Escribe: Luis Alen.
La asunción presidencial del 15 de agosto marcará el comienzo oficial del nuevo gobierno, que se caracterizará por el poder “compartido” entre Santi Peña y su mentor político Horacio Cartes, quien es el que preside el equipo dirigencial cartista que toma las decisiones importantes, pudiendo convertirse el jefe de Estado en una suerte de “pasapapeles” como está ocurriendo con algunas medidas apresuradas tomadas con el aval de una mayoría parlamentaria obediente a las órdenes del titular de la ANR, resaltando importantes proyectos de reforma estatal aprobados casi sin ninguna discusión.
Se estaría así de vuelta a la época stronista de la “orden superior”, lo que llevó a que algunos legisladores opositores se sintieran como predicando en el desierto en las sesiones parlamentarias, pese a las fundadas razones que esgrimieron para evitar medidas apresuradas con efectos dañinos para el país.
Lo más resaltante del nuevo gobierno cartista es también que el “poder bicéfalo” (de dos cabezas) no tuvo buen andamiento la primera vez que se practicó en plena democracia. Asume Santi Peña como su máximo exponente en la presidencia de la República, pero con Horacio Cartes siendo el actor fundamental en la toma de decisiones claves, marcando una agenda en busca de consolidar el poder total.
Sin embargo, está por verse hasta dónde puede mantenerse el poder con dos cabezas, ya que el anterior de los tiempos de Raúl Cubas Grau y Lino Oviedo, hace exactamente 25 años, finalizó en apenas 7 meses con el terremoto político del “marzo paraguayo” de 1999.
Desde las últimas elecciones generales se sabía que, en caso de ser electo como presidente Santi Peña, éste se podría convertir en una especie de mero “secretario” del Patrón HC, lo que se estaría convirtiendo en realidad lamentablemente para la República, ya en los días previos a la asunción presidencial del 15 de agosto.
Es que con una precisión de relojería, el equipo estratégico del cartismo ha venido diseñando la hoja de ruta con la que el nuevo jefe de Estado deberá encarar el devenir político nacional, cumpliendo con los deseos del “hombre fuerte” y sin dar muchas chances de demostrar cierta autonomía a la flamante lapicera de Santi.
El lamentable espectáculo que brindan los legisladores colorados y algunos liberales “satélites” del cartismo, de tratar casi “sobre tablas” los proyectos de ley que crean ministerios o entes estatales, augura un futuro poco alentador para la democracia paraguaya, pues se está notando que el nuevo oficialismo de la ANR en unión a sectores de la oposición están desempolvando la otrora nefasta “orden superior” del stronismo, para confeccionar a toda máquina, sin evaluar bien su impacto en la sociedad, leyes que pretenden reorganizar el Estado en aspectos fundamentales para el devenir nacional, como los impuestos, la reformulación presupuestaria, la cuestión de la deficitaria situación de las jubilaciones, así como la reorganización del sistema de salud pública y su posible fusión con el régimen del IPS.
La suerte del país se juega entre cuatro paredes, en un conciliábulo cartista donde el Patrón HC tiene siempre la voz cantante y que nadie se atreve a contradecir, por lo que bien se podría decir que el rumbo del Paraguay se debe sujetar a lo que imponga la “orden del quincho del poder”.
La pregunta obligada surge de lleno al presentarse la posibilidad de que en algunos asuntos problemáticos en el ejercicio real del mando presidencial, a Santi Peña se le ocurra contradecir a HC y tomar un rumbo más autónomo del que hasta ahora ha tenido en los preparativos de su asunción. En tal caso, aparecen de lleno algunos condicionamientos que le ha impuesto el Patrón en forma astuta, en los meses de transición desde el triunfo electoral en abril hasta el mes de agosto, que le podrían impedir a Peña ir aumentando su independencia del Patrón.
La demostración de poder
Para empezar, la prioridad de Cartes está expuesta en su presentación ante la fiscalía, con el fin no sólo de neutralizar desde ya cualquier amague judicial en su contra o en el caso que Estados Unidos envíe el pedido de la famosa extradición, sino también como un mensaje de que HC vuelve con todo a la arena política e incluso con un ánimo de “venganza” contra aquellos que se armaron de coraje para desvelar el mecanismo de lavado de dinero que sería la base de la gran fortuna del empresario tabacalero y dirigente deportivo, según quedó plasmado en el contundente “dossier” de la Comisión Bicameral de Investigación, que luego fue ignorado por la fiscalía de Sandra Quiñónez e incluso por el nuevo fiscal general Emiliano Rolón.
