Escribe: Luis Alen.
El retiro del 100 por ciento de la energía paraguaya en las usinas binacionales se erige en un objetivo básico para la estrategia de crecimiento económico con impacto social, según sostiene también el Banco Mundial en su más reciente informe sobre nuestro país. Esta utilización total apoyará una industrialización necesaria, pero también se podrá exportar la energía a precios de mercado a los mismos vecinos que ahora llevan el fluido eléctrico a costo ínfimo.
El Paraguay ha empezado a retirar toda la energía de su propiedad en la usina de Yacyretá que posee en condominio con la Argentina, pero también deberá hacer lo mismo en la Itaipú binacional, para lo cual necesita negociar con Brasil no sólo el Anexo C sino otras partes del Tratado de 1973, con el propósito de sentar las bases para aplicar las reformas necesarias en la matriz económica y energética del país.
El presidente Santiago Peña resaltó algunos de los logros de su primer año de gobierno, haciendo referencia al “Hambre Cero” para el almuerzo escolar, el programa de viviendas sociales orientado a las familias de ingreso medio para abajo y la obtención del tan ansiado “Grado de Inversión” de la calificadora internacional Moody’s.
También el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, durante la entrega al Congreso del proyecto de presupuesto nacional 2025, resaltó a su vez las inversiones sociales, entre otros programas estatales que serán las protagonistas como impulsores del crecimiento económico de alrededor del 4 por ciento que se espera para el final de 2024 y se pronostica igualmente para el próximo año, lo que ayudará a continuar manteniendo la tendencia alcista del Producto Interno Bruto (PIB) en los siguientes años con el objetivo de ir reduciendo la pobreza.
Es que el segundo gobierno cartista necesita de inversiones de gran efecto multiplicador en la economía, que vayan poniendo un freno a la desaceleración del PIB que se registra desde 2013, que coincide precisamente con el primer gobierno del cartismo con Horacio Cartes.
El olvido de Santi
Llamativamente, Santi Peña “olvidó” un logro mayúsculo en su gestión, quizás uno de los de mayor impacto en la economía, al conseguir lo que ningún gobierno paraguayo pudo concretar en 30 años, como es retirar ahora el 100 por ciento de la energía que corresponde al país en Yacyretá, después que el promedio de utilización de la electricidad de la usina paraguayo-argentino no pasó del 8 por ciento del total producido en las tres décadas de operación desde el funcionamiento del primer grupo generador de la represa, que ocurrió el 2 de setiembre de 1994.
Esta omisión parece deliberada, debido a que el gobierno de Peña no ha dado a conocer aún los parámetros de cómo se va a negociar con Brasil el nuevo Anexo C del Tratado de Itaipú, y de otros párrafos fundamentales del documento fundacional de la megaobra que afectan los intereses paraguayos.
Es que si hubo la valentía de plantarse ante los argentinos, ¿por qué no también frente a los brasileños?
A ojos vista, el gobierno paraguayo ha sido más blando con el Brasil, contentándose con una tarifa “intermedia” de la energía de US$ 19,28 kw/mes, por debajo de la pretensión inicial, no compartida por el vecino, de US$ 22,60 kw/mes.
En vez de centrar la prioridad paraguaya en obtener la libre disponibilidad de su energía y el precio de mercado para colocar el fluido eléctrico en mejores condiciones que las actuales en el lado brasileño, hasta el momento no se sabe aún qué se cedió o no al vecino, en la crucial negociación del Anexo C y en el clave aspecto de la plena utilización de la electricidad que corresponde al Paraguay. con tal de continuar con el festín de los “gastos sociales” por 3 años más, que permitan percibir unos US$ 650 millones anuales durante tres años, constituyéndose en un “oxígeno” financiero excelente, pero sólo para permitir un afianzamiento del unicato cartista de cara a las próximas elecciones, tanto municipales como generales.
