en dichos emprendimientos.
Y qué mejor oportunidad que la actual, teniendo como parámetro para medir los ingresos del Paraguay por la venta de la energía, el monto a ser distribuido entre la población en la franja de edad superior a los 65 años, que por ahora implica sólo unos US$ 80 millones anuales adicionales a los actuales pagos, que luego pasarían a ser más, una vez que, o se aumente el monto de la pensión, o ingresen más personas a percibir el subsidio, a partir también que vaya mejorando el precio pagado al país por la venta de la electricidad.
Acuciado por la urgencia de allegar fondos adicionales para su población más pobre y vulnerable, el planteo paraguayo de renegociar ya los términos de los tratados y de sus anexos, no debería esperar más, porque, de lo contrario, los recursos estatales no estarán disponibles para ampliar la asistencia a los adultos mayores, debido a la imperiosa necesidad de atender los urgentes gastos en la infraestructura física y social que son igualmente importantes para el desarrollo nacional.
Mientras se llega a un entendimiento con los vecinos para la redacción de nuevos tratados y anexos, de igual forma el Gobierno paraguayo podría plantear un sistema novedoso provisional de valoración de su energía, teniendo en cuenta su carácter de copropietario y vista la urgencia de contar con más recursos para su uso con fines sociales.
Esto implica, en el caso de Brasil, no esperar necesariamente 2023 para renegociar el Tratado o el Anexo C de Itaipú, mientras que en el caso de la Argentina, se debería llegar a otro nuevo acuerdo que deje de lado el alcanzado en 2017, con el objetivo de reformular el pago al Paraguay por la energía.
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