Para Pedro Ovelar, el abogado de Horacio Cartes, todo se trató de un burdo “montaje” de falsedades con tal de embarrar la cancha buscando la desaparición del Patrón de la escena política nacional, pero el problema está en que el tema no pasa por la filtración de informaciones desde los órganos de control a cargo del Ejecutivo de Marito Abdo, sino que son datos provenientes del exterior y que manejan las agencias norteamericanas antidrogas, antilavado de dinero y de control del tráfico de tabaco, poniendo sobre la mesa que estos asuntos afectan nada menos que la seguridad nacional de Estados Unidos, como se habría concretado en el caso del avión iraní que vino a llevar cigarrillos de Tabesa, la empresa tabacalera del Grupo Cartes, y que sería la gota que colmó el vaso.
A pesar de lo que diga el abogado Ovelar, de que Tabesa ya no es de HC y que por lo tanto no se le puede vincular con el negocio tabacalero, el motivo de la “injerencia” de la mayor potencia mundial es evitar que el Paraguay caiga en las garras de narcos, traficantes y contrabandistas, al amparo de la corrupción y la impunidad del sistema político paraguayo, que le tiene a Cartes como su “hombre fuerte” en busca del poder total para someter a la Justicia, y por lo tanto podría ser utilizado también por organizaciones terroristas del Medio Oriente para financiar sus actividades delictivas en alianza con el crimen organizado sudamericano y especialmente brasileño.
De que Santi Peña deberá acatar el sistema de cadena de mando con las decisiones claves en manos de HC y del equipo de comando cartista o de su “consejo de gerentes” dejando el poder compartido sólo para las medidas rutinarias, lo están demostrando no sólo los nombramientos de ministros y otros responsables de áreas claves del gobierno con personas relacionadas al grupo Cartes en su mayoría, sino más bien la apresurada reforma del sector económico estatal sin mayores debates en el Congreso y sin haber escuchado las fundadas críticas de los distintos sectores empresariales, además de la sociedad civil.
Un solo botón de muestra ya vale con la reorganización a tambor batiente del Ministerio de Hacienda, transformado en el Ministerio de Economía y Finanzas, que se encargará de dar los grandes lineamientos de la planificación económica pero que no tendrá mayor control sobre la nueva Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, nacida como un ente autárquico que absorberá la actual Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección General de Aduanas, y que manejará en forma autónoma todo lo relativo a las recaudaciones tanto de los impuestos internos como tributos relacionados al comercio exterior.
Lo llamativo es que hasta el mismo Marito Abdo se allanó al apresurado deseo cartista por tener la reconversión de Hacienda antes del 15 de agosto, al promulgar la nueva ley de la dirección tributaria pudiendo haberla vetado para posibilitar un mayor debate por sus implicancias sobre las empresas y en la vida nacional.
Un solo aspecto ya ameritaba el veto del nuevo instrumento legal: el hecho de su posible inconstitucionalidad, al contar con un texto de pocos fundamentos y de exiguo articulado, lo que conducirá a que por la vía de los decretos se reorganice la administración destinada al cobro de impuestos, pese a que la Constitución habla de la igualdad como la base del tributo, otorgando al Congreso la única e indelegable potestad de legislar sobre una cuestión muy delicada como la tributaria, y que hace a la convivencia armónica de todos los miembros de la sociedad.
Al funcionar una administración de Tributación donde el Gobierno actúa como juez y parte afectando al contribuyente en sus derechos, pinta de cuerpo entero la intención evidente de utilizar el sistema económico como el soporte principal del poder cartista, lo que serviría con suma facilidad para el “apriete” por la vía tributaria a los sectores empresariales no afectos al nuevo régimen, con el aditamento del “premio” con comisiones de hasta 50% sobre las multas cobradas a los supuestos infractores, destinadas a distribuir entre los funcionarios de la poderosa entidad destinada a regir el sistema impositivo.
La guinda de la torta ha sido el nombramiento ya anunciado del actual titular de la SET, Óscar Orué, como nuevo jefe de la flamante dirección tributaria centralizada que absorbe la aduana. Esto demostraría que se “premia” a quien había dicho que Tabesa “no realiza contrabando de cigarrillos ni evade impuestos”, cuando en 2019 se había conocido un informe internacional que señalaba a la mayor empresa del Grupo Cartes como una de las mayores responsables del mega tráfico de tabaco del Cono Sur, sobre la base de un estudio confeccionado por universidades de Estados Unidos y Canadá, en colaboración con el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), dirigido por el exministro de Hacienda Dionisio Borda.
