A través de una maniobra, el intendente de Hernandarias, Rubén Rojas, finalmente logró su objetivo en complicidad con los concejales oficialistas para reprogramar un presupuesto de G. 2.500 millones para pagar salarios de funcionarios. Los conejales oficialista no comparecieron a las sesiones convocadas, con el firme propósito de dejar que el pedido de reprogramación del intendente tenga sanción ficta, pues transcurrieron 30 días sin que la Junta Municipal se expida al respecto.
Las sesiones, ordinaria como la extraordinaria, no se desarrollaron el jueves de la semana pasada en la Junta Municipal, debido a que no hubo quórum, pues los ediles que responden al jefe comunal no acudieron a tiempo para la sesión. El presidente de la comisión de legislación, Alberto Báez (PLRA), afirmó que es llamativa la actuación del administrador comunal, teniendo en cuenta que justamente en campañas internas de su partido decide ampliar el presupuesto para contratar a más funcionarios y dejar de lado las obras que se requieren en la ciudad.
La sesión de la Junta Municipal no se desarrolló ese día por falta de quórum. Los concejales que responden al intendente no asistieron de propósito para que el pedido tenga sanción ficta.
Para las 08:00 se convocó primeramente la sesión ordinaria, como todos los jueves, en la Junta Municipal de Hernandarias, pero esta vez, no se desarrolló por falta de quórum, teniendo en cuenta que los concejales oficialistas no acudieron para cumplir con su obligación, cual es la de sesionar y analizar los temas que ingresan como orden del día.
Ante la falta de quórum, los concejales presentes, como Wilson Ayala (ANR), Alberto Báez (PLRA), Carlos Rojas (ANR), Demetrio Soler (PLRA) y Alcira Cáceres (PLRA) convocaron una sesión extraordinaria para las 14:00 del mismo día, pero los ediles que responden a Rubén Rojas nuevamente no aparecieron, con el firme propósito de dejar que el pedido de reprogramación del intendente tenga sanción ficta, pues transcurrieron 30 días sin que la Junta Municipal se expida al respecto.
El concejal Alberto Báez, presidente de la comisión de legislación, manifestó que el pedido fue modificar el gasto de capital a gasto corriente, para que los G. 2.500 millones, que se debían utilizar en obras, pasen a ser un recurso disponible para el pago de salarios a funcionarios.
El edil municipal afirmó que es llamativa la actitud del intendente Rubén Rojas, al igual que los concejales oficialistas, pues en tiempos electorales, se está disponiendo de una millonaria suma de dinero para derrochar en pagos de salarios a más funcionarios, que pueden ser operadores políticos. Indicó que el pedido del ejecutivo fue presentado el 9 de agosto pasado y que se contabiliza 30 días corridos para el vencimiento del plazo de estudio y aprobación o rechazo.
Báez explicó que se había dictaminado en la comisión de legislación por el rechazo, porque el pedido transgrede algunas normas de la Ley Orgánica Municipal 3966/10, específicamente, en los artículos 179, 188, 189, 190 y 279.
“De gastos de capital pasaría a gastos corrientes, es decir, lo que era para obras pasa todo para personal, y con eso ya supera totalmente el 60% de lo establecido en la ley para servicios personales”, remarcó el edil.
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