Veto crucial de Marito ataca la corrupción que apoya a mafias

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La lucha anticorrupción de Marito soporta los embates no sólo del crimen organizado sino de los “abrazos republicanos” entre oficialistas y cartistas.

Escribe: Luis Alen.

 

En momentos en que el Estado es atacado en forma alevosa por siniestras bandas delictivas con el asesinato de dos relevantes exponentes de la vida pública como el fiscal antimafia Marcelo Pecci y el intendente José Carlos Acevedo de Pedro Juan Caballero, no se podía esperar otra medida como la adoptada ahora por el jefe del Ejecutivo, Marito Abdo, quien vetó parcialmente este viernes 27 de mayo el proyecto de ley de despenalización de las declaraciones juradas de los funcionarios, sancionado recientemente por el Congreso nacional y enviado al presidente para su promulgación o rechazo.

 

Resulta evidente que el proyecto iba de contramano a la consigna predominante en la sociedad civil de cortar cualquier ligazón de los personeros estatales con el crimen organizado, el lavado de dinero y sus mecanismos de retroalimentación que son los distintos tráficos ya sea de drogas o de armas, e incluso el contrabando de productos como los sucedáneos del tabaco.

Lo que llama la atención es el inusitado interés de ciertos popes de la política criolla, pillados con las manos en la masa exponiendo a la luz pública declaraciones de bienes inconsistentes con su realidad patrimonial, o, lo que es peor, tratando de eliminar en forma astuta la sanción penal con una simple “corrección”, después de haber cometido una escandalosa falsedad documental e ideológica que está penada en la legislación positiva del país y de cualquier nación del mundo, lo que se vuelve repulsivo tratándose de funcionarios electos que mienten descaradamente a su propio mandante que es el pueblo que los eligió.

Marito entendió que los legisladores ya se pasaron de la raya cuando en uno de los artículos impidieron que la Contraloría presente la acusación a la Fiscalía por la declaración jurada mentirosa del funcionario, privando al organismo de control de las cuentas estatales de una de sus atribuciones de rango constitucional, como es la obligación de denunciar al Ministerio Público cualquier indicio de exacción al erario público por parte de quienes tienen el mandato de ejercer una celosa administración de los más altos intereses de la nación.

Mientras se suceden los discursos contra la corrupción y su vinculación con el crimen organizado, en la actual campaña política de la ANR, el proyecto ahora vetado parcialmente por el presidente Abdo, si era promulgado habría sido directamente una bofetada contra el pueblo que se halla sumamente consternado por las muertes prácticamente heróicas de Pecci y Acevedo, a los que la mafia los sentenció a muerte para dar una señal de que está en guerra con un Estado que, sin embargo, todavía quiere llevar una política ambigua hacia los criminales, como lo es la pretendida despenalización de declaraciones falsas de bienes, que habría ayudado finalmente a las mismas bandas delictivas a esconder sus bienes malhabidos bajo el manto de protección de la narcopolítica regida por ciertos funcionarios corruptos del Estado.

Al decantarse por mantener el reglamento vigente para sancionar a quienes buscan eludir las consecuencias de burlarse de la obligatoria declaración de bienes y rentas, Mario Abdo Benítez se ha puesto a la altura de la consigna de la hora de transparentar la gestión gubernamental en el proceso tendiente a luchar contra la corrupción y la impunidad de los servidores públicos, que es de sobra conocido resulta uno de los principales factores alimentadores del lavado de dinero, que a su vez se fortifica con el aporte de la plata sucia del crimen organizado.

 

Discurso vs. realidad

La decisión del jefe del Ejecutivo va en consonancia con la necesidad de poner orden en la misma casa estatal para poder enfrentar con éxito el embate actual del crimen organizado, que por lo visto no sólo busca tener sus conexiones en las más altas esferas del Estado, sino en posesionarse totalmente de él a través de una legislación laxa que le permita a los funcionarios cómplices ocultar sus bienes, sean propios o hasta de los mismos capomafiosos.

En los discursos de campaña sobran las denuncias de Marito, del vicepresidente Hugo Velázquez y de otros dirigentes del movimiento oficialista Fuerza Republicana, especialmente contra Horacio Cartes y en forma solapada, sin dar nombres, de la “compra” de fiscales y jueces del Poder Judicial por parte de los mafiosos. Pero del dicho al hecho existe mucho trecho, como diría el refrán, ya que no se pasa al terreno de la denuncia con nombre y apellido de los que están al servicio del crimen organizado en el aparato estatal, quizás por el mismo hecho archiconocido de la dificultad con que se mueve la fiscalía cooptada por el cartismo.

Para desvalorizar aún más el valor de la palabra en la arena política paraguaya, hasta se habla de potenciales nuevos “abrazos republicanos” entre oficialistas y cartistas en el Parlamento para salvar de la intervención al denunciado gobernador del Guairá Juan Carlos Vera, por un multimillonario desvío de fondos, y en la elección de los dos nuevos miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, con lo que las denuncias contra los manejos de la corporación mafiosa que trata de apoderarse del Estado supuestamente a través del copamiento político en las elecciones próximas, no dejan de ser meras diatribas propias de la pulseada electoral, y no precisamente un reflejo de la política firme del Gobierno para neutralizar al poder mafioso narcopolítico, que amenaza con eventualmente continuar los sicariatos, tal como ya lo “profetizó” el mismo Marito Abdo después de la balacera sangrienta en el Ja’umina Fest de San Bernardino, el pasado enero, cuando dijo que los ataques seguirían, tal como finalmente tuvo lugar.

Más allá de los ataques verbales contra HC que lo sitúan casi en una virtual jefatura del crimen organizado, según las últimas declaraciones del jueves 26 de Hugo Velázquez en Coronel Oviedo en un acto de campaña, lo que queda en claro es que, así como ha actuado ahora con relación al veto al proyecto de despenalización de las declaraciones juradas, Marito Abdo deberá continuar tomando las demás medidas conducentes a hacer realidad una lucha frontal contra los mafiosos en lo que le resta de su mandato, independientemente del fragor de la lucha electoral que se avecina y que finalmente definirá el rumbo del país.

Los “abrazos republicanos” pueden ayudar hasta cierto punto en la gobernabilidad, pero los mortales ataques del crimen organizado ya están configurando un escenario en el cual se puede afirmar que es de vida o muerte para la República, una toma de decisiones a la altura del reto que supone salvar a la nación paraguaya de caer en manos de la mafia.

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