
Escribe: Luis Alen.
* Afectan a la “selección” las denuncias de corrupción.
Empiezan a llover las denuncias de corrupción contra miembros de la “selección nacional” de ministros y secretarios, integrantes del equipo ejecutivo de Horacio Cartes, pero el presidente no reacciona con firmeza para cortar de raíz los esquemas torcidos en su administración. Al mismo tiempo, crece la agitación de algunos sectores ciudadanos, como el caso de los cooperativistas, que ven con malos ojos que se los sitúe al mismo nivel de competencia con las demás entidades financieras.
HC se da hasta el lujo de aparecer como el gran campeón de la honestidad en la administración pública y la transparencia en el manejo de los bienes estatales, con tal de no dejar que se erosione el importante poder que ha venido acumulando, lo que le ha favorecido de paso la gobernabilidad. Pero esta imagen puede ir deteriorándose en la medida en que favorezca la impunidad de sus propios funcionarios, varios de ellos ya pasibles de que tanto la Contraloría como la Fiscalía actúen para deslindar sus responsabilidades.
El caso emblemático se da en estos días con el ya famoso “Cocido de Oro” de la ministra de Educación, Marta Lafuente, quien es prima del jefe de Estado. La licitación quedó sin efecto tras comprobarse por los mismos estudiantes secundarios de la Fenaes (la combativa federación gremial que los aglutina) los escandalosos números de sobrecostos en la adquisición de alimentos para las comidas ministeriales. Pero ni la Contraloría de Roy Rogers ni la Fiscalía de Díaz Verón osaron intervenir de oficio ante tan flagrante acción cuasi delictual contra los intereses del Estado.
¿El poder contra el poder?
Por lo visto llega un momento en que la acumulación de poder le impide al Gobierno adoptar medidas contra la corrupción, favoreciendo la impunidad de sus funcionarios principales, pese a los discursos contra los corruptos del mismo HC y a la imagen impoluta que desea transmitir, cuando aparece siempre desactivando los esquemas torcidos descubiertos in fraganti, pero para no adoptar después los mecanismos correctivos, dejando a los funcionarios en sus puestos.
Tal vez Cartes espera el momento propicio para que los ministros y secretarios salten como fusibles en cualquier momento, pero esta actitud favorece la aparición de una sensación de hastío de la ciudadanía y de mucho cinismo de parte de sus colaboradores. Se da así la impresión de que los funcionarios impunes son funcionales a la necesidad de no causar grietas en la estructura de poder.
Son varios los casos de denuncias que no son aclaradas e investigadas en la Justicia. Van desde la Aduana hasta las rendiciones de cuentas de gobiernos anteriores, pasando por las administraciones locales municipales y departamentales, como el caso también emblemático de Ciudad del Este, donde el clan que dirige Javier Zacarías Irún no es investigado pese a los innumerables indicios de corrupción en el manejo del municipio.
Los esfuerzos de transparentar la gestión pública quedan sólo en eso, si el blindaje político, fiscal y judicial genera la impunidad generalizada, como se está demostrando no sólo en el Tribunal Superior Electoral, sino también con los mismos senadores y diputados acusados de corrupción que con chicanas van eludiendo las acciones judiciales.
Es notorio que HC pierde su tiempo y energías en contemporizar con liderazgos políticos gastados como el de Zacarías Irún, en vista de que la cómoda mayoría con la que goza ahora su movimiento en el Partido Colorado le brinda la ocasión para desprenderse de las rémoras que representan líderes locales como ZI, que en vez de favorecer las chances cartistas pueden perjudicarlas frente al electorado no colorado e independiente en las elecciones nacionales.
Se enrarece el “ambiente”
Las denuncias de supuestas “coimas” llegan hasta la Secretaría del Ambiente (SEAM), con un Poder Ejecutivo que realizó una auditoría para desmontar la corrupción en las autorizaciones de licencias ambientales a empresas de alto impacto, pero lo que puede suceder además es que se vaya enrareciendo el “ambiente” político con el correr de las semanas, con las evidencias que existen de que el otoño puede calentarse políticamente más allá de las altas temperaturas que ya se dan a nivel meteorológico.
Se anuncian grandes movilizaciones ciudadanas contra la impunidad, tanto en Ciudad del Este como en Asunción, que pueden amenazar el mismo poder que ha venido acumulando en forma trabajosa el propio presidente, a menos que HC deje sus meras poses de apoyo a la transparencia y a la honestidad, dando lugar a la acción implacable de los organismos destinados a ello, como la Contraloría y el Ministerio Público, como forma de exigir a los jueces del Poder Judicial mayor dedicación e integridad en las causas anticorrupción.
Al no actuar de esa forma, Cartes está apañando los procesos de corrupción, a pesar de sus tomas de posición en contra que dejaron mal parados a sus colaboradores tras desactivar algunos de los negociados más escandalosos.
Resulta evidente que en momentos en que HC busca afanosamente apoyos jurídicos y políticos para su plan de reelección, no desea desprenderse de líderes y funcionarios que podrían estar de su lado en el intento reeleccionista, como el caso de Zacarías Irún y el equipo que éste mismo tiene instalado en la administración cartista.
Pero el presidente podría dar un paso importante, no precisamente hacia la reelección, sino en la consideración pública, si es que se pone del lado de la ciudadanía honesta y trabajadora que clama por un cambio en la forma de hacer política y desea disfrutar de los vientos de un nuevo rumbo, tanto en el Alto Paraná como en todo el Paraguay.
Sin embargo, todo parece indicar que la lógica se va imponiendo, ya que el poder acumulado favorece la impunidad para retroalimentarse a sí mismo. Es una razón de supervivencia del mismo poder.
Se agrandan las protestas
Lo que no está midiendo en su justa medida el poderío de HC es el creciente descontento social y ciudadano. La impunidad y el alto costo de la corrupción están generando rápidamente un efecto adverso para el poder, notándose eso por ejemplo en las protestas de los cooperativistas, de los campesinos y de los estudiantes, contra los aumentos de impuestos y el alto endeudamiento externo del país, que son interpretados como el expediente más fácil del Gobierno para cerrar sus cuentas deficitarias producidas por el creciente despilfarro en la administración pública.
Este despertar ciudadano podría ir creciendo, coincidentemente con el aumento del descontento social por la falta de orientaciones claras del Gobierno hacia dónde quiere ir.
En este sentido, el cartismo debe definir de una vez por todas si prefiere continuar con la aventura de la acumulación del poder y la búsqueda destemplada de la reelección, o se adecúa finalmente a los justos reclamos de un Gobierno comprometido con la satisfacción de los reclamos populares y con los altos intereses de la Nación, convirtiendo HC su gestión en el inicio de un proceso de políticas de Estado que trasciendan su período presidencial, aunque finalmente el mismo presidente actual no sea reelecto.




























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