Basta de burla

A pesar de las permanentes denuncias realizadas contra los policías de Tránsito de la municipalidad de Ciudad del Este, éstos continúan aplicando sus “golpes” contra indefensos conductores de vehículos. Es una burla de las mismas autoridades municipales, quienes apañan el bandidaje.
Esa total impunidad de la que goza el director de Tránsito de la institución, Carlos Florenciáñez, por parte de la intendenta, Sandra McLeod de Zacarías, deja al descubierto que la recaudación recogida en concepto de “coima” llega hasta la propia corona; de lo contrario, no se explica tanta tolerancia para los corruptos por parte de la jefa comunal local.
Lejos de combatir la terrible crisis comercial que enfrenta desde hace tiempo la capital departamental, los “zorros” emprenden una sistemática persecución contra los pocos extranjeros que se llegan hasta esta zona fronteriza del país, encepándole sus rodados. Algunos van más lejos, y en connivencia con los policías o marginales que operan en el microcentro, roban a los visitantes, despojándoles de las mercaderías adquiridas.
Esta es la triste radiografía de una Ciudad del Este que sufre los embates de la crisis económica. Como si no bastara la aguda recesión, las propias autoridades municipales “contribuyen” para que la otrora capital mercantil de la República, vaya lentamente a convertirse en un “gran palomar”, una premonición lanzada en su momento, por el extinto ex presidente de la Cámara de Comercio, Hussein Taijen.
Los mal llamados agentes de Tránsito son apenas ladrones, vestidos de verde hoy en día. Los mismos están capitaneados por el ex militar Carlos Florenciáñez, quien en su momento, por presión ciudadana fue sacado del cargo. Pero poco tiempo después el clan Zacarías lo repuso en su puesto, porque quien le sustituyó no era buen “recaudador” para la corona. De lo contrario, no habría otro justificativo, atendiendo que Florenciáñez fue destituido por corrupción (sic).
Queda evidenciado que el clan Zacarías ha convertido Ciudad del Este en un territorio aparte del Paraguay, porque aquí son ignorados por este grupo dominante la Constitución y las leyes. Lo que rige en esta comarca fronteriza, es la ley de la jungla, la del más fuerte. En este segundo distrito más importante de la República varios jueces y fiscales hacen pago de favores, porque una gran mayoría está en el cargo gracias a la influencia política ejercida ante los poderes fácticos por Javier Zacarías Irún.
El cinismo de las actuales autoridades municipales de la capital del Alto Paraná no tiene límite, donde en cualquier acto público pontifica a los cuatro vientos sobre la “honestidad y transparencia” administrativa. Sin embargo, da la espalda a la galopante corrupción practicada en la municipalidad, donde el clan Zacarías, desde el 2001 (año que tomó el poder) no permite que la Contraloría General de la República (CGR) ingrese a realizar una auditoría de gestión.
Esta incongruente fórmula, basada en la mentira, lentamente va desgastando a los actuales inquilinos de la municipalidad paranaense, a tal punto, que Sandra McLeod ya es mirada hasta con desprecio por un vasto sector de la ciudadanía, que ya se cansó de esa práctica clientelista, con la que el clan Zacarías retuvo el poder comunal durante varios periodos. Es hora de darle el castigo final en las urnas a estos grupos perversos, que juegan con el sueño y esperanza del pueblo. Basta de burla.