Escribe: Luis Alen.
La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este ya se hace inevitable, ante la necesidad de esclarecer las numerosas denuncias de irregularidades administrativas contra la gestión del clan Zacarías Irún, pero también es mucho lo que está en juego en términos de la particular pulseada que se da en la cúpula del poder, entre Marito Abdo y Horacio Cartes.
Este último detalle, de la pelea mayúscula entre el abdismo y el cartismo, explicaría, más allá de los números en juego para el clan, por qué hay tanta resistencia del zacariísmo a la auditoría. Es cierto que Javier Zacarías Irún sabe lo mucho que puede perder, pero también no quiere sucumbir solo, sino que pretende arrastrar al mismo HC en su caída.
Si todo se circunscribía a la urgencia por despejar las innumerables interrogantes que se ciernen sobre las finanzas municipales de CDE, el Gobierno central y la Cámara de Diputados tienen todos los atributos constitucionales y legales. Basta que exista la voluntad política para sanear ese verdadero agujero negro de la gestión de losZI de 17 años al frente del municipio esteño.
Pero en última instancia se está en presencia de un test determinante para conocer hasta dónde irá el presidente MaritoAbdo en su intención de limpiar el país de narcos, contrabandistas de cigarrillos y lavadores de dinero financistas del terrorismo de Hezbollah.
Todo el esquema de protección de la narcopolítica fue montado y floreció en el período cartista 2013-2018, lo saben las agencias norteamericanas, y en particular en CDE, con el maridaje HC-ZI.
Una defensa blindada
Lo que sí aparece en toda su plenitud es la defensa hasta si se quiere exagerada, de la que hace gala el clan ZI, para mantenerse en una tozuda fórmula para precautelar la administración municipal de auditorías y fiscalizaciones, como si se tratara de un feudo medieval exento de cualquier fisgoneo de miradas sospechosas, que podrían poner a la luz pública el grado de manejo desprolijo que hubo durante años y años, incentivado con toda seguridad por el reguardo de un llamativo blindaje fiscal-judicial que da a entender sobre la existencia de lo mucho que hay para esconder.
Así, la interpretación más válida es que, por un lado ZI dará batalla hasta poner en vilo al mismo sistema político y a la estabilidad del Gobierno, pero también pretende en última instancia cumplir con su amenaza ya lanzada semanas atrás, cuando dijo: “si voy a caer, también vamos todos al mazo”, en un mensaje directo a HC.
Cartes no tuvo más remedio que retractarse de su posición inicial de ofrecer la cabeza de Javier a cambio de la “paz partidaria” con Marito. Pero la oferta ya fue rechazada por éste, al no convalidar el presidente “impunidad igual a gobernabilidad”, como la fórmula de la supuesta unidad partidaria en la ANR. Con esto, estaba claro que ZI estaba librado a su suerte.
Sólo que quedó flotando el gran blindaje judicial que posibilitó la suma de las impunidades para el clan ZI, hasta el punto que la Contraloría no pisa la comuna desde 2013, dejando en manos del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el “juzgamiento” de las cuentas financieras de los Zacarías Irún, por supuesto con el visto bueno blanqueador durante todos los ejercicios.
Ha dado lástima el recorrido infructuoso que hizo el contralor Enrique García por el tribunal de cuentas, la Corte y el municipio de CDE, en busca de los papeles del ejercicio 2017, que por supuesto le fueron negados, quedando ahora la promesa sospechosa de la intendenta Sandra McLeod de proveerle los documentos en el plazo de diez días, a contar desde el 12 de noviembre, y a cumplirse el próximo 22.
El recurso extremo
Queda por ver qué se trae el clan ZI como as bajo la manga, para invalidar en el Poder Judicial la intervención que se viene. Por cierto, puede todavía contar con el aporte del contralor García, quien podría salir a decir que no existen irregularidades en la gestión de Sandra, ya que entre el 22 y el 27, día de la sesión de Diputados para decidir la intervención, tendría cinco días para armar algún dictamen favorable al clan.
Se debe recordar a propósito que, de acuerdo al artículo 165 de la Constitución, una causal de intervención es el pedido de la Junta Municipal, lo cual ya se ha cumplido, por lo que la intervención resulta mero trámite en el caso que existan los votos, que ya estarían asegurados.
Lo que no está definido es si después de la intervención de 90 días, qué suerte correrá la intendenta Sandra suspendida en sus funciones. Una destitución deberá darse si se constatare grave irregularidad en la ejecución presupuestaria o en la administración de los bienes, “previo dictamen de la Contraloría General de la República” (inciso 3, del artículo 165 de la Constitución)
Aquí es donde se dará finalmente la batalla decisiva, sin descartar que el tema llegue a la Corte Suprema, que ahora salió a decir que la Contraloría puede auditar al municipio, después que le vedara durante años acceso a las cuentas comunales, que resultaban blanqueados directamente por el Tribunal de Cuentas durante la era cartista, en un trámite reiterativo por parte de más de un centenar de gobernaciones y municipios.
La guerra a la narcopolítica
De la voluntad política para acabar con el reinado del clan de CDE depende también la decisión final de la Fiscala General, Sandra Quiñónez, para imputar a los “peces gordos” del cartismo, entre ellos los Zacarías Irún, y hasta al mismo HC, llegado el momento, por lavado de dinero, asociación criminal, contrabando y enriquecimiento ilícito. Es decir, a Marito no le deberá temblar el pulso para meter tras las rejas, no sólo a los ZI, sino también a cualquier otro “líder” político o legislador, e incluso a familiares de éstos, si es que existen méritos para procesarlos por pertenecer a las bandas de narcotráfico y por proteger al lavado de dinero.
Es lo que está ocurriendo hasta dentro de las carpas abdistas, como el caso del diputado Quintana, o con los D’Ecclesis, por sus implicaciones en el tráfico de drogas. En un principio, cundió la alarma de que el corporativismo político-legislativo iba a contrarrestar las investigaciones fiscales contra la narcopolítica, pero no tardó en evidenciarse que Abdo Benítez no tomaría ese atajo.
Por si haya habido dudas sobre el apoyo de Estados Unidos a la firme determinación abdista de dar lucha al narcotráfico y al lavado, el embajador Lee McClenny fue tajante en su afirmación del apoyo irrestricto al presidente Mario Abdo y a la fiscala general Sandra Quiñónez,”por su tarea en favor del Estado de Derecho para bien de todos los paraguayos”.
Facebook Comentarios