El manejo del Poder Judicial por la clase política no es nueva en el país, pero en el Alto Paraná llegó a niveles extremos, lo que convierte a la impunidad en reina y sostén de un clan que hace más de una década y media se instaló en la municipalidad de Ciudad del Este, denuncian.
Los abogados Jorge Brítez, Paraguayo Cubas y el concejal municipal Celso Miranda, alias Kelembú, armados con pinturas en aerosol iniciaron una campaña denunciando la impunidad que se ofrece desde el Poder Judicial a todos los expedientes relacionados al Clan Zacarías, que según denuncian, no tienen el trámite legal necesario.
Denunciaron que en el expediente donde se investiga la muerte de una niña de apenas dos años, la intendenta municipal Sandra Zacarías, es la única que no está siendo investigada, siendo la primera responsable de todas las obras que se ejecutan por orden del municipio, donde ella es la administradora.
Igualmente se encuentra parada la denuncia sobre sobrefacturación de la merienda escolar que Kelembú presentó en la capital de país, pero que por orden “superior” vino a parar en la fiscalía de Ciudad del Este.
Es por ello que el primer escrache a fiscales se realizó en el pasillo del Ministerio Público, luego en la sede de la casa de gobierno departamental, cuya merienda escolar también fue objeto de denuncia, pero esta vez pública, por parte de Kelembú.
A la sede de la gobernación Kelembú llegó de rodillas, acompañado por Britez y Cubas. Estos pidieron hablar con el gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías, quien no los recibió. Cubas señaló que como cualquier ciudadano tienen el derecho de hablar con sus autoridades y en este caso en particular para pedirle explicación de por qué pagaron 20 mil guaraníes el kilo una galletita que en el mercado local no cuesta más de 4.000 guaraníes el kilo.
Esta manifestación terminó con una gran represión por parte de la Policía Nacional, que como en los viejos tiempos de la dictadura, no dudaron en usar la fuerza para reprimir y detener a los tres manifestantes, para luego derivarlos al calabozo de la Jefatura de Policía del Alto Paraná. En este punto, surge otro episodio que podría decirse, épico y de la que nadie se imaginaba podría ocurrir.
La defecada
Paraguayo Cubas, así como los otros manifestantes, se presentaron ante el juez de garantías Amilar Marecos,para la audiencia de imposición de medidas. Britez y Kelembú obtuvieron arresto domiciliario, pero Cubas fue a prisión, donde fue recibido como un héroe por los internos.
No es para menos, Cubas cintareo al Juez, le derramó agua y no contento defecó a lado de la mesa dentro del despacho del magistrado. Alegó que la justicia que siempre le “caga” a cientos de paraguayos, por lo que lo considera un verdadero inodoro. El hecho tuvo una rápida difusión mediática, generando reacciones dispares a favor y en contra.
El proceso
Los tres están procesados por coacción y daño a cosa de interés común por la fiscal Analía Rodríguez, luego de que Payo Cubas pintara las paredes de las oficinas de los fiscales Alfredo Ramos Manzur y Cinthia Leiva, con epítetos como “ladrona” y “bandido”, hace quince días. Los fiscales tienen denuncias de casos de corrupción contra la intendenta municipal de Ciudad del Este, Sandra Mac Leod, que según denuncian, no investigan.
El juez dispuso la prisión preventiva de Cubas, porque el mismo debió comparecer para la imposición de medidas el martes de la semana pasada, en cambio, fue a sumarse a la protesta campesina en Caaguazú, antes que ponerse a disposición de la Justicia.
En tanto que el abogado Jorge Brítez y el concejal Celso Miranda, fueron beneficiados con una medida menos gravosa, que es la prisión domiciliaria. Britez estuvo por casi 24 horas en prisión, mientras que Miranda se presentó caminando ante el juzgado acompañado por un grupo de políticos liberales, al que se sumó el colorado Luís Aníbal Schupp Medina. La disposición imposibilita a Miranda a asistir a las sesiones de la Junta Municipal los martes, atendiendo a la disposición judicial.
La orden de detención y rebeldía tuvo su origen en la incomparecencia de los imputados para aceptar las medidas alternativas que había impuesto la jueza Alba Meza tras la imputación. El penal de varones fue habilitado para el ingreso de Cubas y Brítez, ya que el Ministerio de Justicia había cerrado para el ingreso de reclusos por hacinamiento.
Los seguidores de Cubas señalaron que fue el clan ZI que ordenó a los jueces y fiscales para procesar a los ahora imputados, porque estos cuestionaban la administración municipal y de la Gobernación, señalando los supuestos casos de corrupción como la sobrefacturación de la merienda escolar.
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