Escribe: Luis Alen.
La orden de matar al fiscal Marcelo Pecci que habría provenido de Paraguay según los datos que maneja la fiscalía colombiana, derivaría en un proceso de extradición tanto de Horacio Cartes como de Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, quienes fueron sindicados como los supuestos mandantes del asesinato. Un testigo “calificado” que fue precisamente el organizador del magnicidio en Colombia señaló a ambos como los que “incentivaron” a los ejecutores del alevoso crimen. La fiscalía paraguaya abrió también una causa penal para investigar los dichos del testigo clave, pero de igual forma la justicia colombiana puede proceder a solicitar la extradición de los indiciados, si amerita el caso, afirmó el fiscal general paraguayo Emiliano Rolón.
En un giro espectacular en la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci tras las declaraciones del principal testigo de la fiscalía de Colombia, Francisco Luis Correa Galeano, la Justicia de nuestro país deberá dilucidar si resulta cierta o no la acusación contra Horacio Cartes de su implicancia como supuesto mandante del magnicidio.
La fiscalía abrió la causa penal en un caso que tendrá mucha influencia en el devenir nacional, más aún si se tiene en cuenta el poder fáctico que ostenta el titular de la ANR y “hombre fuerte” de la política paraguaya. La fiscalía colombiana ya concluyó que la verdad deberá salir a la luz en el Paraguay.
Finalmente la fiscalía paraguaya inicia una investigación formal de tipo penal que afecta a Horacio Cartes, lo que deberá llevar a un proceso de definición en la justicia nacional, independientemente del camino que también va tomando el juicio llevado en Colombia para esclarecer las circunstancias y el motivo del mortal atentado contra Marcelo Pecci, cuando pasaba su luna de miel en compañía de su esposa en Barú, Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano.
La fiscalía de Colombia conoce la defensa que Cartes puede realizar aquí, amparado incluso en sus fueros como senador vitalicio, por lo que un eventual pedido de extradición deberá ser tema del Senado para un desafuero de HC, además de la posterior ida del caso a la misma Corte Suprema para una decisión final de si otorga o no el estatus de extraditable a Cartes.
Lo cierto es que el país ha llegado a una encrucijada en la cual estará supeditado a la conclusión de un proceso en el que el poder fáctico de Cartes y la estabilidad política deberán soportar una fuerte presión que pondrá a prueba la institucionalidad de la República.
La connotación política
El caso del fiscal antidrogas Marcelo Pecci tiene ahora una connotación netamente política, que condicionará la toma de decisiones en el plano judicial, afectando en forma negativa el necesario juicio imparcial y valiente que se necesita para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y al lavado de dinero, que son los verdaderos enemigos que tiene la sociedad paraguaya en estos momentos.
Pese a la gravedad de la acusación contra HC, el hecho de que se abra una investigación en la fiscalía nacional es lo que más le convenía al Patrón, en vez de estar supeditado al proceso abierto en Colombia, lo reconoció su mismo abogado Pedro Ovelar, después que hasta la fiscalía colombiana considerase que el Ministerio Público paraguayo tiene toda la competencia para investigar a Cartes y plantear la imputación formal en su momento o la desestimación procesal cuando estimare que no existen méritos para acusar según los dichos del testigo “estrella” que al mismo tiempo fue el articulador de la alevosa eliminación del fiscal Pecci.
El único problema para Horacio es que el asesinato ocurrió en Colombia y su organizador principal dice que recibió la orden y el jugoso “incentivo” para matar a Pecci tanto de Cartes como de un implicado en el operativo A Ultranza Py, Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, quien ya aclaró por otro lado al igual que HC, que ni se conocen entre sí, además de no tener nada personal en contra del agente fiscal eliminado.
Al estar involucrado otro país en el caso y siendo la justicia colombiana muy expeditiva poniendo entre rejas a casi todos los involucrados en la autoría material del luctuoso suceso, lo más lógico es suponer que una organización criminal transnacional estuvo detrás de la alevosa ejecución de Pecci, por lo que la justicia paraguaya no deberá perder de vista las múltiples aristas del caso, todo lo cual implica desde ya una dura prueba para los fiscales y jueces de nuestro país, que más que nunca tendrán que investigar todas las posibles ramificaciones y no tener en cuenta nada más que el aspecto político, lo cual se presenta por ahora como el elemento esencial, a estar por la misma connotación que pretende darle el cartismo.
Según se deja entrever por las declaraciones del abogado de HC, se trata de pintar un escenario favorable para la defensa del Patrón sentando la premisa de que estamos en presencia de un episodio más de la “persecución” contra el “hombre fuerte”, por haber llegado éste a consolidar un poder político omnímodo poniendo en aprietos al mismo concepto republicano de gobierno, mereciendo la atenta mirada de la potencia hegemónica, Estados Unidos, que ya había declarado a HC como “significativamente corrupto” en julio de 2022, dos meses después del crimen contra el fiscal paraguayo, prometiendo una recompensa de US$ 5 millones a quien dé pistas concretas de los mandantes del asesinato.
Hasta hace unos días, existía la duda del fiscal general Emiliano Rolón acerca de la “territorialidad” del proceso incoado por la muerte alevosa de Pecci en Colombia, dando con ello prioridad a la investigación en el citado país, tal vez con el fin de evitar enfrentarse directamente a la difícil decisión de investigar posiblemente al Patrón HC, y a pesar de las reiteradas menciones de los mismos colombianos de que la orden de matar al fiscal provino del Paraguay.
Papel clave de Colombia
Pero ahora a la vista de las referencias concretas sobre HC y “Tío Rico”, no cabe otra salida que no sólo se proceda a iniciar el proceso penal aquí contra los nombrados, sino incluso reconocer, según Rolón, que también Colombia puede realizar eventualmente el pedido de extradición de ambos.
La pregunta obligada es si Colombia acatará o no finalmente una decisión de desvincular en el Paraguay a HC o a Miguel Insfrán de las graves acusaciones de ser los incentivadores del crimen del fiscal Pecci, más aún si el testigo “calificado” se mantiene en sus dichos en base a pruebas concluyentes.
Además de reconocer la competencia de la fiscalía paraguaya, el fiscal colombiano Mario Burgos, encargado del caso Pecci, ofreció toda la colaboración posible al equipo de fiscales paraguayos que se encargarán de investigar la supuesta implicancia de HC y Tío Rico. Desde ya, Burgos aseguró igualmente que el testigo clave Correa Galeano nunca mintió en la causa y siempre aportó datos ciertos.
El fiscal general Emiliano Rolón integró el equipo de trabajo integrado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, Cristian Ortiz y Carlos Alejandro Cardozo, y de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal y Francisco Cabrera, quienes trabajarán bajo la coordinación de la fiscala adjunta Matilde Moreno. Con los nombrados estará como coadyuvante el fiscal Manuel Doldán, de la Dirección de Asuntos Internacionales y Asistencia Jurídica Externa del Ministerio Público paraguayo.
Habrá que ver hasta qué punto se avanza en la confirmación o desvinculación de HC y Tío Rico como supuestos mandantes del crimen de Pecci.
Si ocurre el caso que la justicia local arriba a un veredicto que contradiga al de Colombia, por ejemplo desvinculando a HC y Tío Rico, se abrirá un escenario donde la justicia paraguaya tendrá que analizar si accede o no a la extradición de ambos para que se defiendan en el país del norte sudamericano, a la vista de la contundencia de los datos que dicen manejar los fiscales colombianos.
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