Con el fin de no seguir siendo víctimas del manoseo del clan Zacarías, un grupo de trabajadores de la vía pública, pretende la modificación de la ordenanza número 35/2002, que regla la ocupación de los espacios públicos en Ciudad del Este.
El pedido fue realizado por la Asociación de Trabajadores y Comerciantes Independientes (Atraci) el pasado 4 de julio ante el pleno de la Junta Municipal. Concretamente piden la modificación de los artículos 3, 5, 6, 18, 25, de la ordenanza municipal 35/2002, además de la ampliación, agregando otros dos artículos. El proyecto se presentó el pasado 4 de julio y está en estudio en la Junta Municipal.
En la nota presentada en la Junta Municipal, la Atraci señala que la actual ordenanza atenta contra la estabilidad y la convivencia de la clase trabajadora del microcentro. “Debemos humanizar las instituciones públicas. Las leyes deben estar al servicio del hombre y no a la inversa”.
“Así como está redactado actualmente sólo sirve para castigar y despojar de los beneficios a la clase trabajadora. No ayuda para armonizar la convivencia humana en la sociedad. Es una ley que sirve para extorsionar y crear zozobra a los trabajadores del microcentro y dar beneficio a algunos funcionarios municipales y a supuestos dirigentes sociales”, añade el escrito.
Añade: “Una ley que solo sirve para castigar y despojar beneficios de la clase trabajadora no ayuda para armonizar la convivencia humana en la sociedad. Es una ley que sirve para extorsionar y crear zozobra a los trabajadores del microcentro del cual solo sacan beneficios algunos funcionarios municipales y supuestos dirigentes sociales”.
Entre otros puntos solicitan que el plazo de validez de los permisos de ocupación, tanto para salones, casillas y mesitas, se extienda hasta que sean reubicados en forma definitiva en el predio de 9 hectáreas. Actualmente los permisos sólo duran un año.
También piden la depuración de la lista de beneficiarios y el castigo para los dirigentes de gremios que hayan fraguado la lista de sus asociados. Según Atraci entre los beneficiarios están empresarios de origen árabe y chino, como mesiteros y casilleros.
En este contexto se pide la ampliación del artículo 35, para que se sancione al dirigente con la inhabilitación de realizar trámite ante la institución municipal por un término de tres años, debiendo el municipio recuperar el puesto de trabajo.
También se solicita que se establezca que los baños públicos ubicados en el microcentro sean administrados por la comuna. Hoy están bajo cuidado y explotación de un gremio de mesiteros. La intención es que el servicio sea gratuito, la comuna contrate a funcionarios para el cuidado y que los horarios sean de 5 a 21 horas, dividido en dos turnos.
La ordenanza fue sancionada durante la administración municipal del abogado Javier Zacarías Irún. “Como cada año tenes que renovar la autorización para seguir trabajando, te pone a merced de esta gente y nosotros queremos cambiar eso”, aseguró Javier Miranda, presidente de Atraci.
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