
Escribe: Luis Alen.
Se han conocido en las últimas semanas datos alentadores acerca de una lenta pero persistente recuperación en algunas ramas de la actividad económica, entre ellas los servicios, el sector de la construcción y algunos rubros industriales. Pero este desempeño más favorable no impide que el cuadro recesivo acumulado de la economía, en 2019, todavía está un poco lejos de ser revertido, a estar por el Índice de Actividad Económica Mensual (IMAEP) como de la previsión a la baja del PIB real, que según el Banco Central en el primer semestre registró una fuerte retracción de -2,5 por ciento.
El IMAEP, que utiliza el BCP para medir la producción en la economía, tuvo un crecimiento de 0,8 por ciento entre agosto de 2018 y agosto de 2019, y el mismo porcentaje positivo se reportó en el mes siguiente, lo que, sin embargo, no fue suficiente para la permanencia de la senda negativa de -1,9 por ciento a lo largo de este año, en el mismo indicador. Este dato confirma no sólo la evolución del PIB real de los primeros seis meses sino incluso la posibilidad que el BCP finalmente admita con los datos preliminares de diciembre una estimación de crecimiento negativo de la economía, hablándose hasta de -1,5 por ciento de caída en el Producto Interno Bruto para todo este año.
El gran dilema resulta encontrar las causas profundas que están detrás de una de las evoluciones negativas más pronunciadas del PIB paraguayo en 15 años, aparte de las clásicas consideraciones relativas a la situación recesiva internacional, la crisis en los países vecinos y la consiguiente merma de la capacidad de consumo de la población.
Sin hurgar muy hondo, puede ser que estemos sufriendo las consecuencias de no haber hecho bien los deberes en cuanto a crear las condiciones para la venida al país de inversiones extranjeras que no sean precisamente las vinculadas al lavado de dinero o, peor aún, a capitales meramente especulativos en sectores como el inmobiliario o el financiero-usurero.
Es un hecho innegable que la dinámica económica prevaleciente entre 2004 y 2018, con un crecimiento casi continuo del orden del 3 a 4 por ciento anual, se basó no sólo en una coyuntura muy favorable para rubros de exportación agrícola y ganadera con buena demanda y precios en alza, sino también en un flujo constante de inversión extranjera directa. Pero, llamativamente, en los últimos años del gobierno de HC las radicaciones de capitales foráneos no tuvieron el aumento deseable para que sirvieran ahora como amortiguadores de los coletazos de la recesión mundial y regional.
El déficit institucional
Un dato preocupante es, justamente, que pese a los años continuados de incremento real del PIB por encima del crecimiento poblacional, el Paraguay no supo atraer en el período indicado más capitales que Bolivia y Uruguay, que son los vecinos con los cuales tenemos similitud en tamaño y, por lo tanto, son nuestros competidores en captación de inversiones por grado similar de desarrollo así como por las mismas condiciones potenciales en recursos naturales primarios.
No sería de extrañar entonces que ambos países, aunque también son afectados lógicamente por la crisis externa, estén menos propensos que el nuestro a sufrir la severa recesión que se perfila para 2019. ¿Cuál sería entonces el motivo subyacente?
Un primer dato relevante resulta aportado por un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que expresa que, desde 2004, los flujos de inversión extranjera directa (IED) al Paraguay ascienden en promedio a 1,3 por ciento del PIB por año, que es un “ratio” que se halla muy por debajo de los valores regionales, lo que contrasta con el crecimiento continuado y la solidez de la macroeconomía en los últimos tres quinquenios bajo análisis.
La razón de esta performance es, según el BID, que nuestro país tiene 25 por ciento menos probabilidad de recibir flujos de IED, en comparación a otras naciones con similares niveles de ingreso, pero con mejores percepciones sobre la calidad institucional.
En definitiva, la crisis económica paraguaya actual bien se podría atribuir en gran medida también a que el menor flujo de IED indica que otros factores, además de las buenas condiciones económicas, influyeron en las decisiones de los inversionistas.
Para el BID, los análisis concluyen que las variables institucionales, como las percepciones sobre corrupción y la independencia del sistema judicial, tienen un fuerte efecto en las decisiones de invertir o no en el país. Esto indica que el desarrollo institucional pesa mucho, incluso más que las mismas variables macroeconómicas positivas como la baja tributación o la mano de obra joven barata, a la hora de decidir una inversión en una economía emergente como la paraguaya.
En el Gobierno de Marito Abdo se tiene como una asignatura obligatoria a rendir la fortaleza institucional en la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad alimentada por una Justicia sumisa a la corporación política mafiosa.
Pero más allá del fortalecimiento de los marcos institucionales para la atracción de mayores flujos de inversión extranjera para dar continuidad al rápido crecimiento económico de los últimos años, el Gobierno debe conseguir el grado de inversión que posibilite la venida de las grandes corporaciones internacionales, dando la máxima prioridad a los sectores que propicien un desarrollo sostenible.
Para ello, resulta indispensable en primer lugar que sea sancionado el paquete de leyes antilavado y el referente a la contención del financiamiento al terrorismo, con el fin de cumplir con los requisitos exigidos por el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Internacional, sección Latinoamericana), y que sean llevados ante la Justicia aquellos que infringen las normativas referentes a la evasión de impuestos, que es el caldo de cultivo de la economía negra, así como del lavado de dinero y la financiación de los grupos del crimen organizado.
A renglón seguido, un salto cualitativo de la economía paraguaya será precisamente atraer inversiones internacionales en aquellos rubros estratégicos que impulsen una verdadera revolución productiva a partir de las nuevas realidades tecnológicas en la industria y en los servicios, pero atendiendo la defensa del medio ambiente e incluso se tengan en cuenta las metas de desarrollo compatibles con las medidas destinadas a mitigar el cambio climático en el planeta.
En un contexto de reducción de los flujos de inversión extranjera directa y de fuerte competencia por las inversiones, no se trata a lo mejor de insistir en recuperar aquellos capitales en los habituales rubros anteriores de marcado crecimiento, sino de ir atrayendo cada vez más IED que contribuya a formar capital de conocimiento y avanzar hacia patrones de producción, energía y consumo sostenibles.
El Gobierno nacional debería, por tanto, diseñar un marco institucional adecuado como parte de una política destinada a acompañar las decisiones estratégicas que ya toman en estos momentos las principales compañías transnacionales en todo el mundo, de tal forma a que este cambio de paradigma que ocurre a nivel mundial en el proceso de desarrollo en sintonía con la mitigación ambiental climática, impulse a la vez las potencialidades del Paraguay en materia de energía renovable y de conservación de una naturaleza que ayude a reducir las emisiones de carbono en la atmósfera, todo lo cual a la larga significará una mayor prosperidad económica para los habitantes del país.




























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