¡Auditoría ya!

Con la aclaración realizada el pasado 5 diciembre por la Corte Suprema de Justicia, por fin se abre la posibilidad, después de 12 años, que la Contraloría General de la República (CGR) pueda auditar la municipalidad de Ciudad del Este, que está abroquelada desde el 2001 a cualquier examen de gestión contable.
El clan Zacarías, que maneja la comuna paranaense como un negocio privado siempre recurrió a recursos jurídicos traídos de los pelos, para impedir que la Contraloría realice sus tareas, como el órgano natural de control de todas las instituciones públicas del país, así como está establecida en la misma Constitución Nacional.
La explicación efectuada por la Corte es clara y contundente, donde afirma que los acuerdos y sentencias de la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial, que hayan dado lugar a las acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 2.248/2003 no otorgan a las instituciones públicas una barrera, que imposibilite que la CGR cumpla con su rol de verificar las cuentas de la diferentes organismos públicos del país.
Con esta medida, la Contraloría sin más trámites puede ingresar a la comuna de la capital del Alto Paraná a efectuar su trabajo de auditoría, para que de esa manera la ciudadanía y especialmente, los contribuyentes del segundo municipio más importante de la república, puedan conocer el destino dado a los recursos ingresados en diversos conceptos. Otro detalle trascendente es que los fallos judiciales que dan competencia al Tribunal de Cuentas no impiden al ente contralor revisar los balances contables de todas las instituciones del Estado.
Evidentemente que el clan Zacarías buscará seguir recurriendo a chicanas jurídicas a través de sus “amigotes” de turno, que tiene tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, para continuar gozando de la impunidad, que le permitió desde el 2001 hacer un verdadero carnaval con los multimillonarios recursos de la municipalidad de Ciudad del Este, cuyo presupuesto anual de gastos, oscila los 43 millones de dólares.
“No hay mal que dure 100 años”, reza un adagio popular, y que en esta oportunidad puede ser desempolvado, observando la situación planteada con el municipio esteño, luego de la aclaración realizada por la Corte, allanando así el camino para una auditoría de la institución municipal, que sería el previo paso para una eventual intervención.
Existieron varios intentos de auditar la ex gestión de Javier Zacarías Irún, como la actual, de su esposa, la intendenta Sandra McLeod. Pero el tráfico de influencia ejercida  por el jefe del clan impidió que hasta hoy la Contraloría pueda hacer sus tareas en dicha institución. El último intento generado en el seno de Diputados fue encajonado por el entonces titular de la cámara baja, Víctor Bogado, hoy senador desaforado, investigado por la justicia por nepotismo y presunta estafa.
Javier Zacarías Irún, hasta hoy cerró todas las compuertas para una auditoría de gestión contable a la Contraloría. Anualmente recurre a al Tribunal de Cuentas, que sin más trámites, suele blanquear la administración del clan Zacarías, grupo que desea continuar en la dulce impunidad, para de esa manera seguir robando el sueño y la esperanza de los honestos y sacrificados pobladores esteños.
El Contralor debe tener la agalla suficiente y sin excusas burocráticas llevar adelante la anhelada auditoría en la municipalidad de Ciudad del Este, que en 12 años de gestión no conoce de la presencia en la institución de fiscales auditores del máximo órgano contralor del país. ¡Auditoría ya!