Escribe: Luis Alen.
Como resultado de las graves acusaciones contra Javier Zacarías Irún y su clan familiar y el agregado de las investigaciones sobre sus chanchullos en la municipalidad de Ciudad del Este durante 17 años -que ahora se abrirán a partir del pedido de intervención a la Cámara de Diputados-, no le queda otro rumbo a ZI y su parentela que el ocaso político, además de la cárcel.
Se cumple así una de las promesas de campaña de Marito Abdo, con lo cual también impacta en la línea de flotación del cartismo, que con la nueva investigación abierta prácticamente ha sufrido un golpe fulminante, faltando sólo que se complete el combo con una posible denuncia contra Horacio Cartes, que ha prometido realizar el senador Rodolfo Friedmann.
Es cierto que el caso ZI y su clan contiene fuertes ingredientes políticos, a tal punto que aún queda por ver la resolución final que tomará la Cámara de Diputados, donde, por supuesto, no hay mucho ambiente favorable para la lucha contra la corrupción y la impunidad, ya que también golpean fuerte las denuncias a diputados de Añetete, comenzando por el propio titular de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, y siguiendo por el lado de la oposición con la defensa corporativa armada en torno al pintoresco diputado liberal altoparanaense Carlos Portillo.
Después de la denuncia fiscal contra el clan familiar de Óscar González Daher, que envolvió igualmente el tema del lavado de dinero, este supuesto grave hecho punible afecta también al clan Zacarías Irún, con lo cual el grueso de la protección política a esta deleznable actividad financiera ilegal va apareciendo ligada a estos dos clanes, que estaban muy unidos entre sí por lo visto, gozando de la impunidad otorgada por el poder cartista. No en vano, sólo después de la salida de HC del poder, se ha podido avanzar con todo en los procesos de lucha antilavado.
Romper el nudo
Comienzo tienen todos los procesos de investigación, pero el camino andado por Marito y la Fiscalía, al potenciar las acciones de la Seprelad de María Epifania González, la Senad de Arnaldo Giuzzio y el Ministerio Público de Sandra Quiñónez, está demostrando el compromiso firme de limpiar la maraña de protección política armada contra traficantes y blanqueadores de activos de dudoso origen.
Pero lo más complicado aparece en torno a la ruptura del nudo conformado por las contradicciones de los políticos, lo que es aprovechado por HC y sus cómplices para poner palos a la rueda de las intenciones de sanear la política que muestra Marito. Un ejemplo de ello son las acusaciones que también saltan contra exponentes del abdismo, como una especie de compensación a las municiones de grueso calibre que se lanzan contra los peces gordos cartistas, como ZI, OGD y Víctor Bogado, entre otros.
A tal punto que el propio Marito parece como dispuesto a poner un compás de espera para no disparar directamente contra HC, hasta que se ventilen todas las imputaciones contra los más altos exponentes del entorno del ex presidente, e incluso hasta que se llegue a solucionar también los turbios manejos de algunos expectables “chanchos propios” del abdismo que tienen sus techos de vidrio.
El riesgo de esta postura es que HC puede llegar a negociar su impunidad a cambio de algún arreglo que le evite eventualmente la cárcel o tener que devolver alguna suma fuerte al erario, como una suerte de compensación que involucre la pérdida de espacios políticos y la renuncia a seguir financiando proyectos políticos propios o de algún dirigente que se declare heredero del cartismo, posiblemente en las elecciones internas para la junta de gobierno de 2020 o las elecciones municipales del mismo año.
Lo peor del caso sería que se declare finalmente todo “columna del medio”, con una especie de empate técnico o pacto de no agresión mutua, que implique un opa rei o penas excesivamente benévolas, o incluso la devolución de sumas irrisorias que no condicen con lo evadido al fisco e incluso no tengan ningún parangón con los cuantiosos bienes malhabidos, como ya ocurriera con lo malversado y robado por el régimen de Stroessner.
Ahora la gente se “olvida” de HC, centrando sus ataques contra el resto de la manada afín a la narcopolítica, al lavado y al tráfico de influencias, pero la lucha contra la impunidad de Marito no debe dejar de lado la realidad de un masivo contrabando de cigarrillos que se sigue realizando hacia el Brasil, con su lado oculto de apoyo logístico para los cargamentos de drogas y el lavado de dinero que hasta puede financiar el terrorismo, según los datos claves que manejan la embajada norteamericana en Asunción y las agencias especializadas de Washington, que en su momento realizaron el operativo “Corazón de Piedra”, y que ahora no está cerrado, sino latente, a la espera de una nueva orden del Departamento de Justicia de Donald J. Trump.
La investigación fiscal
Otro caso impensado que podría ocurrir se registró también la semana pasada, con la investigación fiscal al clan ZI de Ciudad del Este. El recién iniciado proceso deberá llegar hasta las últimas consecuencias, abarcando igualmente el maridaje Javier Zacarías Irún-Horacio Cartes, sin cuya vigencia era imposible sustentar la protección política que gozaban los traficantes y lavadores de dinero en el período del anterior presidente de la República.
Van cayendo los políticos en manos de la Fiscalía, y como nunca antes acontece el tan temido efecto dominó que amenaza con alcanzar hasta las más altas cumbres del liderazgo partidario, tanto colorado como liberal, sacudiendo a los intocables protectores de los negociados e ilícitos que han sido el caldo de cultivo para el reinado del lavado de dinero y la delincuencia de guante blanco.
