El gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken, recordó en un posteo en Facebook su exigencia lanzada en varias ocasiones por la cual sostiene que el Gobierno central debe aceptar que las administraciones regionales, como la del Alto Paraná, tengan en propiedad y administren en sus respectivos presupuestos el 15 por ciento de la recaudación departamental del IVA, como lo establece la Ley 426/94, orgánica de las gobernaciones.
Vaesken fue siempre directo a la causa de la escasa capacidad en obras de desarrollo para su comunidad de parte de los gobiernos departamentales, atribuyendo el déficit al hecho de que el Gobierno central de Asunción no deja casi ningún margen dentro del presupuesto, por ejemplo cuando se trata del uso de los fondos provenientes de la recaudación tributaria del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en el caso del Alto Paraná es muy relevante.
Así, el gobernador resaltó en un discurso realizado ante los legisladores cuando era el titular del consejo de gobernadores y se analizaba en 2019 el proyecto de gastos para el año 2020, que apenas se giraba de nuevo a la gobernación el 1 por ciento de lo recaudado en concepto del IVA, para los rubros de salud, educación y obras, muy lejos de lo estipulado en la Ley departamental, que es del 15 por ciento.
Lo que González Vaesken exigió siempre fue una política de descentralización real de la República, previsto en la Constitución y reglamentado en la Ley Orgánica Departamental, que habla incluso de la “propiedad” del 15 por ciento del IVA recaudado en el departamento, así como del 15 por ciento de lo recaudado por los municipios en el Impuesto Inmobiliario y el 30 por ciento por la recaudación de juegos de azar establecidos en la región.
El artículo 34 de la Ley 426/94, que habla del patrimonio y los recursos a disponer por las gobernaciones, dice claramente que “el 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) recaudado en cada departamento quedará en propiedad del mismo”, y agrega que “todo lo recaudado en este concepto será destinado a áreas de salud, educación y obras públicas”.
Asimismo, se dispone que “el Ministerio de Hacienda reglamentará la coordinación y el control con los Gobiernos Departamentales para la recaudación de este impuesto y la transferencia del porcentaje estipulado que se realizará mensualmente”.
La misma Ley 426 en su primer artículo expresa que “el Gobierno departamental es persona jurídica de derecho público y goza de autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos, dentro de los límites establecidos por la Constitución y las Leyes”.
La propuesta del gobernador Roberto González Vaesken es lisa y llanamente el cumplimiento de lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Departamental, con el fin de llevar a la práctica una real descentralización administrativa del Estado.
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