Escribe: Luis Alen.
Para que no surgieran dudas acerca de la aterradora intención del pacto de impunidad abdo-carto-llanista, sólo algunas pocas horas pasaron para que, después de consumado el tenebroso contubernio, un juez amigo del clan ZI decidiera en Ciudad del Este archivar el proceso por enriquecimiento ilícito contra Javier Zacarías Irún.
¿Qué pasó para que en un movimiento relámpago se compaginaran los tiempos políticos y judiciales que permitieran a ZI quedar impune en un juicio que inevitablemente le podía llevar a la cárcel?
La explicación más rápida es que la tan mentada como mentirosa “paz partidaria”, unida a la funcional predisposición del liberalismo comandado por Blas Llano para servir de comparsa al poder de turno con el fin de sacar prebendas y cargos, una vez más resulta usada para engañar al pueblo sobre un supuesto otorgamiento de gobernabilidad al mandato en apuros de Marito Abdo.
El inmediato “blanqueo” judicial al jefe del clan desmiente que el pacto sea por gobernabilidad, ya que Marito hubiera buscado el apoyo parlamentario de otras bancadas y especialmente en el Senado. En cuanto al supuesto acuerdo del año pasado sobre las mesas directivas de ambas cámaras, también lo podía haber soslayado tranquilamente, con tal de no caer en la trampa de la impunidad cartista-zacariísta.
El verdadero motivo para desinflar el ímpetu inicial abdista por implantar en el país la Justicia “caiga quien caiga”, sería nada más y nada menos que la imposibilidad de atacar a fondo el reinado del lavado de dinero y los tráficos, con protección política.
Han caído nombres poderosos, es cierto, como Óscar González Daher, Víctor Bogado o Dionisio Amarilla, pero alcanzarle a Zacarías Irún por lo visto ya se acerca a un nivel peligroso en el que podría llegar a ser tocado el mismo Horacio Cartes, si las investigaciones se profundizaran por ejemplo sobre el “affaire” Darío Messer.
Ahora depende de HC
De esta forma, la peor consecuencia de la opción abdista de caer en las garras del ominoso pacto, es la dependencia que tendrá del cartismo para la toma de decisiones. Esto, además del mensaje inequívoco que se envía a fiscales y jueces acerca de hacia dónde se inclina la balanza del poder para el blindaje a los peces gordos de la protección al lavado de dinero, los tráficos y el contrabando masivo.
Ya hace algunos meses HC había predicho que Marito se plegaría finalmente a sus designios con tal de sacar adelante una mínima posibilidad de continuar en el gobierno. Pero al precio de arriar las banderas de lucha sin cuartel contra la impunidad, lo que no se comprende por qué, debido al compromiso asumido con los votantes que habían apostado por Abdo con el fin de erradicar la narcopolítica y la corrupción del Estado.
¿Pero cuál ha sido la razón exacta para la consumación de la “renuncia” abdista a sus declamados principios anticorrupción? Debió haber una causa muy grave para que se arriaran las banderas de lucha contra la impunidad, más aún cuando hubo un clamoroso juramento ante el pueblo y se había llegado a comprometer ante Estados Unidos la lucha frontal contra el lavado y el financiamiento al terrorismo.
Casi con seguridad la explicación se debe buscar en el mal momento que está pasando el hermano del presidente, el ministro de Hacienda Benigno López, en el tema IPS, cuya cuestionada administración al frente de la entidad previsional durante la era Cartes se ha trasladado hasta el nuevo gobierno abdista, poniendo en aprietos la estabilidad financiera misma de la institución que debe vigilar el dinero aportado por los miles de afiliados al seguro social paraguayo.
La quiebra técnica del IPS podría estar a la vuelta de la esquina por consecuencia de los comprobados malos manejos en los recursos de la entidad, que se concretaron especialmente en la gestión de Benigno entre 2014 y 2018, y su continuidad con Armando Rodríguez, puesto allí por el actual ministro de Hacienda.
La gota que colmó el vaso han sido las sucesivas denuncias sobre licitaciones del IPS supuestamente amañadas como la de las guardias privadas, con el sonado escándalo en que se vio envuelto el senador Dionisio Amarilla, o la de colocación de los fondos previsionales en un banco de plaza, que son pasibles de investigaciones fiscales que ahora, con el pacto de impunidad, no tendrán el mismo brío, a pesar de que inicialmente se esperaba que la anunciada independencia de la Justicia fuera probada con los juicios al poder y la vigencia del “caiga quien caiga” de Marito Abdo.
Un rumbo definido
Con la Justicia domesticada y el control de HC sobre el Parlamento, el presidente de la República tiene poco margen de maniobra para ejecutar una política autónoma destinada a combatir a la mafia enquistada en el poder.
De allí que se pueda afirmar sin rodeos que el rumbo del actual gobierno ya está definido, porque si Marito amaga salirse del esquema, corre el riesgo de un juicio político de sus oponentes ahora convertidos en “garantes” del fracaso de su gestión.
Es que si continúa con la tesitura de plegarse a los designios del cartismo, Marito tendrá que cargar con el estigma de haber mentido a la gente que lo votó. Es sencillo: o se juega con todo contra el poder mafioso, o termina su período sin pena ni gloria, por más que el cartollanismo le provea a Colorado Añetete de los votos para maquillar una gestión insulsa y desteñida.
Payo debe pedir
expulsión de ZI
El senador Paraguayo Cubas prometió que al reasumir su banca, después de la suspensión de dos meses que le impusieran sus colegas, iba a solicitar la pérdida de investidura, es decir la expulsión del Senado, de Javier Zacarías Irún.
Payo debería cumplir lo prometido a los 400 mil ciudadanos esteños y de los alrededores de CDE, más aún cuando ZI exhibe con toda su desfachatez el blindaje judicial para no ir a prisión por enriquecimiento ilícito, por obra y gracia de su juez amigo Marino Méndez, magistrado penal de la Adolescencia.
Ya se daba por descontado, hace un par de semanas, que ZI finalmente sería “blanqueado” por una Justicia abyecta, tras la decisión del tribunal de apelación, primera sala, integrado por Gustavo Ocampos, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander, que resolvieron por unanimidad que el caso de Javier se envíe a los tribunales de Ciudad del Este, donde podría maniobrar el procesado a sus anchas y librarse de ir a la cárcel.
Aconteció así como se preveía, tras la apelación por parte de la fiscalía del fallo del tribunal de alzada, y después que la sala penal de la Corte, con el voto favorable de las ministras Myriam Peña y Gladys Bareiro de Módica, y la disidencia de Luis María Benítez Riera, confirmase el tratamiento en CDE de la causa contra ZI.
La señal de la Corte era clara y el juez Marino Méndez, al archivar el juicio por enriquecimiento ilícito de Zacarías Irún, no hizo otra cosa que confirmar que la vara de la Justicia se inclina netamente hacia el nuevo rumbo del poder.
Zacarías Irún aún tiene dos procesos más, uno por declaración falsa de sus bienes y otro por lesión de confianza en carácter de instigador por desvíos de fondos en la municipalidad de Ciudad del Este, pero así como se presentan las cosas, es muy probable que también sea beneficiado con alguna medida favorable de parte de los magistrados que juzguen los casos.
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