Escribe: Luis Alen.
La Cámara de Diputados decidió por unanimidad el rápido desafuero de Erico Galeano, que recibió una imputación fiscal por sus supuestas conexiones con el crimen organizado y el narcotráfico. La bancada colorada cartista tuvo que soltarle la mano al legislador después que el propio Santi Peña le pidiera someterse al mandato judicial, en una demostración de que el presidente electo podría tener un liderazgo real sobre los miembros de la ANR en el Congreso del próximo período constitucional.
Tomando una postura políticamente correcta que le asegura transitar el derrotero indicado para ir acumulando más poder en detrimento de su mentor Horacio Cartes, el presidente electo Santi Peña no dudó en pedirle al diputado cartista Erico Galeano, acusado por la Fiscalía de graves hechos ilegales, ponerse a disposición de la Justicia y la aceptación de su desafuero solicitado por el juez competente que lleva el caso de narcotráfico conocido como “A Ultranza Py”.
La bancada cartista que era determinante para decidir la suerte de Erico, no tuvo otro remedio que poner a uno de sus miembros en manos de la Justicia, porque de otro modo podía contradecir nada menos que al presidente electo también integrante del cartismo, Santiago Peña, quien le había solicitado ya el viernes 19 de mayo, al diputado imputado por el juez, su sometimiento al proceso judicial.
Galeano quiso escudarse en su blindaje como parlamentario con fueros, lo que le convertiría según sus propias palabras en “inimputable”, y por su condición de ser a la vez senador electo en los últimos comicios, dando a entender que dejaría la votación de un probable desafuero sólo después de asumir en el Senado desde el 1 de julio, cuando ya en el próximo período legislativo la ANR cuente con mayoría de votos para evitar llegar a los dos tercios requeridos en la votación.
Pero esta explicación no le convenció por lo visto ni a sus colegas de bancada, que decidieron acompañar el desafuero, no teniendo Erico otra salida que ponerse a disposición del juez Gustavo Amarilla y de los fiscales que pidieron también su prisión preventiva, al acusarlo de haber tenido supuesta participación en el esquema narco desmantelado por el operativo “A Ultranza Paraguay”.
Erico sabía ya lo que se venía con el impulso renovado a la iniciativa fiscal que tiene el claro cometido de investigar a fondo los entretelones de la narcopolítica, especialmente por la presión internacional. Eso explica la invitación que hizo al titular colorado, Horacio Cartes, y a Santi Peña, junto a los demás electos del cartismo en los distintos cargos de todo el país para una reunión en su quinta el viernes 19, en una jornada cuya culminación fue la sorpresiva noticia de la imputación de la Fiscalía.
Las cartas estaban echadas, con Erico que esperaba una defensa de sus pares cartistas que no se dio, tal vez porque Horacio miró para otro lado, pero también porque su delfín Santi se adelantó en una hábil jugada de ajedrez político y apretó en la tecla adecuada en busca de afirmarse como el que dará las pautas de ahora en más, incluso eventualmente “sin permiso del Patrón”.
El factor clave
El presidente electo enfrentó con éxito la intención de frenar el desafuero de Erico hasta julio. Es que se buscaba con la demora, además de concretar el juramento del senador electo, la posibilidad de obtener una votación favorable en la nueva Cámara Alta, donde la oposición estará en franca desventaja frente a la aplanadora colorada.
Peña tuvo su primera prueba de fuego y no perdió la oportunidad para demostrar que tiene la “lapicera” y que no es un simple amanuense de Cartes, quien no quiso contradecir esta vez la firme posición de su ahijado.
Santi aceleró los tiempos y en su comunicado emitido la misma noche de la reunión en el quincho de Erico, fue tajante al solicitar respeto a los mandatos judiciales y la primacía de la ley, en lo que constituye el primer pronunciamiento firme en favor de la independencia de la administración de Justicia, incluso antes del inicio de su gestión.
Quedó así un poco relegada en el olvido la postura anterior de Santi, en plena campaña electoral aún, cuando puso en tela de juicio las acciones de la Seprelad durante el gobierno de Marito Abdo, con Carlos Arregui a la cabeza, al decir que el organismo antilavado de dinero fue utilizado como “garrote político” para perseguir a HC y mermar así su posibilidades de triunfo electoral, que aún así, pese a las sanciones de Estados Unidos, pudo alzarse con la titularidad colorada y con posterioridad catapultar a Peña a la presidencia de la República, con el respaldo de 1.290.000 votos.
