El presidente de la República, Horacio Cartes, comenzó su mandato asegurando la gobernabilidad, sobre todo, en el Senado, mediante un acuerdo con el PLRA, Avanza País y Unace para impulsar varios proyectos de ley.
Consiguió el visto bueno a todas sus propuestas, a pesar de acusaciones de inconstitucionalidad en algunas de ellas, como la de Alianza Público-Privada y de Defensa Nacional, más conocida como la ley de militarización.
Todo iba bien hasta que abiertamente se involucró en las internas partidarias, volcando su apoyo para la presidencia de la Junta de la ANR al diputado Pedro Alliana.
Esto provocó molestias en el sector del grupo de los 15 colorados disidentes, denominado G15, del Senado que impulsa la candidatura de Mario Abdo Benítez.
El bloque mayoritario en la Cámara Alta pasó de la obediencia ciega a la disidencia tomando como principal aliado al bloque de la multibancada progresista.
La mayoría de los proyectos que cómodamente el Ejecutivo consiguió que sean aprobados, al final están siendo modificados, por lo que está pagando un alto costo político.
El que sale ganando por el momento es el sector del Frente Guasu, que se está beneficiando con las internas y va consiguiendo apuntalar sus propuestas legislativas.
Desde la oposición, se intenta instalar un discurso de que la nueva postura no tiene nada que ver con las internas, sin embargo, fueron los propios colorados que hoy son disidentes los que dieron vía libre a las leyes que ahora califican de inconstitucionales.
No obstante, esta interna no pasa del Senado, ya que en Diputados el mandatario mantiene la mayoría y no correrán los cambios planteados en la Cámara Alta.
Uno de los primeros proyectos que fue rechazado por el Senado y que estaba impulsado por el Ejecutivo fue el referente a garantías a las inversiones. El argumento para votar en contra fue que su único objetivo era congelar los impuestos por más tiempo.
A este revés siguió otro. Ante un inminente rechazo en el Senado, el Poder Ejecutivo tuvo que retroceder y retirar un proyecto referente al Tratado de Yacyretá. Se trataba de la Nota Reversal, que modifica el Anexo A del Tratado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y establece la cogestión paritaria en la hidroeléctrica.
La semana pasada, los senadores dieron otro golpe y sorpresivamente expropiaron 11.681 hectáreas de las tierras del empresario sojero Tranquilo Favero en Ñacunday. La decisión fue rechazada por el Gobierno, que tildó de irresponsable y populista la expropiación.
Pero el golpe más fuerte y polémico sufrió Cartes el jueves pasado con dos temas claves. Uno de ellos, la modificación de su proyecto emblemático que tiene que ver con la Alianza Público-Privada. La normativa fue modificada a pesar de innumerables cuestionamientos y en medio de la protesta empresarial. A ello se sumó el aumento del impuesto al tabaco en un 20%, propuesta que molesta principalmente a los tabacaleros, entre ellos el propio mandatario.
Ahora está en la mira la posibilidad de una derogación o modificación de la ley de militarización, impulsada por el Frente Guasu, y el polémico impuesto a la soja.
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