Escribe: Luis Alen.
Si la disidencia colorada de los senadores del G-15 sufrió en carne propia el autoritarismo de Horacio Cartes, con la imposición del candidato oficialista a la presidencia de la junta de gobierno, este es el momento en que los hechos no sólo justifican la reacción adversa de una parte del liderazgo republicano contra el titular del Ejecutivo sino que se confirma la aplicación del plan hegemónico cartista para la consolidación del poder más allá de 2018.
Lo que no estaba en los planes de HC es el tamaño descomunal de la respuesta opositora al plan, que hasta ha puesto en riesgo su gestión en lo que resta del mandato ante la ingobernabilidad en que ha caído el jefe de Estado, tal vez porque no midió en su real dimensión las consecuencias de haber escuchado los cantos de sirena de líderes como Javier Zacarías Irún, que astutamente le hicieron pisar la cáscara de banana a Cartes con su “renuncia” a la candidatura colorada, con tal de buscar también que Marito Abdo descabalgara –lo que no lograron- en aquella ya famosa reunión de mediados de febrero en Mburuvicha Roga.
Zacarías Irún se desgañita oficiando de vocero oficial cartista en cuanta emisora de radio y televisión existe, pero no logra convencer a la opinión pública de su supuesta adhesión al presidente. Más bien es un personaje incómodo para Cartes, teniendo en cuenta que ZI es un perdedor nato en elecciones a nivel nacional y un espanta votos más allá de su feudo del Alto Paraná.
Se lo vio muy enojado a ZI por la destitución de su paniaguado senador Oscar González Daher del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en una magistral jugada de adelantamiento de los senadores a la maniobra de control que iba a ejecutar el cartismo en este clave organismo de control de la gestión de jueces y magistrados judiciales. El objetivo era poner a González Daher en la presidencia del JEM, pero la decisión de la mayoría del Senado (G-15 de senadores disidentes colorados más la multibancada opositora) dejó sin efecto la posibilidad de que el cartismo avanzara sobre el Poder Judicial. Por el contrario, se tuvo la vuelta de Enrique Bacchetta, quien junto a Juan Carlos “Kalé” Galaverna son los pesos pesados de la disidencia que comandan con Marito Abdo el G-15.
Necesidad de negociar de HC
El presidente Horacio Cartes decidió cruzar el Rubicón cuando impuso a Pedro Alliana para la junta de gobierno, sin posibilidad de volver atrás en su decisión ya asumida de cargar con las consecuencias de la falta de gobernabilidad con un Senado totalmente opositor. Los senadores colorados del G-15 entendieron inmediatamente cómo venía la mano y actuaron en consecuencia para poner freno al intento de copamiento del poder de la República por parte del cartismo, que había dejado de lado al liderazgo colorado todavía no cooptado en su totalidad por el afán hegemónico de HC.
La elección de Linneo Ynsfrán por parte de la mayoría del Senado para la Corte Suprema fue el claro mensaje de los legisladores a un Ejecutivo aún inmerso en su plan de control del Poder Judicial con la mira puesta en la reelección y en evitar cuestionamientos opositores por el lado del manejo inconstitucional de los gerentes de HC en varios entes del Estado.
Aunque todavía no se habla muy abiertamente del tema, en forma velada algunos senadores empezaron a amenazar a HC con el juicio político, en el caso que rechace a Ynsfrán en la Corte y siga con la misma tesitura de no dar el acuerdo para otro nombramiento que realicen los senadores de otra terna que eleve el Consejo de la Magistratura.
De allí que Cartes se haya dado cuenta ahora que su propia postura intransigente y autoritaria debe ser cambiada, por otra de negociación para llegar a un acuerdo político no sólo en el tema de la Corte sino también en otros puntos clave de la agenda Ejecutivo-Congreso. ¿No será un poco tarde para negociar?
La candente interna colorada aparentemente está trabando por ahora la posibilidad de algún acuerdo político y sólo resta esperar el desenlace de los comicios del 26 de julio. Pero gane o pierda el oficialismo la justa electoral, HC deberá sentarse a conversar para conseguir con los senadores una mínima gobernabilidad hasta 2018.
