Escribe: Luis Alen.
El 1 de marzo de 2014, el presidente Horacio Cartes se despachó contra las empresas contratadas por Petropar para realizar el transporte de combustibles desde el Río de la Plata, alegando que el flete pagado ha sido siempre, en 30 años, “un robo descarado” al Estado. En otra declaración a la prensa, unas semanas después, dijo que el precio debería rondar la mitad de lo que efectivamente se paga.
Pero tras la reciente subasta a la baja electrónica, que en libre competencia entre las empresas oferentes redujo en 7 puntos el nivel del costo actualmente afrontado por la petrolera de US$ 54, Cartes decidió adjudicar el 40 por ciento del servicio a una empresa, Panchita G de Navegación, que ofertó el precio más oneroso de entre las cinco participantes en la licitación.
Casualidad o causalidad, el hecho cierto es que HC pisoteó sus propias declaraciones de hace un año y autorizó la adjudicación de Petropar a Panchita G, que ¡cotizó casi el mismo precio que paga actualmente Petropar!, con US$ 53,9 el metro cúbico, unos veinte dólares más del pedido presidencial de hace un año que la empresa estatal pagara sólo la mitad del contrato de 2012, que había establecido un flete de US$ 66 el m3, que luego fue bajando hasta llegar al actual US$ 54 el m3.
Pliego torcido: ¿dónde está el robo?
El jefe del Ejecutivo nacional decidió descalificar a una de las empresas que ofertó el menor precio, que por lo tanto debía ser la adjudicada, torciendo el pliego de bases y condiciones de la licitación. Dicho precio es US$ 47,5 el m3, ofertado por Naviera Alto Paraná, del grupo Mercopar, que juntamente con Riverpar, del grupo UABL, debían ser declaradas ganadoras como establece la ley de Contrataciones, no mediando ninguna otra objeción, ya que las dos empresas llegaron “controladas” por sus respectivas matrices, de gran experiencia en el ramo y en línea con lo aceptado por el pliego.
Como por lo visto Panchita G debía ser una de las ganadoras (Riverpar se llevó el 60 por ciento), el presidente Cartes descalificó a Naviera Alto Paraná por no presentar documentos como el certificado de no adeudar impuestos correspondientes a su matriz Mercopar, lo que no estaba previsto en el pliego y que le fue solicitado después de presentar su precio en la subasta, con un plazo de 48 horas para su cumplimiento.
También fue descalificada otra oferente, Montealegre, en tanto que Naviera Yerutí decidió retirarse. Así, el camino estaba allanado para Panchita G, con evidentes estrechos contactos en el Gobierno y vinculada a Ultrapar y a Puma Energy, que a su vez son subsidiarias de la trasnacional Trafigura, con sede en Ginebra, Suiza, de negros antecedentes por entregar hace unos años a Petropar combustibles de baja calidad.
El “robo descarado” se dio realmente en la licitación, y afectó a la mejor oferta, menor en US$ 7 dólares que el actual precio vigente para Petropar. Panchita G deberá cobrar los US$ 47,5 ofertados por Naviera Alto Paraná, finalmente descalificada, pero queda la impresión que la maniobra para favorecer a aquélla estuvo astutamente calculada, como un premio a la que ofertó más caro y casi al mismo nivel de lo que paga actualmente la petrolera estatal, que según Cartes “es un robo descarado”.
Lo correcto hubiera sido adjudicar a los precios más convenientes ofertados, sin buscar entuertos y caminos retorcidos, o directamente declarar desierto el llamado, ya que premiar a la oferta más cara no va en consonancia con lo dispuesto por la legislación vigente.
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