El asesinato del periodista de ABC color, Pablo Medina, en manos de sicarios, viene a confirmar que el país está en serio peligro de ser tomado por la narco-política. Este es uno de los mayores desafíos para el presidente Horacio Cartes, combatir esta mafia organizada, o sino indefectiblemente podemos convertirnos en una mini Colombia.
Los tentáculos del hampa se extienden de canto a canto en el Paraguay, que no acepta que nadie se inmiscuya en los negocios ilícitos que lideran estos hampones en la frontera. Y en caso de que lo hagan o lo quieran hacer, se termina pagando con la vida, como ocurrió con Medina.
Y si estamos insinuando que la narco-política está detrás del crimen del trabajador de prensa de ABC y su asistente, Antonia Almada, no estamos inventando nada, ya que el fiscal del caso, el lunes afirmó que la única sobreviviente del atentado reconoció plenamente por fotos, que uno de los autores materiales del crimen sería Wilson Acosta Marques, hermano del actual intendente de Ypehú, Vilmar “Neneco” Acosta Marques. Ambos prófugos y con orden de captura.
Todo apunta que detrás del asesinato del colega Medina está un grupo poderoso de hampones de la región de Canindeyú, que maneja la mafia, sometiendo a su antojo a los poderes fácticos, para gozar de total impunidad. Tampoco acepta que la prensa se ocupe de sus “negocios”, porque de hacerlo, eso puede tener un precio muy alto para aquel periodista que osa en difundirlo. Ahí está el resultado de los Medina. Ayer mataron al hermano de Pablo, hoy a él.
Y así la mafia en esta querida nación guaraní va sembrando miedo y terror en la población. En medio de todas las acusaciones también aparece el nombre de la diputada colorada de Canindeyú, Cristina Villalba, quien es acusada de protectora del intendente de Ypehú, “Neneco” Acosta, apuntado como el jefe del narcotráfico en esa zona. La legisladora es hermana del intendente de La Paloma, Carlos Villalba, considerado como el pionero del autotráfico en el décimo cuarto departamento.
Si uno empieza a atar cabos sueltos llega a la conclusión que la mafia tiene una fuerte protección de la política. El gobierno de Cartes tiene la brillante ocasión, al menos si hay voluntad, para desbaratar las organizaciones criminales. En la zona de Concepción, San Pedro y Amambay operan los narcocriminales, bajo la sombra del mal llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), mientras que en Canindeyú, la narco-política, que el jueves 16 último acabó con la vida de un periodista y su asistente.
En medio de esta lacerante realidad se encuentra el Paraguay, que sumada a una pobreza extrema, debe definir su futuro inmediato; entre el hampa o la justa distribución de la riqueza, para que se sueñe vivir en un país más equitativo para todos sus habitantes.
El Estado debe crear las condiciones necesarias para que la población pueda tener un desarrollo de vida más adecuado, generando fuentes de trabajo, una atención de salud mejor y una educación que permita la formación necesaria de los jóvenes, para que mañana empleen sus conocimientos en pos del país, pensando en un desarrollo sustentable, como tiene que ser en una nación que busca el despegue socio-económico.
No se puede seguir produciendo mártires, mientras la mafia cada vez está más afianzada, apoderándose de esta noble nación sudamericana. Cartes tendrá que extremar el mayor esfuerzo para acabar con la impunidad del crimen organizado, financiado con el narcotráfico y otros negocios ilícitos. El presidente tiene que poner todo el empeño para demostrar a toda la población paraguaya y extranjera, que el gobierno combatirá con todo lo que tiene al hampa, que continúa cobrando vidas de inocentes. Hay que acabar con la mafia organizada.
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