La “reforma” del sector económico se orientaría de esta manera a tener como prioridad la defensa de los intereses del Grupo Cartes, que se va constituyendo en el principal conglomerado empresarial del país, culminando un proceso que posibilitará así el control de los negocios públicos y privados por parte de HC, ahora devenido en el único detentador del poder fáctico y legal. Esto, pese a la intención de Estados Unidos de ver disminuido el poder económico de Horacio, que está en la base de las sanciones financieras de enero pasado, que le fueron impuestas para no poder operar en el sistema bancario del país del Norte.
Avance sobre la Justicia
Las urgencias del Patrón con el fin de parapetarse contra acciones fiscales y judiciales es una derivación lógica del poder omnímodo que ostenta al controlar no sólo el Ejecutivo sino también el Congreso, con el agregado fundamental de la división opositora que en vez de finalizar para buscar una reconstitución tras la estrepitosa derrota en abril, se ha agravado todavía más en la convención del PLRA del domingo 6 de agosto, que puso fin a la presidencia liberal de Efraín Alegre, un férreo dirigente anticartista.
Con la situación política en sus manos, ahora el cartismo ve el camino libre para someter a la Justicia a sus dictados, pero choca con la actitud firme de la embajada norteamericana, que no cesa de recibir enviados desde Washington a través de una seguidilla de mensajeros para que HC se vaya convenciendo sobre la persistente posición “yanqui” de asegurar la independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial frente a las acechanzas cartistas.
Es el caso también del presidente saliente, Marito Abdo, que manifestó su fuerte oposición a que el actual representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Enrique Kronawetter, sea desplazado por el nuevo gobierno pues según la Constitución termina su mandato sólo en 2026 y no antes, como quería Santi Peña por indicación del Patrón, quien desea nombrar en dicho puesto a la exministra de la Corte, Alicia Pucheta de Correa.
Como ya copa con ayuda de los liberales “cartistas” el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ahora el objetivo de Cartes es controlar también el Consejo de la Magistratura, que lo lograría con la presencia del nuevo representante del Ejecutivo y con la elección próxima del delegado de los abogados matriculados, en comicios donde no podrán votar los letrados que sean miembros de la administración estatal y judicial según lo decidió últimamente la Corte Suprema.
El avance del cartismo sobre la Justicia se completaría con un juicio político al fiscal general del Estado y a al menos tres ministros de la Corte que no agacharían cabeza frente al Patrón, pero todo dependerá tanto del grado de movilización ciudadana para evitarlo como por las presiones de Estados Unidos, incluyendo el posible pedido de extradición.
Al haber dado trámite a la presentación de Cartes ante la fiscalía, en el caso de la “persecución política”, el fiscal general Emiliano Rolón trata de mostrar que está abierto a investigar la denuncia de HC, pero éste tendría que “colaborar” también para dar recursos a una fiscalía casi sin fondos, dando el visto bueno para que su bancada en el Congreso apruebe el multimillonario pedido de ampliación presupuestaria del Ministerio Público, que trabaja en un mar de carencias en materia de recursos para afrontar la peligrosa tarea de luchar contra el crimen organizado, los traficantes de drogas y el terrorismo internacional.
“Dios, Patria y Familia”
Una de las promesas electorales del cartismo fue la lucha contra el planteo globalista de la “agenda 2030” impulsada por las Naciones Unidas, con el lema de “Dios, Patria y Familia”, porque supuestamente existe el condicionamiento internacional para imponer la ideología de género en las mentes infantiles y juveniles, siendo parte de este objetivo, según se dijo, la ayuda humanitaria de la Unión Europea que contempla la asistencia al plan de “transformación educativa”, que a su vez resulta un soporte fundamental para el presupuesto del Ministerio de Educación, principalmente con el fin de financiar la merienda y el almuerzo escolar, que sin estos recursos se quedaría sin fondos ya a partir de setiembre.
Pese a la importancia de los recursos donados por la UE, hasta el presidente electo Santi Peña tuvo que mostrarse “antiagenda 2030”, para obedecer otra imposición del comando estratégico cartista, dada la movilización que logra en un sector de la ciudadanía mediante este tema, especialmente a través de las redes sociales y la convocatoria exitosa a las concentraciones como la realizada este miércoles 9 de agosto frente al Congreso en ocasión del tratamiento de la derogación del convenio con la Unión Europea.
