Tras un intenso debate, la Cámara de Diputados aprobó en general y postergó en particular por una semana el proyecto de modificación a la ley de pensión para adultos mayores para eliminar el censo, para hacer modificaciones a fin de asegurar efectivamente los fondos.
La aprobación en general fue reflejo de que nadie cuestionó aspectos fundamentales del proyecto de ley “que establece la y dispone beneficios de acceso e inclusión”, como ser la ampliación de la cantidad de beneficiarios. Las críticas que motivaron la postergación en particular por una semana, guardan relación con ajustar el proyecto y evitar exclusiones injustas y buscar asegurar la fuente de financiamiento.
La presidenta de la comisión de Presupuesto, Cristina Villalba (ANR, cartista) leyó el dictamen por la aprobación, que refiere que la iniciativa busca eliminar el censo que hasta ahora se implementa para sumar beneficiarios, y que propios oficialistas como el líder de la bancada colorada B (Oficialista), Hugo Meza, reconoció era una “fuente de corrupción”.
Uno de los más grandes críticos a aspectos específicos del proyecto fue el diputado Antonio Buzarquis (PLRA, C) que de entrada pidió “no mentir” a los abuelitos, ya que la “universalización” no será inmediata, es decir, “a cuenta gotas va a ir entrando” los 200.000 adultos mayores que están en espera.
Unos 30.000 nuevos adultos mayores por año
Según Villalba, actualmente existen unos 312.000 beneficiarios que cobran mensualmente G. 670.093, y la ley establece una inclusión anual de hasta 30.000 nuevos beneficiarios, “según disponibilidad presupuestaria”.
A dicho ritmo, Buzarquis estimó que al menos llevará 7 años incluir a los 200.000 adultos mayores, eso sin contar nuevas personas que cumplan 65 años, edad a partir de la cual se puede ser beneficiario.
Otro punto que fue cuestionado es el de los requisitos para ser beneficiarios. Hay cuestiones lógicas como no tener remuneración (sea salario o jubilación) tanto del sector privado como público, no estar registrado en el Impuesto a la Renta Personal (IRP) y al Impuesto a los Dividendos y las Utilidades (IDU), pero también otras tildadas de ridículas, como ser descalificado por tener “más de treinta cabezas de ganado”.
La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) enfatizó en el ridículo de este último punto y pidió testar. También remarcó que se plantea sanción penal con cárcel de 6 meses a 3 años a los que excluyan irregularmente a personas, y ella plantea agregar la misma sanción para los que agregan a gente irregularmente, a fin de evitar la partidización.
MEF advirtió falta de fondos para adultos mayores
Los colorados oficialistas estaban empeñados en apurar como sea el tema, hasta que el diputado Raúl Benítez (PEN) pidió que se aclare de donde saldrán los fondos, para no mentirle a los adultos mayores que están esperanzados.
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