La acusación fiscal contra Erico incluye precisamente el lavado de dinero y la asociación criminal como los principales hechos al margen de la ley de los que se le acusa al legislador. Es de esperar que la actitud firme de Santi Peña se mantenga en el resto de su mandato para el combate a los hechos de corrupción que luego se conectan con el lavado del dinero mal habido, sin importar la cara del político puesto en la mira judicial.
Peña se encuentra observado por todo el mundo y por los inversionistas, que ven con preocupación que sólo “reine pero no gobierne”, estando a la sombra de HC.
Lo que más preocupa al mundo de los negocios es que siga el mecanismo bien aceitado de la protección política al hampa del narcotráfico, del contrabando y del lavado de dinero. La actitud de Santi de favorecer las indagaciones fiscales y el protagonismo de la Justicia, son un buen indicio de que el reinado de la narcopolítica podría no ser concretado a la postre en el nuevo gobierno cartista.
Algo de tranquilidad produjo el hecho de que las calificadoras internacionales de riesgo hayan mantenido por el momento la calificación de la deuda soberana paraguaya, pero de igual modo existe aún desconfianza en que las instituciones más importantes funcionen con independencia, como el caso de la Fiscalía, que fue prácticamente cooptada por el cartismo durante la gestión de Sandra Quiñónez, como lo indica el caso del mismo diputado Galeano, que no fue imputado hasta la llegada del nuevo fiscal general Emiliano Rolón, pese a que durante la mayor parte del año pasado y del actual 2023 en plena campaña electoral, ya se tenían todos los elementos para imputar a Erico.
Una larga transición
Faltan aún 80 días para la toma de posesión de Santi Peña al frente del Ejecutivo, pero ya se están dando algunos encontronazos entre la actual administración abdista y el nuevo plantel principal de gobierno del cartismo, como el pedido del equipo de transición liderado por Lea Giménez y José Alberto Alderete, de no realizar nuevas contrataciones públicas y de personal, “salvo que sean muy urgentes”, lo que podría limitar al máximo el margen de maniobra de Marito Abdo de aquí al 15 de agosto, con el fin de cumplir algunos de sus objetivos aún no completados en la gestión gubernamental.
Ya se sabía del interés de la gente de HC en conocer más detalles sobre la contratación de unos 200 nuevos funcionarios en Itaipú, hasta el punto que se llegó a indicar que cualquier nombramiento público podría ser revisado posteriormente por la nueva administración que asuma con el nuevo gobierno, incluso en la binacional.
En la larga transición hasta la entrega del mando por parte de Marito, el Gobierno debe seguir funcionando y más aún cuando resulta fundamental tomar medidas conducentes al equilibrio fiscal y macroeconómico, que son condiciones fundamentales para continuar recibiendo crédito interno y externo.
El pedido del nuevo equipo de Santi de poner freno a las contrataciones públicas tendría sentido si se trata de nuevos proyectos que se realizarán en su mayor parte en el próximo quinquenio gubernativo, pero no tienen mayor fundamento si es que son ejecuciones de planes ya en marcha o de programas destinados a promover por ejemplo el crecimiento económico como las construcciones de rutas, la infraestructura física y social o las medidas que busquen en última instancia la mejora en los ingresos del mismo Gobierno con el fin de reducir el déficit fiscal.
Como ocurre con cualquier gestión saliente en toda repartición pública, cuando se realiza el famoso “corte administrativo”, se hace constar lo realizado y lo que resta aún por ejecutar, también a nivel del gobierno nacional tendría que ser dado a conocer a la ciudadanía, tanto por el gobierno que se va como por el que llega, de los asuntos aún pendientes que constituyen la columna vertebral de todo el andamiaje fiscal.
La rendición de cuentas de los gobiernos que se suceden es lo que aún falta por implementar en forma correcta en el caso paraguayo, por la simple razón de que los cinco años de gestión son limitados y porque los programas de acción gubernamental resultan más prolongados en el tiempo abarcando más que un quinquenio.
Al mismo tiempo, la mayor tarea de los últimos gobiernos debía ser la recuperación del dinero mal habido por la corrupción y la impunidad reinantes ante una administración judicial que deja mucho que desear. Ojalá que en este punto tanto el gobierno saliente de Marito Abdo como el entrante de Santi Peña, puedan lograr avances en favor de un mayor bienestar general de la ciudadanía.
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