Pero con el astuto planteo de movilizar a la ciudadanía en un tema centrado sólo en la necesidad de preservar a los niños de un supuesto adoctrinamiento orientado a las perversiones sexuales, se promueve a su vez el enfoque equivocado de que la única fórmula posible para defender la familia resulta la lucha en la cuestión de género, y se margina a propósito el tema del combate mucho más urgente contra quienes atentan contra la vida y la organización familiar tradicional en el tema de las drogas, dejando vía libre para los traficantes y sus conexiones con el crimen organizado, que son los grandes culpables del aumento de la inseguridad en las calles.
Hay que reconocer la habilidad cartista de captar muchos adherentes entre padres de familia y creyentes cristianos preocupados por la educación moral apropiada de sus hijos. Así, de un plumazo y con su “orden superior” acatada en Diputados, HC decidió saldar una cuenta pendiente con quienes apoyaron a los candidatos cartistas en las elecciones, movidos por el discurso “provida” y “profamilia”.
Pero, como contrapartida, la derogación del aporte europeo para la educación afectará a muchos niños de las familias más pobres del Paraguay, lo que vuelve a introducir el tema de la verdadera defensa de la vida que se debe dar en un contexto socioeconómico y no en un planteo que se concentre sólo en el plano ideológico relacionado al género y el supuesto cambio de mentalidad infantil o juvenil con relación al sexo, que se trataría de imponer con la ayuda europea, según se alegó sin mucho fundamento en el tratamiento parlamentario haciéndose eco de las campañas llevadas a cabo en contra del convenio ya firmado con la UE en la época de la presidencia del mismo Cartes.
La decisión de cancelar la cooperación europea para la educación habla a las claras de la preferencia por un discurso excluyente antiderechos del cartismo, al mismo tiempo que se muestra el marcado desinterés por programas sociales que tiendan a buscar la erradicación de la violencia y la inseguridad, que van en aumento con la proliferación del tráfico de drogas como forma de huir del hambre y de la pobreza de una parte de la población más afectada por la falta de oportunidades de progreso económico que provoca en el campo el actual modelo productivo agroexportador, en lugar de propugnar un cambio de modelo orientado a la industrialización con base en la energía eléctrica de las represas binacionales Itaipú y Yacyretá.
La Unión Europea contestó a la derogación en Diputados y que vuelve a consideración del Senado, señalando que espera conversar con el nuevo Gobierno sobre el tema, aclarando también que las autoridades son las que deben indicar el programa educativo que regirá en el país y no una imposición externa.
Lo grave del caso con la UE está en que el nuevo gobierno de Santi Peña comenzará con un fuerte encontronazo con otra de las potencias mundiales, avizorando que las improvisaciones en el frente interno con la reorganización estatal poco discutida tengan efectos aún más adversos para el país en el caso que también la cooperación internacional para el desarrollo se vea afectada con la derogación del acuerdo con Europa, con lo cual los planes para sacar al país del atraso y la pobreza, especialmente en el sector rural, no tendrán los efectos esperados por el mismo Santi Peña, poniendo en peligro su gobernabilidad y el respaldo de la misma gente que lo votó.
Lo cierto es que la asunción presidencial se dará en un contexto netamente centrado en fortalecer desde el mismo inicio al unicato cartista, sin que importen mucho el impacto social que podrían tener las medidas que afecten a la gente, con tal de afirmar el poder del Patrón y su régimen de “orden superior”.
Eso le debe llevar a reflexionar a HC en el sentido que, a pesar del problema personal que tiene con las sanciones de Estados Unidos, el Paraguay está primero y que se halla ubicado en un contexto internacional signado por la alianza con Estados Unidos en el tema de Taiwán y el no relacionamiento con China comunista, cumpliendo así puntillosamente con la agenda de Washington, aunque tampoco olvida Horacio de dar una satisfacción al poderoso “lobby” judío en Estados Unidos, y causando el lógico rechazo de los países árabes e islámicos, con el “reenvío” de la embajada paraguaya en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, pese a las medidas de la ONU para preservar su neutralidad como la Ciudad Santa de las tres religiones monoteístas: judía, musulmana y cristiana.
Pero con este alineamiento cartista parcial no está satisfecho evidentemente el gobierno de Joe Biden, que no cesará seguramente en su presión para que el “hombre fuerte” deje los planes de sometimiento total de la Fiscalía y el Poder Judicial a sus designios, como lo volvió a manifestar la delegación de representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos durante su visita al fiscal general Emiliano Rolón, el martes 8 de agosto, resaltando la presencia entre ellos de un enviado de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana.
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