A investigación sobre “lavado” de HC responden con borrones

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Como burlándose del pedido de informes sobre HC, el Banco Central responde al Congreso con más de un centenar de páginas llenas de tachaduras.

Escribe: Luis Alen.

 

De que investigar el lavado de dinero en el sistema financiero nacional será muy complicado, lo confirma el informe del Banco Central al Congreso sobre una investigación a Horacio Cartes, que llamativamente fue enviado lleno de tachaduras, lo que manifiesta en forma contundente un evidente blindaje institucional que empieza a operar en favor del empresario tabacalero devenido en jefe político de una de las facciones de la ANR. 

 

Tras la reculada de Marito y el “Toro” Velázquez, que permitió al poder fáctico de Horacio Cartes salvar a la fiscala general Sandra Quiñónez, quedó más que nunca al descubierto el plan cartista de copamiento de las instituciones de la República, con lo cual el Paraguay volvería a una autocracia donde sólo se cumplirán las órdenes del Patrón, como en la época de la dictadura stronista.

Hay señales muy inquietantes sobre el avance del plan autoritario contra las instituciones, después de que en un estilo “a ultranza” la oposición en alianza con el sector oficialista de la ANR había estado a punto de conseguir en la Cámara de Diputados la caída de la fiscala general, previa sorpresiva elección de un opositor liberal en la presidencia del cuerpo legislativo.

Como toda explicación ante la nueva actitud cicatrizante frente al cartismo, los colorados abdovelazquistas adujeron que hubo “apresuramiento” de la oposición en la presentación del libelo acusatorio a la vista de la falta de votos. Pero también fue evidente la “indisciplina” de los diputados oficialistas que se prestaron a dar el quórum a sabiendas que después no se tendría la mayoría requerida. Precisamente, Hugo Velázquez reconoció que existió la tal falta de disciplina, que en definitiva sólo mostró la inquietante ausencia de convicción de sus legisladores para acompañar a la sociedad en su reiterado reclamo de una justicia independiente.

Es aquí donde se juega el destino mismo del país y de su democracia, porque si no se cumplen las leyes y no hay un juzgamiento imparcial de los hechos delictivos, el Estado no podrá cumplir con sus fines de desarrollo armónico económico y social, con el peligro de que la nación quede en manos del grupo más fuerte o de mafias organizadas.

 

Para muestra un botón 

Se cumplieron cinco años de los luctuosos sucesos del 31 de marzo de 2017, cuando se tuvo la quema del Congreso contra la enmienda “mau” propiciada por HC y un grupo de legisladores afines al cartismo. En aquella ocasión también la policía irrumpió en el directorio del PLRA con el saldo del lamentable asesinato del dirigente juvenil liberal Rodrigo Quintana, por balas asesinas provenientes de órdenes emanadas de la cúpula del poder para dar caza a los manifestantes que tuvieron la valentía de defender la Constitución contra la intención de extender en forma ilegal el mandato presidencial de Cartes.

El único policía responsabilizado por la fiscalía de matar a Quintana, ya está libre, pero nunca se permitió una investigación a fondo de los pormenores del asalto a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, en un verdadero atraco que ni siquiera se había producido en la dictadura de Stroessner, teniendo todas las características de un terrorismo de Estado. 

En cambio, tres manifestantes de la quema del Congreso contra la enmienda “mau” ya tienen condena, gracias a la “diligente” actuación de los fiscales, en una demostración más de que el Ministerio Público se halla al servicio de HC y no de la sociedad.

El objetivo cartista es ahora acallar las voces disidentes a como dé lugar, como en el caso de la diputada Celeste Amarilla, que es querellada por dos colegas de la Cámara Baja por “difamación y calumnia”, cuando se sabe que la Constitución blinda a los legisladores que emitan opiniones en el ejercicio de su función parlamentaria. 

Los disímiles trámites de la Justicia en las dos querellas abiertas contra Amarilla muestra de cuerpo entero cómo se halla apremiado el poder jurisdiccional por la presión política. Un juez aceptó la querella y pidió hasta el desafuero de la diputada, obviando olímpicamente el texto constitucional, mientras que el otro rechazó de plano el juicio a la diputada, por considerar correctamente que la Constitución instituye los fueros para blindar a los parlamentarios por sus expresiones en el ámbito legislativo.

¿Por qué sobre un mismo tema dos magistrados tienen dos actuaciones tan dispares? Resulta obvio que la defensa de la Constitución, como en la quema del Congreso, afecta inequívocamente al poder fáctico de HC que trata de mantener bajo su férula al Poder Judicial.

En la medida en que el cartismo vaya adquiriendo predominio político, es dable esperar una mayor presión sobre la fiscalía y la magistratura, por lo que en las elecciones próximas una de las primeras consignas debe ser frenar a HC y sus ínfulas de manejar las instituciones judiciales para evitar que se investiguen sus negocios.

 

“A Ultranza” financiera

Hasta el momento son pocos los resultados de la operación “A Ultranza” contra los narcos en el sistema financiero, específicamente en la investigación sobre la ruta de las colosales cantidades de dinero movidas para blanquear los activos a través de bancos, financieras y cooperativas.

Es así que surgieron algunos datos claves como un supuesto préstamo de Cartes al diputado Erico Galeano, conocido a través de un informe de la Seprelad sobre el legislador, que reveló una transferencia de US$ 2.250.000 a HC. Erico había manifestado que se trataría de una devolución de un préstamo que le hizo Horacio.

Por su parte, el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentó también un informe a la fiscalía sobre la situación patrimonial del banco Basa, donde aparece un monto de G. 330 mil millones a nombre de la hermana de Cartes, igualmente como préstamo personal.

A su vez, el propio HC había indicado en su declaración jurada de 2018 que había prestado a sus empresas, a su club y a su hermana, casi US$ 293 millones.

Todos estos datos hablan de que una investigación sobre lavado de dinero en el sistema financiero necesariamente debe tener como una pieza clave los movimientos de dinero de HC, tanto a partir de sus declaraciones juradas, donde también hubo “olvidos” como el caso de la “off-shore” de Panamá, como de la gran cantidad de fondos movidos en sus actividades empresariales y deportivas.

De que hay una operación de encubrimiento en marcha lo indica claramente la intención de los diputados cartistas de despenalizar las declaraciones juradas incompletas, donde no aparecen movimientos de dinero y activos por omisiones ex profeso que al ser descubiertas serían pasibles de meras correcciones, pero sin consecuencias en la justicia penal.

Todo esto con la intención de ir despejando el camino para la impunidad de los políticos y funcionarios públicos metidos hasta el cogote en negocios turbios o en relación con dinero ligado al crimen organizado.

Pero lo más grotesco es lo que acaba de cometer el Banco Central, que al responder un pedido de informe de la Comisión Permanente del Congreso sobre si HC figura como prestamista en la lista oficial de la entidad financiera oficial, lo hace con más de 100 páginas de documentación sobre lavado de dinero y otros movimientos de activos, llenos de borrones y tachaduras, como si se burlara de los organismos del Estado encargados de investigar al sistema financiero, que son el Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial.

Es la demostración clara de la gravedad de la actual situación del país, cuyos problemas sociales no serán solucionados mientras exista el desprecio hacia las instituciones republicanas en aras de conservar intactos los mecanismos de impunidad que alimentan la corrupción.

 

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