Como si tuviera ruedas, una propiedad chaqueña fue nuevamente anotada en los registros públicos con coordenadas alteradas, “se mudó” de lugar e invadió tierras del Indert, con la aparente complacencia del presidente del ente estatal, Justo Cárdenas.
La firma Cimportex ICSA de Juan José Zapag, presidente de Copetrol y del club Cerro Porteño, pretende mediante una mensura actualmente en discusión con ocupantes de terrenos fiscales, apropiarse gratuitamente de unas 5.500 hectáreas en la zona de Infante Rivarola, Chaco paraguayo, en la frontera con Bolivia.
Como anteriormente no llegaba a la frontera con Bolivia, el “avance” al norte de Cimportex-Copetrol le permitió arribar al lindero internacional, y hasta pudo pasar 300 hectáreas, que ya ingresaron a territorio del país vecino.
La maniobra consiste en la reinscripción en los registros públicos de una finca ya anotada anteriormente con un padrón diferente, y que ahora, por arte de magia, aparece con nuevos linderos georreferenciados, avanzando 5 kilómetros al norte de la verdadera ubicación de la propiedad, con lo cual está apropiándose de tierras del Estado detentadas por el Indert, sin pagar un solo centavo.
La inscripción es cuestionada en la Justicia por los ocupantes actuales de las fincas invadidas por Zapag, que son sujetos de la reforma agraria y que ya iniciaron trámites de adquisición ante el Indert. Incluso una de las ocupantes, la señora Deolinda Elena Woroniecki, presentó una denuncia ante la fiscalía contra personas innominadas representantes legales de Cimportex, y contra Marcelo Raúl Peyrat Díaz de Vivar y Juan D. Pineda, por la supuesta perpetración de varios delitos, como producción de documentos no auténticos, alteración de datos, manipulación de graficaciones técnicas, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, y uso de documentos públicos de contenido falso.
El caso está a cargo de la fiscala Silvia Cabrera, de la Unidad Penal Nº 17, que ya empezará a llamar a los denunciados a una declaración indagatoria.
Litigio civil sobre mensura
Por su parte, el Indert deja que el juez en lo civil que tiene a su cargo el pedido de anulación de la mensura, decida en base a un dictamen favorable a Zapag de la Dirección de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Sin embargo, es el Indert, presidido por Justo Cárdenas, el que debería haber tomado la iniciativa e impugnar la mensura, con lo cual la Justicia tendría un argumento válido del ente administrativo encargado de las tierras fiscales, con el fin de rechazar la inscripción de Cimportex.
Atendiendo al posible daño patrimonial al Estado que provocaría la pérdida de las 5.500 hectáreas en el Chaco, la Procuraduría General de la República debería tomar cartas en el asunto, ya que los ocupantes afectados le instaron al procurador a ser parte en el litigio.
La convalidación de la inscripción irregular de un terreno ubicado en otro sitio creará un peligroso precedente de inseguridad jurídica, ya que un particular podría apropiarse sin ningún costo de tierras fiscales, e incluso, lo más grave del caso, alzarse con una propiedad privada, sin que el propietario particular pueda hacer ninguna defensa ante el despojo, debido a maniobras de parte de funcionarios deshonestos para justificar la “mudanza” de una propiedad con coordenadas diferentes a la anterior anotación que figuraba en los registros.
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