En el caso de perder, HC verá definitivamente cerrada la posibilidad de intentar la reforma constitucional para la reelección. En esta perspectiva es cuando más se entiende que la disidencia del G-15 es una fuerte valla que se le interpuso al presidente en el camino de su indisimulado deseo de continuar en el poder, pese al obstáculo insalvable de la prohibición constitucional de ser reelegido.
Marito Abdo va más lejos y ya habla de volver a poner en vigencia la cláusula de la antigüedad de 10 años en la ANR para optar a cualquier candidatura electiva por el partido, que había sido sacada de los estatutos en la convención de 2011 que posibilitó cualquier candidatura con la sola militancia de un año, lo que favoreció la nominación de HC para la presidencia de la República.
Como la afiliación de Cartes data de 2009, resulta obvio que una vuelta a los 10 años implicará que HC sólo estará habilitado para cualquier otra candidatura electiva colorada en 2019, aunque haya conseguido por el camino una reforma constitucional.
Causales de juicio político
En previsión de alguna oportunidad para el juicio político al jefe de Estado, los senadores empiezan a recolectar las causales en la gestión de Cartes. Una de ellas les llama la atención poderosamente, ya que reñiría directamente con las disposiciones constitucionales.
Es el caso de los gerentes “en la sombra” de HC. Precisamente, uno de ellos es el mismísimo titular del Grupo Cartes, Carlos Cañete, quien es el verdadero jefe en Petropar y al cual se le atribuyen las últimas medidas destinadas a controlar el negocio del petróleo en el país, a través de los recientes decretos de monopolio estatal parcial en la importación y comercialización de algunos derivados del hidrocarburo, así como por haber torcido con una grosera maniobra la licitación de fletes para favorecer a una naviera “amiga” del poder.
El Senado había pedido que Cartes dé marcha atrás con el Decreto 2.999 del 27 de enero, dejando sin efecto el monopolio parcial que va directamente en contra de la libertad de mercado conquistada en el sector desde 2001 al amparo de disposiciones constitucionales que garantizan la libre competencia del sector privado con las empresas estatales. Sin embargo, el jefe de Estado, como toda respuesta, apretó aún más el monopolio inconstitucional con otro decreto, el 3.324, que fue emitido el 27 de abril y que obliga a los emblemas privados a vender combustibles de Petropar.
Los senadores están analizando en qué medida la presencia como “asesor ad honorem” de un gerente del grupo empresarial de HC en una entidad del Estado como Petropar, implica una identificación directa entre un interés particular del presidente y los altos intereses de la Nación, lo que evidentemente está prohibido por la Constitución, cuando señala que el titular del Ejecutivo debe dedicarse con exclusividad a la administración general del país, abandonando cualquier otra función, que en este caso abarca principalmente la dirección de sus empresas en el caso de un empresario como Cartes, con amplios tentáculos en el quehacer privado empresarial.
En febrero del año pasado, HC tuvo que regularizar de alguna forma la presencia de sus gerentes en entidades del Estado, con cargos de asesoría “ad honorem”. Sin embargo, los nombramientos por decreto, sin goce de sueldo, alertaron aún más a los legisladores de que se estaba en presencia de funciones que van de contramano con la legalidad, ya que, en primer lugar, al no tener sueldo del Estado y por lo tanto no ser realmente funcionarios, prácticamente se hallan “en el limbo” por encima de la ley y sólo rinden cuentas a su jefe “natural” HC, quien les comanda y paga el sueldo en el Grupo empresarial que lleva el nombre del apellido presidencial.
En segundo lugar, existe la legítima sospecha de que se estaría en presencia, si no de un “tráfico de influencias”, de una identificación entre el interés particular empresarial del presidente y de sus funciones como presidente de la República, lo que llevaría a la argumentación de que el jefe de Estado no se dedica exclusivamente a administrar al país, sino a confundir la administración pública con los intereses de su negocio particular, lo cual está prohibido por la Constitución.
Los senadores están analizando esta vertiente de razonamiento para abonar las causales de juicio político, según se pudo saber en fuentes parlamentarias.
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