Escribe: Luis Alen.
En momentos en que se conocen datos reveladores sobre lo que el Paraguay dejó de percibir en Itaipú por causa de los perjudiciales parámetros financieros fijados en el Tratado de 1973, el Brasil ya presiona a nuestro país para iniciar ahora negociaciones sobre puntos críticos, como la contratación de la energía para el período 2019-2022, junto a otros ítems no menos importantes que hacen a la operación de la usina binacional.
El Gobierno paraguayo deberá tener sumo cuidado en no dar un paso en falso en la discusión con los socios condóminos de la represa que se plantea ya, sobre seis puntos, entre ellos el cronograma de contratación de potencia por los próximos tres años, porque un error podría condicionar en forma decisiva la renegociación del Anexo C del Tratado, que se debe realizar incluso antes de 2023.
La posición de nuestro país en las negociaciones que se avecinan debería ser transparentada y discutida a nivel de toda la ciudadanía, sin que se vuelva a producir la inveterada costumbre de nuestro liderazgo político de los hechos consumados, repetida tantas veces en Itaipú como en la otra binacional Yacyretá, para esconder generalmente graves lesiones al interés nacional y al bolsillo de todos los habitantes del país.
Ya lo acaba de confirmar nuevamente el doctor Miguel Carter, destacado especialista paraguayo en economía política, residente en los Estados Unidos, en una conferencia sobre el tema el lunes pasado en Asunción, cuando calculó en un promedio de US$ 75.400 millones lo que dejó de percibir el país en Itaipú en el período 1985-2018, en una operación continua de la usina de 33 años.
Aplicar precios de mercado
El problema más grave en Itaipú, y ni qué decir en Yacyretá, es que los socios condóminos aplican un “precio político” y no el precio de mercado que se debería pagar sobre la energía paraguaya vendida (no cedida, como dicen mal los tratados en ambos casos)
Este precio de mercado tendría que ser cobrado por el Paraguay en forma soberana y no aceptar la imposición de un “precio político” que pagan los socios sobre la “cesión” de la energía no consumida por nuestro país, que en el caso de Itaipú llega al 40 por ciento de la energía retirada por la Eletrobras, mientras que en el caso de Yacyretá es casi total el retiro, donde actualmente la Argentina lleva prácticamente el 100 por ciento de la generación de electricidad.
El cálculo de Carter se hizo precisamente sobre la base de una canasta de precios vigentes en el mercado brasileño en materia de generación y distribución de la energía eléctrica, llegándose a un promedio sobre el cual se realizó la estimación, bastante real, de la pérdida que tuvo el Paraguay en Itaipú, por la aplicación de los dañinos términos del Tratado que cumplirá 50 años en 2023.
Esta lección es la que se debe tener en cuenta a la hora de negociar con Brasil, para no permitir, por ejemplo, que de entrada el Brasil vaya preparando el terreno para su objetivo número uno que es “bajar” el precio de la energía a ser pagada al Paraguay, en la misma medida en que se reduce a cero la deuda de la usina, que se consumará en 2023.
El “precio político” a ser impuesto por la otra parte al Paraguay, si es aceptado en forma ruin, implicará la continuidad de las pérdidas económicas y sociales del período de 33 años analizado por Miguel Carter. En cambio, la “causa nacional” planteada por el experto compatriota implicará la recuperación de la soberanía sobre la energía, para aplicar su rentabilidad a los urgentes planes en salud, educación e infraestructura, que requiere nuestra sociedad.
Tampoco se debe dejar de analizar la posibilidad de contar con la capacidad de ir consumiendo gran parte de la energía que le corresponde al Paraguay tanto en Itaipú como en Yacyretá, pero, desde ya, lo que debe hacer el gobierno de Marito Abdo es ponerse firme en la defensa de los altos intereses de la nación en las hidroeléctricas del río Paraná.
Porque en su condición de condómino y dueño de la mitad de las aguas que generan la electricidad, se confirma ahora, que, a pesar de esta calidad de propietario de una gran capacidad de generación energética, el país recibió y recibió sólo un escuálido retorno económico, de 15 mil millones de dólares entre 1985 y 2018, en vez de 75.400 millones que cómo mínimo debió percibir, o sea cinco veces más.
Lo graficó Carter, al decir que de una condición de 50 por ciento de la propiedad de la energía generada en Itaipú, el Paraguay percibió sólo el 16 por ciento de la riqueza generada, llevándose el Brasil la parte del león, es decir el 84 por ciento, por la vigencia del “precio político” impuesto durante todo el tiempo de operación de la usina.
Y lo peor es que en el lado brasileño se fijan precios residenciales e industriales de la energía que se rigen por criterios de mercados mayoristas y minoristas, para los que tampoco llegaría en muchos casos la rebaja pretendida por el gobierno de Brasilia en Itaipú.
La intención solapada es que, con el “precio político” impuesto al Paraguay, se siga financiando tanto las inversiones en represas y usinas para generación, como las ganancias siderales de las empresas privadas ligadas al sector eléctrico brasileño, como es el mismo caso de la Eletrobras, cuyo paquete accionario contiene capitales privados e incluso capta inversores en la bolsa de Nueva York.
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