Escribe: Luis Alen.
Los asesores políticos más cercanos del presidente, como Darío Filártiga y Javier Zacarías Irún, así como los gerentes del Grupo Cartes, sin dar mayor crédito a las posibilidades de Fernando Lugo en la Corte Suprema de que obtenga la famosa “certeza” favorable, insisten en conseguir la venia de los parlamentarios para obtener la tan deseada reelección vía enmienda constitucional, la cual, como se sabe, está prohibida por la misma Constitución, que sólo admite la reforma a través de una convención nacional.
Todo es posible esperar del Poder Judicial, pero los ministros de la Corte saben que, al contrario de lo que ocurrió en 1999 cuando dieron vía libre a la presidencia de Luis González Macchi sin elección popular, esta vez tanto la clase política mayoritaria ubicada en el Parlamento y los poderes fácticos como el empresariado y la Iglesia, se oponen tenazmente al continuismo cartista.
Los obispos evidentemente no desean una nueva presidencia de su ex colega de San Pedro, mientras a los empresarios no les hace ninguna gracia un resurgir de la izquierda y de las ocupaciones de tierras en el interior. En el fondo, saben que Lugo puede ganarle a Cartes en las elecciones de 2018. Esto, a pesar de los recursos económicos y estatales que pondrá seguramente HC en la campaña.
Además, una “certeza constitucional” a contramano de la Constitución posiblemente “incendiará el país” como gráficamente lo profetizó el senador colorado Arnaldo Wiens.
Haya “certeza” o enmienda constitucional, se forzarán las cosas, y con ello sólo dos consecuencias se pueden esperar: que se instaure un régimen autoritario en el Paraguay por muchos años, o que “se encienda el país”, por una reacción de la sociedad contra la apuesta absolutista de HC.
Esta situación podría llevar a una ingobernabilidad que podría llevar al fracaso al Gobierno de Cartes, lo que, en definitiva, es lo que espera Zacarías Irún, al insistir en la descabellada intención de violar la Constitución.
HC, dispuesto a todo o nada
A estas alturas del candente ambiente político nacional, a Horacio Cartes y su equipo de asesores y gerentes les importa poco la estabilidad y la tranquilidad del país, a efectos de cumplir sus fines de continuar en el poder. Con tal de conseguir su objetivo, HC puede pactar hasta con el más pintado opositor. De allí que no haya ninguna seguridad de que finalmente desista de su intención de hacer el “rekutu”.
La Corte Suprema puede firmarle un dictamen a la medida de las pretensiones del presidente, que tiene como objetivo evidente consagrar un régimen autoritario y no democrático, una vez que consiga la reelección. Pero teniendo en cuenta que varias cabezas de los miembros de la alta instancia judicial corren el riesgo de ser cortadas en el Senado, es muy posible que piensen varias veces antes de echarse totalmente en brazos del cartismo.
La Constitución de 1992 se viene a constituir así en la única valla que tiene HC para instaurar su plan absolutista. Hace bastante tiempo ya que los senadores disidentes colorados y los auténticos opositores se dieron cuenta de lo que se trae en manos el Grupo Cartes y los gerentes del mismo: hacer que HC y su entorno controlen todos los grandes negocios del país.
Como el Parlamento, además de frenar la reelección, le está poniendo límites al excesivo endeudamiento estatal, el Gobierno de Cartes no ve mejor expediente que culpar del atraso en las obras públicas a los legisladores, por su negativa en endeudar al país más allá de sus posibilidades reales, como el caso de las inversiones “llave en mano”, cuando una de ellas, la urgente reconstrucción de la Ruta Transchaco, acaba de ser cancelada por el mismo Ejecutivo, atendiendo a que llegará a costar más de US$ 1 mil millones.
Zacarías Irún y su apuesta
Javier Zacarías Irún, uno de los más connotados apoyos con que cuenta HC, es de la idea que se puede aún torcer voluntades de los congresistas para lograr la enmienda. En el fondo, sin embargo, ZI espera “in pectore” que la jugada cartista vaya al fracaso, con el fin de tomar la posta y suceder en la presidencia a Horacio.
En el sometimiento a la fiscalía y al Poder Judicial a sus designios, HC tiene mucho que aprender de Javier, pero ambos aprendices de dictador a pesar de que impongan sus directrices en el partido Colorado, a nivel país les será muy diferente.
Para empezar, la ciudadanía está conociendo ya todos los negociados y trapisondas que se tapan en el entorno cartista, con tal de mantener cohesionado al grupo dominante en la política nacional. Basta con el ejemplo del mismo ZI, cuya administración sigue sin ser investigada al contar ahora con el blindaje de la Cámara de Diputados, de mayoría cartista.
Las protestas y movilizaciones de la ciudadanía no le hacen mella tanto al zacariísmo como al cartismo, y la mejor demostración está en la actual presencia en las mazmorras del régimen cartista del preso político Paraguayo Cubas, que no da el brazo a torcer y prefiere seguir luchando en la cárcel contra el autoritarismo de nuevo cuño en el Paraguay, no aceptando las medidas sustitutivas a la prisión.
¿Enmienda sólo para HC?
Hay versiones que incluso hablan de que se daría lugar a una especie de enmienda constitucional “especial”, en la cual se beneficie sólo al presidente actual en ejercicio, HC, sin que la reelección alcance a los ex presidentes, con lo cual quedarían fuera Fernando Lugo y hasta Nicanor Duarte Frutos.
Esta solución salomónica satisfaría a una parte del empresariado, interesado en que continúe el cartismo en el Gobierno, pero no sería del agrado de la Iglesia y de gran parte de la sociedad. Con esto se evitaría que, en caso de la “certeza” favorable a Lugo en la Corte, se le habilite a HC, pero renunciando éste seis meses antes de la interna de la ANR, es decir, a más tardar en junio de 2017, quedando más de un año de presidencia para el vice Juan Afara, que no resulta del agrado de mucha gente tanto dentro del partido como del resto del arco político, y menos aún de la cúpula empresarial.
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