Sacar lecciones de la crisis regional de acumulación

Escribe: Luis Alen.

Así como en el resto de Latinoamérica, la crisis del modelo de acumulación y distribución de la renta ha repercutido también en el Paraguay, pero no con un estallido político-social como en Chile y otros países de la región, sino de manera casi imperceptible para la población, centrado en el debate parlamentario sobre el proyecto de presupuesto nacional, cuyo déficit va aumentando con potenciales efectos desestabilizadores sobre el conjunto de la economía, por obra y gracia de las presiones de los empleados públicos.

Es que el problema en realidad no se relaciona tanto con el déficit en sí mismo, pues se ha visto que hay una tendencia a subirlo por la ley de responsabilidad fiscal, del -1,5 por ciento al -3 por ciento del PIB, sino en la forma de financiarlo, ya que no resultaría muy adecuado incrementar todavía más el endeudamiento externo e interno con bonos, para financiar esencialmente el gasto rígido salarial y no las inversiones en infraestructura.

Para el Gobierno resulta lo más cómodo seguir aumentando la deuda pública, pero es el momento de analizar, por un lado, el alto costo de la corrupción de la clase política como una de las razones del elevamiento del gasto a niveles insoportables, y, por otra parte, el gran impacto que soportan las finanzas estatales con un sistema tributario totalmente insuficiente para recaudar con miras a financiar los egresos necesarios en sectores claves de la economía y la sociedad, especialmente para las inversiones en infraestructura, salud, educación, gobernanza (institucionalidad, Justicia y Fiscalía) y para un clima de negocios favorable a la iniciativa privada.

El Paraguay está en la mejor oportunidad de sacar lecciones de la crisis regional de acumulación y distribución de la renta, que es la causa real de las turbulencias en los países vecinos, sin pasar por una convulsión severa con elevados costos económicos y sociales, aprovechando además la vuelta a la bonanza económica en los próximos años.

Soluciones a largo plazo

Embretado por una coyuntura económica difícil, el Gobierno consiguió “in extremis” el acuerdo político en el Congreso para elevar el tope de déficit fiscal del 1,5 al 3 por ciento del PIB, lo que permitirá el uso de US$ 200 millones adicionales en inversiones destinadas a obras públicas, que no se paralizarán y por lo tanto contribuirán a neutralizar la recesión económica, con perspectivas favorables para iniciar el 2020 con la posibilidad de una firme recuperación económica.

Superado el impase coyuntural sobre el nivel de déficit de 2019, queda por ver cómo quedará finalmente el presupuesto nacional del año próximo, que contiene incrementos de hasta US$ 45 millones en la partida salarial que fueron agregados en Diputados.

En plena recesión y con la drástica reducción en las recaudaciones tributarias del orden de US$ 300 millones a lo largo de este año, no resulta para nada sensato el arrebato populista de la clase política para satisfacer las presiones y huelgas de los empleados públicos de varios entes públicos.

En palabras de la diputada Celeste Amarilla, los funcionarios del Estado ganan mucho mejor que los trabajadores del sector privado, por lo que fue abucheada por sus expresiones principalmente en el sector de los educadores, a quienes trató la legisladora como “burros”, pero a los que se les adelantó su aumento salarial de 16 por ciento para abril, en vez de julio como estaba previsto por Hacienda.

El “ratio” actual de ingresos tributarios-gasto rígido salarial ya no puede seguir en la administración central con la forma irresponsable de incrementos sin respaldo como ha recrudecido en el último abordaje presupuestario de los diputados. Se está por llegar al 100 por ciento (actual 92 por ciento) en la relación, lo que ya no daría margen para las inversiones en infraestructura, que serían financiadas así totalmente con endeudamiento público.

La asignatura pendiente para el Gobierno de Marito Abdo es recomponer de modo urgente la proporción de los ingresos tributarios destinados a la inversión, lo que vuelve a poner sobre el tapete el problema de la misma composición de los impuestos, de tal forma a reestructurarlos, para que sean progresivos en función a la capacidad de renta real de los contribuyentes y no, como ocurre actualmente, que el grueso de la población de menores recursos cargue con el mayor peso sobre sus espaldas a través de los tributos indirectos sobre el consumo, como el IVA que es la principal fuente de recursos del fisco.