La tarea más urgente en el próximo período presidencial será la tantas veces postergada Reforma del Estado, con un Presupuesto Nacional desarrollista y de avanzado enfoque social inclusivo, incluyendo un giro sustancial de recursos hacia la educación, la salud y la erradicación del hambre, lo cual debe implicar el pleno dominio sobre las tres soberanías: alimentaria, energética y económica.
Uno de los primeros objetivos debe ser reducir el alto costo de la corrupción y la política, en nuestro país. Mediante este ahorro se podrá financiar una buena parte del presupuesto nacional que se debe destinar a los sectores sociales y a girar fondos para los segmentos de población más carenciados.
Con solo reducir un 10 por ciento el gasto superfluo ligado a la corrupción y al alto costo de la política criolla, se estaría liberando recursos que se podrían destinar para incrementar los presupuestos de educación y salud. Asimismo, se impone una reducción de la cantidad de empleados públicos, que hoy orillan los 300 mil funcionarios, una cifra extremadamente grande para un país de apenas 7 millones de habitantes.
El presupuesto general aprobado por el Congreso para 2018 contempla un total de gasto de US$ 13.255 millones, con un déficit entre ingresos y gastos de US$ 500 millones, lo que implica el 1,7 por ciento con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), que ya es superior al tope de 1,5 por ciento establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Cortar gasto en 10 por ciento
Cortando esta cifra de egresos públicos en un 10 por ciento, quedarían US$ 1.325 millones disponibles para educación y salud, que son los sectores en donde se deben orientar estos fondos sobrantes, con la debida urgencia. Por ejemplo, este remanente bien podría servir para incrementar el presupuesto de educación al 7 por ciento del PIB, del actual 4 por ciento, un tema recurrente reclamado por los sectores estudiantiles.
Para llegar a esta meta de inversión en infraestructura educativa y mejorar así la calidad de la educación, el país necesita por lo menos US$ 1.000 millones más en su presupuesto actual de US$ 1.200 millones para este sector clave del desarrollo económico y social.
Estos fondos sobrantes tendrían que ir necesariamente a infraestructura escolar (US$ 1.000 millones) e instalaciones hospitalarias, además de los insumos requeridos, tal el caso de los medicamentos siempre faltantes en los centros de salud del Paraguay (el restante US$ 325 millones).
En el presupuesto de este año, el Congreso finalmente aprobó por encima del veto del Ejecutivo, incrementos salariales de 12 por ciento para el personal docente y de 8 por ciento en general y hasta 30 por ciento para programas específicos del ministerio de Salud.
Estos incrementos salariales descomunales por encima de la tasa de inflación son los responsables de agrandar el agujero del déficit fiscal, llevándolo a niveles peligrosos que sólo se financiarán con mayor endeudamiento público, poniendo las inversiones en infraestructura y los gastos en el sector social en “stand by”.
Finalmente, tras varias idas y venidas, fue aprobado el presupuesto inflado que de nuevo tendrá un fuerte déficit fiscal, como a lo largo de todos los años de la era cartista, desde 2013.
El actual período de Gobierno será otra vez un tiempo perdido para la necesaria reforma del presupuesto y del Estado en general, cuyos números no cierran tanto en materia del déficit continuado desde que asumió HC el poder, así como en el caso de la postergación de una reducción necesaria del tamaño exagerado del total de gastos en salarios y otros beneficios al personal, mientras que los gastos sociales y las inversiones en infraestructura no cuentan con la prioridad que deberían tener si es que se desea una mayor equidad en la sociedad paraguaya.
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