Tras 15 años de absoluta impunidad, el martes 26 de abril (día del periodista) la Junta Municipal de Ciudad del Este aprobó el pedido de intervención de la comuna paranaense, bajo gestión del clan Zacarías. En principio los ediles del Grupo de los Siete (G7) querían postergar aun más el tratamiento, hasta asegurar la cantidad de votos necesarios en la Cámara de Diputados, pero finalmente aprobaron en la sesión última.
En una maratónica sesión, finalmente, el órgano legislativo aprobó, por una mayoría absoluta de sus miembros, la intervención de la cuestionada administración de Sandra McLeod de Zacarías, que desde el 2001 (año en que el grupo familiar tomó el poder) no conoce de una auditoría de gestión contable por parte del principal organismo de fiscalización del país, Contraloría General de la República (CGR).
Uno de los principales críticos de la corrupta gestión del clan Zacarías, el edil Celso “Kelembu” Miranda, en breve conversación con este medio, tras la histórica decisión tomada en el pleno de la Junta, señaló que ahora el documento deberá ser llevado al Ministerio del Interior y posteriormente a la Cámara de Diputados.
Pedido fue planteado
por Barreto Miranda
El pedido fue presentado mediante una minuta del presidente del legislativo Juan Carlos Barreto (ANR) que contaba con 26 motivos por el cual la gestión de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías amerita una intervención. La votación fue de la siguiente manera: siete a favor, cuatro en contra y una ausencia, del edil ex oviedista, hoy un fanático neo colorado, Juan Ángel Núñez.
El concejal Miguel Prieto, electo por un movimiento independiente, explicó que el edil Barreto Miranda manejó muy bien la presentación de la minuta para que no se filtrara y el oficialismo recurriera a alguna maniobra para evitar la sesión del martes 26 de abril. La aprobación ya se produjo poco después de las13:00.
Las causales
De acuerdo al grupo ciudadano que promovió la marcha por la transparencia en Ciudad del Este, son numerosas las causales de intervención de la municipalidad y juntaron firmas para respaldar el pedido ante los organismos competentes.
El grupo enumeró 55 hechos, entre los cuales se destacan la supuesta falta de acceso a la información pública, sobrefacturación y obras no terminadas, tráfico de influencias para la incorporación de fiscales y jueces y con ello lograr un blindaje judicial, además de la usurpación de funciones de intendente municipal, atribuidas a Javier Zacarías.
El procedimiento para un pedido de intervención a la municipalidad se inicia con la aprobación de la mayoría absoluta de sus miembros, según reza la Ley 317/94, luego se remite al Ministerio del Interior, que debe pedir el acuerdo constitucional a la Cámara Baja para su tratamiento.
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