Escribe: Luis Alen.
Continúan los escándalos sin interrupción, semana tras semana, que sacuden el ambiente político del país opacando cada vez más las internas del Partido Colorado, cuyos discursos no traen nada novedoso en comparación a los espeluznantes relatos de hechos de corrupción que son ventilados a través de las denuncias que van saliendo en los medios para asombro de la ciudadanía.
Pero el detalle que dejó más estupefactos a los ciudadanos ocurrió ahora con la difusión, siete meses después, de la conversación grabada que tuvieron en noviembre de 2014 el ministro de la Senad, Luis Rojas, los senadores Arnaldo Giuzzio y Arnoldo Wiens, con un narco devenido en soplón del organismo antidrogas que a la sazón se hallaba detenido en la principal base de operaciones de la secretaría.
Resultó en definitiva el cumplimiento de la amenaza de Carlos Sánchez, alias “Chicharó”, el diputado colorado suplente por Amambay que había prometido promover un verdadero “terremoto” político con la difusión del material, como toda respuesta a su detención tras haber mantenido una reunión nada menos que en Mburuvicha Roga, pese a contar con una orden de captura.
El ya famoso audio difundido en la televisión la noche del viernes 5 de junio, horas después que Horacio Cartes abordara el avión con rumbo a Europa para observar la final de la Champions, resulta lapidario no sólo para las autoridades y la clase política juntas, sino también no deja bien parado al propio presidente de la República.
Es que nadie puede creer que Cartes no supiera de la existencia del audio y de su contenido, más aún cuando en él se escuchan graves acusaciones contra el viceministro del Interior, Javier Ibarra, fiscales, policías y políticos de la zona caliente de Canindeyú, y con alusiones directas de pagos de los narcotraficantes al clan Villalba que domina la región fronteriza con el Brasil.
La grabación estaba circulando en sedes oficiales como también entre los narcos, quienes por lo visto querían utilizarla para responder con un misil no sólo al ministro Rojas y al senador Arnaldo Giuzzio, que habían revelado a fines del año pasado las vinculaciones de legisladores y políticos con el narcotráfico en una sesión del Senado, sino también se ponía en evidencia hasta qué punto campea en el país, sin ningún rubor en el rostro de los denunciados, la total impunidad que rodea a los políticos con ligazones “non sanctas”.
Preocupante actuación del Presidente
Quién en más culpable: el narco que paga protección o el político que recibe la dádiva con la promesa de dar cobertura al negocio. Ambos lados están en la misma exigencia de responder ante la ley, pero es notorio para los mismos narcos que se cometió con ellos la “injusticia” de perseguirlos y ponerlos entre las rejas, mientras los clanes políticos protectores de la frontera continúan en sus puestos confirmando lo que ya se presumía, con referencia a que estamos en pleno apogeo de la narcopolítica en el Paraguay.
Podría afirmarse que la sola denuncia verbal de un narco “arrepentido” no resultaba la mejor forma de presentar ante la sociedad los nombres de los narcopolíticos. Pero sin hacer mención a la grabación, de igual forma se llegó a denunciarlos en el informe al Senado.
Las autoridades se escudan en este pretexto para no dar a conocer el audio ya en noviembre del año pasado, aduciendo que necesitaban acompañar los dichos con más evidencias firmes, pero lo cierto es que Giuzzio se animó a dar los nombres en su informe final de la comisión investigadora del narcotráfico, y entre ellos figuraban los del clan de Canindeyú encabezados por la “Reina del Norte” la diputada Cristina Villalba, muy vinculada al oficialista movimiento Honor Colorado.
El ministro del Interior, Francisco de Vargas, trató de exculpar al presidente Cartes, señalando que el titular del Ejecutivo no estaba enterado del contenido del audio.
Sólo ahora HC pidió “profundizar” las investigaciones y dar paso a la actuación fiscal. Después de siete meses que el audio circulaba de mano en mano, el jefe de Estado ordena una primera medida, pero sin realizar aún ninguna movida tendiente a destituir a los funcionarios acusados o a separar a los políticos denunciados de la ANR, como se llegó a hacer con “Chicharó”, quien ahora se declara un “perseguido” político.
Lo preocupante en el proceder presidencial radica en que no realiza la necesaria tarea de barrer con la presencia de narcos como candidatos o directamente como padrinos de políticos que han llegado a contaminar en sumo grado las bases de su propio partido en varias zonas del país. Por el contrario, parece avalarlos con su actitud de demorar la actuación, por ejemplo, contra quienes son involucrados por el narcotraficante detenido en la Senad, Ezequiel de Souza, de nacionalidad brasileña y quien fue el delator del esquema de protección de los políticos y funcionarios de la frontera.
El primer gran sacudón tuvo el país con el asesinato del periodista Pablo Medina, en octubre pasado, lo que marcó un punto de inflexión para que salieran a relucir las preocupantes dimensiones de la narcopolítica.
Siete meses después, la difusión del audio del preso de la Senad promete agregar más argumentos para decir que la mafia se enseñorea de las instituciones, sin que la cabeza del Ejecutivo se anime a tomar alguna medida para evitarlo y menos aún lo harán la Fiscalía y el Poder Judicial, atenazados como están por el predominio cartista tanto en la política como en los organismos que imparten Justicia.
Sólo queda la esperanza de que los senadores rebeldes del G15 ayuden a revertir esta situación, eligiendo de su grupo al nuevo titular del Congreso, pese a que los resultados de las internas del 26 de julio son cada vez más inciertos, valiendo sólo el dato de que en Capital no lograron armar la lista para la junta y la intendencia, por ciertos “olvidos” de sus apoderados, lo que provocó la presentación de los documentos después del vencimiento del plazo establecido por el tribunal electoral.
¿Es una entrega anticipada al poder oficialista? ¿Estamos ya ante la “crónica de una derrota anunciada”? Ojalá nos equivoquemos.
Lo que queda también a la vista es que Cartes privilegia los acomodos del poder, premiando las lealtades a pesar de los hechos de corrupción, como está demostrado en el caso del contralor general, quien procede de las carpas oviedistas, cuyos exponentes son ahora aliados fieles del cartismo.
El contralor hasta ahora no está siendo sometido a juicio político en la Cámara de Diputados por el apoyo de la bancada oficialista, a pesar de las múltiples denuncias contra su actuación, entre ellas la de haber evitado por años la auditoría a la municipalidad de Ciudad del Este, un feudo de los Zacarías.
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