Escribe: Luis Alen.
Entre el 25 y el 27 de este mes está prevista la visita al país del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Será una oportunidad propicia para plantear la problemática de la Hidrovía ante el foro mundial y las consecuencias de la falta de cumplimiento de la Argentina de sus compromisos, poniendo en jaque la libre navegación de los ríos internacionales.
Paraguay siempre fue el más afectado por las medidas proteccionistas de Argentina, especialmente de importación, ya que gran parte del comercio exterior de nuestro país se realiza utilizando la salida al mar por la Hidrovía Paraguay-Paraná.
Ahora la Organización Mundial de Comercio (OMC) acaba de confirmar su fallo en el sentido de que el Gobierno de Buenos Aires realiza prácticas que riñen con el ordenamiento jurídico internacional en materia de intercambios, tras considerar que son ilegales las medidas de restricciones a las importaciones.
La Argentina en primer lugar y las empresas del vecino país por derivación, son pasibles de sufrir sanciones de retaliación por parte de los países socios comerciales, al quedar firme la obligación de cumplir los compromisos legales asumidos internacionalmente, después de haber establecido medidas que riñen con las prácticas globalmente aceptadas, como son la instrumentación de dudosas excusas solapadas en permisos previos de importación, forzar a compensar los dólares de las compras externas con dólares de exportación o condicionar el giro de divisas a planes de inversión.
Esta situación obligará a la Argentina a negociar con los países con los cuales comercia en el marco de la OMC, la organización global de la que es miembro. El Paraguay debe aprovechar este momento para exigir a la Argentina el cumplimiento de sus obligaciones en materia de comercio, dadas las numerosas restricciones que aplica, no sólo en materia de intercambio de bienes, sino también al trabar el normal desarrollo de la logística naviera en la Hidrovía Paraguay-Paraná.
Paraguay, principal perjudicado
El Gobierno paraguayo tiene sobrados motivos para reclamar un cambio en la forma de manejarse de la Argentina en la Hidrovía y en su intercambio comercial.
Paraguay es el principal perjudicado por su condición de país sin litoral marítimo que depende para su salida al Atlántico por el territorio argentino a través de ríos internacionales que son gestionados por Buenos Aires como si fueran de su única propiedad.
A las medidas tenidas como ilegales por la OMC, como la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) y la Licencia Previa de Importación (LPI), se le suman otras trabas vejatorias argentinas que afectan al comercio exterior paraguayo, como el escaneo de contenedores en terminales portuarias, la obligación de embarcar prácticos argentinos en las naves de la flota nacional, los controles abusivos de la Prefectura Naval, la prohibición de trasbordos de mercaderías en los puertos uruguayos, la limitación del tonelaje y dimensión de los convoyes de barcazas, las multiplicadas tramitaciones burocráticas aduaneras, los extorsivos manejos de los sindicalistas portuarios y el tratamiento inamistoso de los efectivos de la Gendarmería en los pasos fronterizos de Clorinda, Posadas y Paso de Jama (frontera con Chile), que constituyen toda una gama de ilegales barreras con que se entorpece el comercio así como la libre navegación en la Hidrovía Paraguay-Paraná.
La diplomacia paraguaya ha expresado sus pedidos en el marco de las Naciones Unidas para que se facilite el comercio y la salida al mar de los países sin litoral. Ahora es el tiempo, tras la ratificación de la OMC con relación a la ilegalidad de las trabas comerciales de Argentina, que el Gobierno paraguayo reclame al de Buenos Aires el desmantelamiento de las trabas para la libre navegación en los ríos internacionales y que afectan el normal flujo de nuestro comercio exterior, en contradicción directa a los acuerdos internacionales.
El primer paso en dicha dirección debe ser la convocatoria a los cinco países signatarios del Acuerdo de la Hidrovía (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) para reactivar la Comisión Intergubernamental, que no se reúne desde 2012, de tal forma que se exija a la Argentina que se adecúe al marco legal de las reglamentaciones de navegación aprobadas en consenso e introduzca las mismas en su legislación interna.
Es hora también que el tema de la Hidrovía se incorpore a un paquete de negociaciones con la Argentina que incluya lógicamente el espinoso asunto de la supuesta deuda de Yacyretá y de la prestación de los servicios de electricidad de la represa binacional, en aras de la protección de los altos intereses nacionales.
Asimismo, se debe aprovechar la próxima visita al país del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, cuya agenda incluye la problemática de los países sin litoral marítimo como el Paraguay, para interponer los buenos oficios del titular del organismo mundial con el fin de convencer a la Argentina a cumplir sus compromisos internacionales en los ríos Paraguay y Paraná, de tal forma a consagrar en forma definitiva los derechos inalienables de nuestro país a una salida al mar sin trabas de ninguna naturaleza.
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