Pero he aquí que se debe realizar una seria advertencia sobre los pasos que tendrá que dar el Ministerio Público, a cargo de la Fiscala General Sandra Quiñónez (una ahijada del cartismo y muy vinculada a la vez al vicepresidente Hugo Velázquez), ya que cualquier intención de enviar a las calendas griegas, o al folclórico opa rei, los casos en análisis, podría impulsar una reacción ciudadana que se puede volver inmanejable.
De allí que resulta una obligación de la Fiscalía cerrar el círculo del proceso de investigación y posterior imputación al clan ZI, procediendo a la vez a investigar a HC, por cuanto está suficientemente clara la estrecha relación de contubernio feroz entre Javier y Horacio, para desarrollar la amplia protección política al narcotráfico, el contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero, que ha tenido lugar en las fronteras del país, con un gran crecimiento entre los años 2013 y 2018, en coincidencia con el período de gobierno de HC, según las evidencias que manejan las agencias norteamericanas como la DEA (antinarcos), el Departamento del Tesoro (lavado de dinero) y la dependencia federal para el combate al contrabando de cigarrillos, la ATF.
Es evidente que el cambio de gobierno y la movilización de la gente influyeron para que la fiscalía se animara a procesar a peces gordos como Óscar González Daher y llevarles presos, pero resulta sumamente preocupante que no se cerrase el círculo con una investigación y posterior imputación a HC.
El presidente Mario Abdo analiza probablemente una mejor oportunidad política o dejaría que, por ahora, los parlamentarios rompan lanzas entre sí hasta que se vea claro el panorama para adoptar determinaciones de mucho peso político, como sería el caso una investigación a fondo a Cartes.
Estrategia perversa
A falta de una decisión firme de Marito de un ataque contundente a HC , está en marcha una estrategia coaligada entre parlamentarios colorados y liberales, para contrarrestar la avalancha ciudadana de escraches y manifestaciones tendientes a luchar contra la corrupción y la impunidad, que podría llevar a los tribunales, por fin, a los políticos que durante años se abroquelaron en el Parlamento para conseguir blindaje y, de paso, obtener canonjías, privilegios y “negocios”.
Aprovechando en forma oportunista el “vacío de poder” provocado por la actitud prescindente de Marito y la postura observadora de los acontecimiento por parte de HC, los senadores Javier Zacarías Irún y Enrique Bacchetta fueron “pillados” in fraganti por su colega Paraguayo Cubas, la semana pasada, queriendo armar una sesión “secreta” de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, para escuchar a los candidatos a llenar las vacancias en la Corte, con lo cual se confirmaba la arremetida de un nuevo esquema de control sobre la Justicia que se está queriendo llevar adelante, en reemplazo del montado por Óscar González Daher, en su momento, desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
La jugada de los senadores tiene la intención de armar un nuevo sistema de “dictamen político” para las decisiones de la Corte y los magistrados del Poder Judicial, con lo cual las actuales investigaciones sobre enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, en la que están incursos varias decenas de políticos, quedarían luego neutralizadas por el manto del opa rei.
Payo Cubas le “cintareó” a ZI para cobrar una vieja cuenta pendiente desde el Alto Paraná, pero además del impacto mediático, la festejada ocurrencia en las redes sociales puso el dedo en la llaga, al destapar la gran olla podrida del nexo maléfico entre clase política y magistrados.
Precisamente, como si faltara un botón de muestra, la misma Asociación de Magistrados Judiciales abogó por una de sus integrantes, la camarista candidata a la Corte, Elodia Almirón, como “cupo femenino”, ya que se trata de la única mujer en las ternas. Pero la abogada sería nada menos que una protegida de Javier Zacarías Irún, ya que ella había facilitado, cuando era directora jurídica de la Aduana, la apropiación de ZI de las 9 hectáreas de terreno que eran inicialmente para los mesiteros, en la adyacencia del Puente de la Amistad, y que finalmente se convirtió en lugar para florecientes shoppings, en plena zona aduanera.
Zacarías Irún y Bacchetta habían armado la tramoya de la sesión “secreta” precisamente para recibir a la doctora Almirón, quien sería la paniaguada del nuevo esquema de “parecer político” para la Justicia.
¿Y quién funge de titular de la Asociación de Magistrados Judiciales? El camarista Enrique Mongelós, quien es esposo de Bettina Chavez, la cuñada de Óscar González Daher, actualmente imputado y preso en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Es decir, aparece con toda notoriedad y sin tapujos, la conexión renovada del esquema de “dictamen político” para la impunidad de parlamentarios, los liderazgos partidarios y de la clase política en general.
En una palabra, González Daher está recluido, con un gran proceso judicial en su contra, pero su esquema de control de la Justicia y la Fiscalía estaría gozando de muy buena salud, con el aporte de ZI, ahora también objeto de investigación, y la “bendición” seguramente hasta del mismo HC, con el crecimiento del nexo que podría ocurrir de llegar a la Corte la doctora Almirón, su brazo ejecutor del tema de las 9 ha., cuando ésta era abogada de la Aduana y no hizo nada para apelar ante la Corte la decisión del Tribunal de Cuentas en favor de Initial S.A., del Shopping del Este.
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