Es lo que insinuaron voceros de la oposición en el Congreso, como el caso de la senadora Yolanda Paredes, que en forma vehemente preguntó si hubo alguna nueva “entrega” del interés nacional en Itaipú, a cambio de migajas como los “gastos sociales”, que no están incluidos en el presupuesto nacional 2025, lo que implica que su uso quedará sujeto al arbitrario criterio de los manejos políticos electoralistas del sistema hegemónico colorado cartista.
De allí que esta situación de indefinición en Itaipú contrasta con la “hazaña” de consumir toda la energía que corresponde al Paraguay en Yacyretá, cuando debería hacerse lo mismo en la usina que se tiene en condominio con los brasileños, con el objetivo puesto en el pleno desarrollo de la potencialidad económica paraguaya y así propender por lo menos a la eliminación de la pobreza extrema en el país.
La posición del Banco Mundial
Es lo que acaba de pedir también el Banco Mundial en su último informe titulado: “Reporte de crecimiento de Paraguay: de una tierra sin litoral a una tierra de oportunidades”, donde se solicita un manejo estratégico del sector eléctrico para aprovechar la abundante energía limpia que posee el país y de esta forma avanzar hacia una mayor aceleración del ritmo de crecimiento, porque siendo nuestro país un ejemplo de estabilidad macroeconómica en la región, se advierte no obstante una desaceleración en el crecimiento económico desde hace una década, lo que ha impactado evidentemente en el ritmo de reducción de la pobreza.
Ante este escenario, el Banco Mundial sugiere que el país enfoque sus esfuerzos en aumentar su capacidad de afrontar los choques externos a través de una mejora en la productividad y en garantizar la sostenibilidad del crecimiento.
La función de las instituciones del Estado será crucial en el proceso de transformación económica, según el BM, con mejor calidad en los servicios públicos, el fortalecimiento del Estado de derecho y la optimización de la gobernanza, como elementos fundamentales que ayudarán a concretar los planes de desarrollo con amplio impacto social.
Sin embargo, el modelo actual de gestión estatal se basa en el endeudamiento cada vez mayor del sector público, lo que crea también la base para el manejo discrecional de los fondos “sociales” de las binacionales con fines políticos y de continuidad del régimen hegemónico vigente, cuando lo indicado por el mismo informe del Banco Mundial es contar definitivamente con una estrategia del sector eléctrico como palanca para alcanzar mayores cimas de crecimiento económico que los niveles presentes, a través de la diversificación productiva y la industrialización de las materias primas para la generación de empleos, bajando así drásticamente los índices de informalidad laboral y de pobreza extrema.
La utilización total de la energía paraguaya en Yacyretá y en Itaipú, promoverá una dinámica económica con amplio derrame en el sector social, en lugar de la actual política de cesión de la electricidad a un precio excesivamente bajo, que a la postre desemboca en más emisiones de bonos para incrementar la deuda externa, como el proyecto de financiamiento adicional que se plantea para la ANDE en el presupuesto de 2025, pero sin la garantía estatal, lo que llevaría a un aumento de tarifas a nivel del consumidor final.
Mientras aumentan las inversiones en la industria y en el transporte eléctrico, no se debe abandonar la continuación de la venta de la energía a los países vecinos, pero a precios de mercado, con el apoyo complementario de fuentes de generación limpia de origen solar y eólico (viento).
La política energética vigente no ha logrado registrar avances significativos en sus más notables objetivos específicos propuestos, tanto en el subsector eléctrico como en la caótica estructura normativa del subsector de hidrocarburos. Por el contrario, en algunos casos han empeorado los indicadores, como fue el caso del objetivo de las pérdidas técnicas y no técnicas que, en lugar de bajar han aumentado, trasladándose los millonarios sobrecostos a los bolsillos de una ciudadanía indefensa ante los desmanes de una planificación ineficaz.
Todo esto lleva a concluir que sólo la complementación entre las políticas, económica de diversificación productiva y energética de defensa de la soberanía nacional, podrán conducir al país hacia niveles de crecimiento que tengan realmente un impacto social significativo en términos de reducción drástica de la pobreza.
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