Una escandalosa mensura judicial con la mirada cómplice del Indert y del Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Geodesia) podría otorgarle sin costo alguno a una firma filial de Copetrol una franja lindante con Bolivia, con la cual realizar un fluido comercio ya sea de combustibles, gas o cualquier otra mercadería.
El titular de Copetrol y del club Cerro Porteño, Juan José Zapag, podría ser procesado al ser el director gerente de la firma Cimportex S.A., cuya finca en la zona de Infante Rivarola, Chaco Paraguayo, avanzó 5 kilómetros “como si tuviera rueditas”, al decir del ingeniero Francisco Casco, que en nombre de los poseedores de las tierras que pertenecen al Indert, realizó un estudio sobre la situación de la finca en cuestión.
Mediante una mensura judicial, actualmente atacada en los estrados judiciales, la empresa de Zapag pretende adueñarse de terrenos del Estado, en un total de 5.500 hectáreas, al trasladar una finca de su ubicación original anotada en el Servicio de Catastro y en los Registros Públicos en el año 2004, haciéndola figurar con coordenadas georreferenciadas diferentes en el año 2014.
La maniobra se comprueba con un informe de Catastro, en el que se aprecia (Plano 2 del gráfico adjunto) la ubicación desplazada 5.517 metros hacia el norte de la finca 10.236. Puede verse que Catastro habla de “ubicación genuina”, según el Plano 2, sin tocar la frontera con Bolivia.
Pero en el Plano 3, al ser desplazada la finca según la mensura de 2014, una parte del terreno atraviesa la frontera con Bolivia, lo que no puede ser. De hecho, Cimportex, del mismo grupo Copetrol, “renuncia” a la porción que sobrepasa la frontera, pero se asigna un linde fronterizo que le comunica automáticamente con territorio boliviano, lo que lleva a pensar que existe un interés de contar con una conexión directa con el país vecino.
La fiscalía debe investigar
La inconsulta acción de Cimportex de los Zapag, además de representar una maniobra destinada a usurpar tierras del Estado sin costo alguno para estos empresarios, significaría una grosera forma de trasladar una finca situada antes 5,5 kilómetros más al sur, con el fin de quién sabe qué intenciones, como sería el caso de lindar con Bolivia en forma directa para realizar operaciones dentro del rubro de combustibles o de otros propósitos innombrables.
Para el ingeniero Casco, el atropello de Cimportex lleva al “caos” en materia jurídica y en las anotaciones de las propiedades en los registros públicos. No sólo está en juego el patrimonio estatal, sino también la posible creación de un precedente funesto en materia de inscripciones en los registros, en donde sólo tiene validez “la última anotación” de una propiedad, al decir de los voceros de los Zapag, que con prepotencia y arbitrariedad pretenden usurpar tierras del Estado y a desconocer olímpicamente los derechos de los poseedores de los terrenos fiscales que han solicitado al Indert ser reconocidos como beneficiarios de la reforma agraria.
El Ministerio Público debería tomar a su cargo una investigación de la premeditada usurpación de tierras fiscales, en defensa del patrimonio estatal y en averiguación de posibles delitos cometidos por los Zapag. Estos empresarios fueron denunciados ante la fiscalía por la señora Deolinda Elena Woroniecki Quintana, una de las ocupantes de los terrenos invadidos por los Zapag, de producción de documentos no auténticos, alteración de datos, manipulación de graficaciones técnicas, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
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