Acusan a jueza de descaradas irregularidades “jurídicas” en caso de acoso laboral de alto funcionario de Itaipú

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*Defensores de las víctimas señalan que magistrada actuó con parcialidad manifiesta a favor del acusado. 

 

Abogados que representan a las víctimas de acoso laboral por parte del jefe del departamento de embalse y áreas protegidas de la Itaipú Binacional, Ing. Hilario José Luis Hermosa, refieren que se encuentran en total indefensión en este proceso, porque la jueza ni siquiera quiso proveer copias del expediente a los denunciantes, teniendo que ungirle 4 veces para conseguirlo. Alegan que el sumariado debió ser separado del cargo para no entorpecer la investigación, pero indican que el abogado del denunciado es apoderado general del PLRA, correligionario de la jueza. Señalan además que el acusado ya amenazó y condicionó a todos los funcionarios bajo su cargo, siempre con aval de la jueza.

 

Por determinación N° DET/JE/002/2020, la Dirección Jurídica Ejecutiva de la Itaipú Binacional, la titular, abogada Iris Magnolia Mendoza, instruyó sumario administrativo para la investigación del acoso laboral contra Hilario José Luis Hermosa; y designó a la abogada Zulma Angélica Mercado Ramírez, como jueza instructora del sumario administrativo y al abogado Brice Alfredo Agüero Recalde, como secretario.

Magda Gómez, abogada defensora de la ingeniera Lourdes Silguero Godoy, denunció que la jueza Zulma Mercado, actuó con abierta parcialidad manifiesta, prevaricato e injerencia política, buscando blanquear las serias denuncias de acoso laboral, sexual, e inclusive discriminación, a favor de protegido de Itaipú, Hilario Hermosa. 

La defensa de los denunciantes alega que la jueza debió inhibirse de la causa por su amistad, familiaridad y trato cercano con el abogado de  Hilario Hermosa, el abogado  Rubén Ocampo Rivarola, apoderado nacional del PLRA. 

Refieren que es sabido que Zulma Mercado es activista del PLRA en el departamento de Alto Paraná, siendo tía paterna del concejal liberal Teddy Mercado, edil con lazo directo con Efraín Alegre, presidente de dicha nucleación política, violando así abiertamente la ley.

Resaltan las desprolijidades de la jueza en su obrar jurídico, con flagrante gravedad del mal desempeño en funciones, parcialidad manifiesta, e inocultable desconocimiento supino de la ley. Señalan que ignoró totalmente la propia normativa base que ella misma adhirió al sumario: la Resolución MTESS N° 388/2019 que establece el “Procedimiento de Actuación ante Casos de Violencia Laboral. Mobbing y Acoso Sexual en los Lugares de Trabajo, dentro de las Empresas”, donde la normativa agregada, por remisión de la directora Jurídica Ejecutiva de Itaipú, abogada Iris Magnolia Mendoza, junto con la denuncia, establece en su Art. 5° que dispone el procedimiento de denuncias ante hechos de violencia laboral, y en su numeral 1.2 establece que, en un plazo de cinco días, computados desde la recepción de la denuncia se debe iniciar la investigación tendiente a dilucidar el caso. También establece la adopción de medidas preventivas. vitales, como separación del cargo del acosador y la separación de espacios físicos de los afectados, redistribución de carga horaria, considerando los hechos alegados, ello sin perjuicio de otras medidas/sanciones aplicables al concluir la investigación, a los efectos de separar del cargo al sumariado y la prohibición de acercamiento del denunciado a la víctima y sus testigos.

La defensa alega que ninguna de estas medidas fueron cumplidas y el sumariado, Hilario Hermosa, continua ejerciendo poder e influencia en su cargo de jefe de Departamento de Embalse y Áreas protegidas de la Dirección de Coordinación, especialmente sobre aquellos que se encuentran bajo su dependencia, amenazando y atemorizando a los testigos de la víctima, inclusive presentándose en todas las audiencias testificales.

Estas alegaciones se pueden corroborar en declaraciones testificales de los funcionarios y subalternos, donde señalan y ratifican del temor y la zozobra que sentían los mismos por el denunciado, Hilario Hermosa, quien sigue ejerciendo presión desde su cargo. 

En ese sentido, indican que la jueza no ha realizado gestión alguna para que la Itaipú cumpla con su obligación de brindar protección a las personas vulnerables dentro de este proceso de investigación.

Denuncian además que se ha dilatado e incluso negado a las víctimas, la entrega de copia íntegra de los expedientes, siendo que la denuncia fue presentada en el mes de febrero de 2020, y fue solicitada por medios escritos en más de 4 ocasiones, sin embargo, la jueza hizo entrega de las copias del expediente recién el 9 de julio de 2020.

Refieren también que el sumariado hizo uso del derecho a la defensa en dos ocasiones, en forma escrita, y posteriormente la jueza le volvió a conceder la posibilidad de declarar el pasado 23 de julio, ya estando perimido el periodo de pruebas, luego de que hayan declarado todos los testigos, en absoluta violación al debido proceso. 

La jueza también evitó que la defensa de los denunciantes acompañen dicha declaración, que se realizó en privado, entre la jueza,  el denunciado y el abogado Rubén Ocampo, sin la presencia del secretario para labrar acta.

 

De esta manera, los abogados de los denunciantes señalan que la jueza Mercado, en absoluto mal desempeño de sus funciones ha pisoteado las garantías constitucionales del debido proceso, el de ser juzgado por jueces independientes e imparciales, demostrado parcialidad manifiesta y prevaricato contra las víctimas de la violencia laboral, con perspectiva de género y discriminación.

 

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