La sombra del fraude ronda sobre las elecciones internas coloradas del próximo 17 de diciembre. Ante la posibilidad de que el oficialismo republicano podría caer del poder, surgió al tapete y es comentario de todos los días sobre una eventual trampa electoral, que podría ser materializada por el castismo, que apuntala la precandidatura presidencial del neo-colorado, Santiago Peña.
No es nada descabellado de especular con un posible fraude electoral, atendiendo a los antecedentes históricos y nefastos que tiene en ese sentido esta república. Y uno de los casos más recientes en el 92 cuando el doctor Luis María Argaña fue despojado de una legítima y contundente victoria sobre el cuestionado empresario Juan Carlos Wasmosy.
Aquel hecho fue perpetrado sin el mínimo escrúpulo, capitaneado en ese entonces por el polémico militar, general Lino César Oviedo, quien tomó por asalto las urnas, llevando a la Caballería, donde fraguó el resultado electoral. Posterior a los hechos consumados, algunos protagonistas de aquel negro suceso, admitieron que Wasmosy llegó al poder, previo a un monumental fraude perpetrado en las internas partidarias sobre el doctor Argaña.
Por tanto, el fantasma de un robo en las elecciones siempre sigue presente en la mente de muchos paraguayos. Y hoy la confianza en el máximo órgano electoral del país (TSJE) se ha reducido en un 17 por ciento, según un informe de una organización internacional, que observa con cautela el abierto sometimiento de la Justicia Electoral al poder político de turno.
La posibilidad de fraude en la próxima justa electoral se abona con el sometimiento de las instituciones al Poder Ejecutivo, donde, por ejemplo, el Poder Judicial ha perdido equilibrio en sus decisiones; el estado de derecho se ha roto y en marzo de este año ocurrió lo peor, el intento de violación de la propia Constitución Nacional.
Aquí en esta región fronteriza se le tiene a un consuetudinario avasallador de la ley, Javier Zacarías Irún, cabeza visible de un clan, que administra la municipalidad de Ciudad del Este desde el 2001, sin que hasta hoy ningún organismo de control pueda ingresar a la institución para realizar cualquier fiscalización de gestión contable.
Hay una gigantesca confabulación entre el poder judicial y los poderes fácticos del Gobierno para soliviantar el ordenamiento jurídico nacional. Aquí en la capital del Alto Paraná no hay el mínimo respeto a la ley.
Litigar con el clan Zacarías en un juzgado paranaense, inexorablemente ya se sabe el desenlace final que tendrá, donde no se tiene la mínima chance en ser reconocido en sus derechos, producto de un grupo de magistrados y fiscales obsecuentes, que siempre está al servicio de un perverso clan político, que hace más de 16 años campea impunemente en este distrito fronterizo.
El oficialismo cartista está preocupado porque sabe que la respuesta del pueblo colorado no era la esperada, por lo que la plana mayor del movimiento HC buscará recurrir a algunas estrategias torcidas para buscar lograr el objetivo. Sin embargo, la disidencia colorada cree en la capacidad y respuesta de su gente, por lo que está confiado en una victoria. Pero eso no despeja la amenaza de un fraude electoral por parte del cartismo.
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