Escribe: Luis Alen.
El proyecto del Gobierno cartista de modificar el sistema de ajuste del salario mínimo, porque supuestamente “nunca” se llega al 10 por ciento de inflación que es necesario para realizar un aumento, ha generado un interesante debate entre economistas y empresarios sobre lo que más conviene hacer.
Es que llama la atención que un gobernante de extracción empresarial lleve adelante la propuesta, ya que no es lo común y normal que un empresario desee realizar una suba del salario, más todavía sabiendo que generalmente los ajustes del mínimo, aunque realmente exiguos, desembocan en más inflación que terminan por licuar la ventaja obtenida por el trabajador, dejando neutralizado el efecto de una mayor demanda compradora a partir de un aumento en el poder adquisitivo salarial, si es que hubiere tal cosa.
Existe la sensación de que Horacio Cartes y su equipo de gerentes del grupo empresarial que lleva su nombre, tratan de incentivar una imagen más populista del presidente, ahora que se han embarcado en la campaña pro reelección. Por eso, no extrañaría que el plan salarial se trate de una maniobra con fines electoralistas y se pondría así en aprietos a los congresistas para aprobarlo, ya que rechazarlo aparecería como que van contra los intereses de las clases populares.
Jugar con fuego
Tal vez hasta estaría más justificado técnicamente hablando llegar a ajustes anuales del salario mínimo, del orden del 4 o 5 por ciento, como es la meta de inflación en el año del Banco Central. Esta situación le daría más previsibilidad a la política económica, en conjunción con la elaboración del presupuesto nacional y la política salarial del sector público.
Como se sabe, la Ley de Responsabilidad Fiscal dice claramente que los salarios del Estado sólo se reajustarán en el caso que haya también subas establecidas por el Gobierno para el sector privado.
El problema es que los reajustes salariales anuales podrían ser peligrosos y acelerarían la inflación, ya que es usual que los operadores económicos apliquen aumentos de precios generalizados, pese a que se sabe que sólo una parte de la población económicamente activa está sujeta al salario mínimo.
Además, con un mercado cambiario vinculado a variables exógenas no controladas por el Banco Central, el “costo paraguayo” seguirá siendo cada vez más elevado frente a la producción extranjera, desestimulando el crecimiento económico local y, por ende, no se incentivará la creación de empleos formales, que es fundamental para luchar contra la pobreza.
Como se ve, el populismo gubernamental puede estar echando leña en el fuego inflacionario, que ha sido controlado bastante bien en los últimos tiempos por el BCP, a pesar de los embates de la crisis internacional y el déficit fiscal del Gobierno.
Lo más indicado sería evitar el festival de subas anuales, manteniendo el actual sistema que, aunque aparentemente no le conviene al trabajador, por lo menos le garantiza que no se avive la llama de la inflación, que es más dañina aún para el asalariado que las subidas salariales cuando se llega al 10 por ciento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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