La inseguridad se ha apoderado de la sociedad, y el Paraguay pasó a ser territorio de “motochorros”. Dejó de ser aquel país apacible, hospitalario y servicial. Hoy se trastrocaron esos valores, donde al pueblo antes que ofrecerle un mejor bienestar de vida, se le “regala” balas y zozobra constante.
El país se ha convertido en un verdadero polvorín. La inseguridad es la constante, donde en los últimos años, de la calle se ha trasladado a los propios hogares de miles de familias trabajadoras del país, que pasaron por la penosa desgracia de perder a un ser querido en manos de marginales.
Este drama social se torna cada vez más insostenible, y la política de Estado para acabar con la criminalidad es cada vez más deficitaria. Se tiene un organismo de seguridad, la Policía Nacional, cuyo cuadro está corrompido hasta la espina dorsal, sumado a esto, la falta de capacitación del personal, la paupérrima remuneración salarial y el pobre equipamiento para hacer frente a la terrible ola delictiva que azota al país.
Hoy el país está tomado por delincuentes y matones a sueldo, a quienes no les tiembla la mano para llegar a su objetivo, con tal de que tener como resultado el vil metal. Un alto porcentaje de estas vidas cegadas es de inocentes, y en un mínimo número, se trata de asesinatos entre mafiosos.
El territorio nacional está copado por marginales y asesinos a sueldo, pasando a convertirse, gradualmente, en una mini Colombia o México, dos naciones consideradas muy violentas. El Gobierno ha hecho muy poco para mejorar o disminuir la marginalidad, donde diariamente se reportan robos o muertes de ciudadanos que son víctimas, en su mayoría, por “motochorros”.
A pesar de la desenfrenada inseguridad que vive el país, hasta ahora el Gobierno no ha trazado un plan de contingencia para tratar de combatir este drama social, que viene causando zozobra en la población paraguaya. El presidente Horacio Cartes está más preocupado por su reelección, que por solucionar la criminalidad que arrecia en el país.
La cacareada voluntad política de las autoridades ha quedado en un segundo plano, que no ha pasado más allá de la clásica teoría, que a la acción. Las promesas incumplidas siguen predominando el escenario político, causando una tremenda decepción en la ciudadanía.
Ante la falta de acción de los organismos de seguridad para combatir este mal, aparece la famosa justicia por mano propia, porque no hay respuesta por parte de las autoridades, ofreciendo garantías a la población. Estamos caminando, peligrosamente, hacia un país sin ley, donde el precio de una vida apenas es un aparato celular o un puñado de dinero.
El Gobierno debe trazar un urgente plan que apunte a la solución de este terrible drama social. De lo contrario, seguiremos asistiendo a funerales de amigos y parientes, además de continuar lamentando la pérdida de vidas humanas inocentes. Cartes tiene que tomar en serio esta situación, porque cada vez se vuelve más vulnerable la seguridad, y hasta se puede decir que el Paraguay se convirtió en territorio de “motochorros”.
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