Escribe: Luis Alen.
En los primeros meses de su gestión, Horacio Cartes había logrado que los parlamentarios le aprobaran leyes fundamentales para su plan de gobierno y hasta consiguió un solapado apoyo ciudadano por haber insistido en la necesidad de transparentar la información sobre los jugosos salarios y beneficios monetarios de los funcionarios públicos.
¿Qué pasó después? Lo llamativo es que el presidente perdió en un año todo lo que había logrado en sus primeros seis meses de mandato. En forma notoria, tuvo que recular para no chocar de frente con la burocracia, a la cual se debe para el éxito de su gestión y con la cual debe contar si es que pretende el predominio en un partido como el Colorado, conformado mayoritariamente por los empleados estatales. En definitiva, tuvo que apearse de la campaña de reformar el Estado en aras de no erosionar su base política.
Pero el tiro le salió por la culata, porque la ciudadanía “indignada” que en su momento le podía apoyar para sanear la administración pública y el Poder Judicial, ahora desconfía decididamente de sus intenciones verdaderas, ya que resulta notorio que HC está subordinando su gestión a los intereses de un posible proceso de reelección.
No vale solamente el discurso de que “cortará la mano” a los ladrones del erario público o de que ahora se roba menos y que existe mucho control sobre los funcionarios. Lo cierto es que la administración del Estado se halla al libre albedrío de quienes ponen toda la carne en el asador para el afianzamiento político del cartismo, sea con banderas coloradas, azules o de cualquier signo político, con tal de conseguir el control total del aparato estatal y de los negocios ligados a él.
Neutralizar liderazgos colorados
Cartes se siente frustrado por no haber conseguido el consenso de los liderazgos colorados que pugnan por el control de la titularidad del partido. Así se lo ha notado últimamente al fustigar hasta en público a algunos parlamentarios de la ANR, que se han puesto muy duros porque ven una especie de renacer del autoritarismo en el Paraguay de la mano de HC.
Al no contar con la disciplinada obediencia de los congresistas de la ANR, el jefe de Estado busca ahora “puentear” a los parlamentarios acudiendo a pedir el apoyo de gobernadores e intendentes, quienes habían sido ya el respaldo para el lanzamiento de su candidatura allá por 2009.
La razón de ser de la desobediencia de los parlamentarios no está tanto en la continuada vigencia del Pacto Azulgrana con Blas Llano o por la supuesta falta de apoyo a las bases con cargos y prebendas, que ahora se confirma no es tanto así por las últimas informaciones de masivas contrataciones de seccionaleros en el IPS y en otras dependencias estatales. El problema de HC con la dirigencia colorada está en el deseo de ésta de tener el control de la ANR y no dejarla sólo sujeta a las órdenes que provengan del Palacio de López.
La prueba de fuego para Cartes sobrevino con el tema de la narcopolítica, tras el asesinato del periodista Pablo Medina en octubre pasado. Quiso aprovechar el momento mediático para instalar de nuevo la idea del juicio político a nada menos que cuatro ministros de la Corte Suprema, con el fin de lograr una mejor administración de Justicia en el país. En realidad, lo que pretendía HC era lo que todos los presidentes quieren: contar con una Corte “amiga” del titular del Ejecutivo, para cuando se vengan a tratar cuestiones claves como la enmienda constitucional para la reelección.
La disidencia colorada se dio cuenta de la jugada y a duras penas obtuvo que faltasen dos votos en el Senado para lograr la ansiada mayoría que desplace a tres ministros, dos de ellos liberales. El único que renunció, el colorado Víctor Núñez, será reemplazado en un proceso que se ha iniciado con buenos auspicios de transparencia en el procedimiento de elección de la terna a ser propuesta al Senado y al Presidente de la República por parte del Consejo de la Magistratura.
La intención de HC de tener por fin una Corte a su medida, no cuajó por la “rebelión” de los senadores disidentes colorados. Con razón está nervioso Horacio, pues no logra consolidar su proyecto de control total del partido y del Estado.
Pero ahí no terminó todo. HC tampoco pudo sacar adelante, pese al apoyo del llanismo, la controvertida Ley de Extinción de Dominio de los bienes de los procesados por narcotráfico y delitos conexos como lavado de dinero, a pesar de tener a favor una opinión favorable de la ciudadanía para luchar frontalmente contra el flagelo del tráfico de estupefacientes.
Es que de nuevo se vieron intenciones no tan claras del Ejecutivo, al incorporar en el proyecto la retroactividad de la ley, con el propósito evidente de “blanquear” los procesos dudosos llevados a cabo anteriormente con la incautación de bienes de los supuestos narcos, sin que todavía existiese una sentencia firme, como manda la ley para que se dispusiera de los activos fuera de la figura del “depositario judicial”.
De hecho, existen informaciones sobre la utilización irregular de los bienes incautados, pese a que debían permanecer en depósito por su naturaleza de evidencia en los procesos en curso en el ámbito jurisdiccional.
De todas formas, el proyecto de Extinción colisiona también con disposiciones constitucionales que garantizan la institución de la propiedad privada, con lo que ya difícilmente sería aprobado en el Senado.
Pero de nuevo los parlamentarios, tanto colorados como de otros partidos de oposición, sospechan que el presidente Cartes ha ido muy lejos con un proyecto que trata no sólo de blanquear a la SENAD y sus manipulaciones de las pruebas contra los narcos, sino también por introducir en el texto legal la posibilidad de que las incautaciones de bienes se extiendan a cualquier procesado, a elección del Poder político, lo cual es ya harina de otro costal.
Es decir, se está en presencia de nada menos que un instrumento muy peligroso que dejado en manos discrecionales políticas, podría ser perjudicial para la democracia y la existencia de la República misma, al dejar vida y hacienda al arbitrio del poder de turno.
¿Qué pasó con la ciudadanía indignada, que había tomado plazas y calles para protestar contra la impunidad que otorga el Poder Judicial, como habían planeado hacerlo a fines de 2013? Ahora protestan sólo los campesinos.
La ciudadanía se anestesió probablemente porque se halla hastiada de tantas promesas incumplidas en la lucha contra la corrupción y la impunidad, que se encuentra ahora relegada por la búsqueda de un control total del poder por parte del presidente.
Sin embargo, hasta ahora no ha podido coronar HC este cometido, por la sencilla razón de que el liderazgo colorado disidente no lo permite y porque en el Senado la ley de Extinción de Dominio demostró que Cartes va con todo en busca del control total del Estado y de la política nacional.
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