El apuro del presidente Horacio Cartes por poner en vigencia plena la Ley de Alianza Público-Privada, con su correspondiente reglamentación, se debe no sólo a la necesidad de inyectar los recursos necesarios en obras y servicios que el Estado de por sí no podrá financiar, sino también porque los impactos negativos de un menor crecimiento económico en 2014 empiezan a encender señales de alarma en los escritorios de los ministros, especialmente, del área social.
En forma unánime, en el sector privado se valora la decidida acción llevada a cabo por HC para convencer a los legisladores acerca de las bondades de la APP. Considerada por algunos políticos una legislación que cercena atribuciones constitucionales del Congreso para otorgar concesiones, finalmente la opinión de los especialistas consultados es coincidente sobre la conveniencia de un mecanismo que motorice las inversiones en infraestructuras que de otro modo no podrían ser financiadas por un Estado exhausto en materia de fuentes de recursos.
Las necesidades de capital son evidentes en el sector público, a juzgar por la evaluación realizada en el equipo técnico que asesora al Gobierno. Para poner un ejemplo, tanto la ANDE como la Essap requieren ahora mismo con urgencia fondos en el orden de los US$ 500 millones cada una, para encarar obras mínimas de mantenimiento del servicio, sin considerar las grandes inversiones necesarias para acompañar el crecimiento del consumo de electricidad y agua potable en los próximos años.
Ni el más pertinaz crítico del neoliberalismo o de la presencia del capital privado en el Estado, puede negar la imposibilidad que tiene el Gobierno de conseguir los recursos financieros para financiar tantas obras necesarias, no solamente en los sectores vitales de energía y saneamiento ambiental, sino también en otros emprendimientos que fortalezcan la infraestructura, como el caso de las obras viales, conociendo el déficit que existe en el país en materia de rutas pavimentadas de todo tiempo, autopistas, puentes, viaductos y en el rubro del transporte público.
Preocupantes
anuncios de
menor dinámica
A pesar de que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá cerca de 15 por ciento este año, tal como ocurriera en 2010 este fuerte impulso no servirá de mucho para mantener una dinámica económica auspiciosa en el tiempo ni tendrá efectos duraderos en la capacidad de consumo de la gente.
Esto ocurrirá porque es la agricultura la que crece muy fuerte en 2013, en alrededor del 46 por ciento, mientras los demás sectores lo hacen a tasas “normales” de 2 a 5 por ciento, por la carencia de inversiones importantes en sectores, como la industria y las obras de infraestructura.
Se había advertido que el auge del PIB no tiene su efecto favorable en la reducción de la pobreza, ya que la inversión aumenta a tasas mediocres, lo cual imposibilita una mayor creación de empleos que favorezca el incremento en los ingresos de las clases más pobres. Este verdadero cuello de botella de la economía paraguaya obliga al Estado a ser como una especie de agencia de empleos para paliar de alguna forma la desocupación, creando cada año miles de puestos de trabajo en el sector público. Como ya lo señaló el presidente Cartes, este modelo está agotado, lo que quedó patentizado este año cuando el gobierno saliente de Federico Franco tuvo que suspender varias obras públicas debido a la imposibilidad de contar con los recursos presupuestarios, que se orientaron en su totalidad al pago de salarios, jubilaciones y la deuda pública.
La dinamización de la economía sólo se conseguirá con la inversión privada, nacional y extranjera, en las necesarias obras. Ya se habla de la aplicación de la Alianza Público-Privada para mejorar las rutas del triángulo Asunción-Ciudad del Este-Encarnación-Asunción, así como del dragado y navegabilidad del río Paraguay, la construcción de alcantarillados, un nuevo aeropuerto y la línea de transmisión de 500 kV desde Yacyretá a Asunción.
La nueva ley de la APP es tenida como la solución a la falta de inversiones del Estado, porque permitirá regular la captación de capitales privados en una asociación entre el Gobierno y los inversionistas. Durante años se sufría la carencia de un instrumento como éste para facilitar la inyección de capital privado en la economía.
El sector privado se quejaba, y con razón, que las licitaciones fraudulentas, las concesiones amañadas y los negociados de los políticos de turno, con el condimento de las infaltables coimas y los pedidos de participación en las ganancias, impedían el trabajo armónico entre los sectores público y privado.
Escribe:
Luis Alen
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