Escribe: Luis Alen.
La reforma tributaria que impulsa el Gobierno de Marito Abdo está llegando a un punto del análisis, previo a su envío al Parlamento, en el que se nota con meridiana claridad que el mero ajuste impositivo con aumento de tasas, como el que se pretende afectar al consumo de algunos productos, debería estar acompañado por un plan de reformas en el Estado que convenza al sector privado empresarial sobre la conveniencia de los aumentos tributarios.
Lo que no se ve bien en el empresariado es que el Gobierno sólo aprecia la necesidad de incrementar los impuestos, especialmente sobre la misma franja de gente que paga sus tributos religiosamente, sin que pase por la mente de los estrategas de Hacienda poner en práctica las recomendaciones emanadas del mismo Fondo Monetario Internacional (FMI), que en repetidas ocasiones en los últimos años, tanto durante el gobierno cartista como en el actual de Marito, viene pidiendo fortalecer la gobernanza para favorecer el clima de negocios en el país, más todavía que ahora se presentan números menos optimistas tanto en materia de dinámica de crecimiento como en otros indicadores muy sensibles, como el caso de la baja en los números del consumo.
Pero, ¿qué se quiere decir cuando se habla de “fortalecer la gobernanza”? Es directamente una flecha lanzada al corazón del gobierno, porque se pone como condición ineludible para mejorar el ambiente de inversiones la consolidación de la institucionalidad, ya que comparando la situación de gobernanza del Paraguay respecto a varios países, se ha visto en ese sentido que en el país se debe combatir con mayor determinación la corrupción y mejorar la justicia, ya que son los dos pilares más débiles en los análisis de la institucionalidad que realizan los organismos internacionales.
Reducir la economía “negra”
El otro gran desafío que se debe encarar es, en la medida en que se pretende una mayor recaudación tributaria, la lucha frontal contra la economía negra, el contrabando, la evasión impositiva y la informalidad, que son los factores que llevan muchas veces a incrementar las tasas de impuestos, como forma de suplantar de algún modo las pérdidas ocasionadas al fisco por los evasores.
Al respecto, se puede interrogar al Gobierno sobre sus verdaderos propósitos, porque no resulta cierta la consigna lanzada por el propio presidente Marito Abdo, de que el ajuste de impuestos “no afectará a la clase trabajadora”, porque el aumento de las tasas impositivas impactará indefectiblemente en toda la economía y en las capas sociales menos favorecidas, que son las mayoritarias.
De allí que se puede deducir que el castigo será injusto para todos, por causa de los evasores y de quienes están metidos en la economía negra, si es que el Gobierno no toma medidas para disminuir la incidencia de la evasión y de la informalidad, cobrando al mismo tiempo lo debido al fisco tras años de complaciente mirada hacia los desvíos de fondos que tenían que ir a las arcas fiscales.
Por ello también debe mantenerse firme el Gobierno en sus planes de arremeter sin rodeos contra el lavado de dinero y calificar la evasión de impuestos como paso previo para la configuración del delito de blanqueo ilegal de activos, en una nueva ley que se halla actualmente bajo análisis en el Congreso y cuya redacción es resistida por algunos sectores que quedarán en evidencia con la conexión delictual entre evasión y lavado.
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