Escribe: Luis Alen.
No contento con dominar totalmente la ANR, Horacio Cartes concentró su artillería pesada en la estrategia de dividir a la oposición, no sólo por medio de no revelar todas sus cartas en el tema de la reelección sino también con la hábil maniobra de colocar en la Contraloría General de la República a un hombre vinculado a Avanza País y al P-MAS, haciendo aún más difícil que los opositores y disidentes colorados armen un contraataque común ante la premura cartista por el “rekutu”.
HC definitivamente tomó en serio el método romano de “divide y vencerás”, como respuesta al murallón de votos contrarios a la enmienda y a la reforma constitucional, en un Congreso que aparecía cada vez más dominado por la oposición y la disidencia.
Cuando ya estaba cantado que una mayoría favorable en Diputados permitiría a Efraín Alegre y al PLRA imponer un contralor liberal, hete aquí que el cartismo sacó de la manga la figura bastante cuestionada del asesor del intendente de Asunción Mario Ferreiro y ex procurador de la República en tiempos de Fernando Lugo, Enrique García, un miembro del bufete de abogados de Camilo Soares, el líder del Partido del Movimiento al Socialismo (P-MAS).
Con esta maniobra, Cartes se asegura desde ya que García no se esmere mucho en husmear en las cuentas de la administración cartista, tanto en el Ejecutivo como en gobernaciones e intendencias. Sobre todo porque un contralor con procesos judiciales en el horizonte y con muy pocos votos en el Congreso, deberá depender necesariamente del apoyo cartista para su permanencia. Además, para los oficialistas será muy favorable reemplazarlo por el subcontralor, eventualmente, ya que éste pertenece a la ANR.
Tanto Efraín Alegre como sus partidarios liberales y aliados de otros partidos opositores, podrán comprobar fácilmente por qué HC está muy a gusto con Enrique García y el P-MAS en la Contraloría General. Es que en su tiempo de procurador, se debe recordar que García no quiso esmerarse mucho en investigar sobre acusaciones de evasión impositiva que estaban pendientes de un dictamen de la Procuraduría General en un juicio contra varias tabacaleras, entre ellas la del entonces empresario y precandidato presidencial Horacio Cartes.
La conexión judicial
Cada vez tiene más importancia para HC su predominio sobre el Poder Judicial, ya que ha sido vox populi que tanto en la votación de los tres liberales en Diputados para demorar una semana el tema de la enmienda, como en el nombramiento del nuevo contralor, pesaron los procesos judiciales que penden como una espada de Damocles sobre la cabeza de los legisladores y de líderes políticos opositores, como en el caso de Camilo Soares.
Pero donde se tendrá la prueba suprema de la dependencia de la Justicia de los dictados del poder de turno, es cuando se trate en la Corte Suprema de Justicia el pedido que hará el Partido Colorado sobre si corre o no la candidatura de Fernando Lugo, atendiendo al articulado constitucional que prohíbe la reelección.
No cabe la menor duda que los ministros de la Corte, frente a un asunto político de tanta relevancia, escucharán las “sugerencias” provenientes del entorno cartista, de tal forma a dar su veredicto de conformidad a los intereses del poder.
Desde hace un tiempo se sabía que tanto Nicanor Duarte Frutos como Fernando Lugo estaban probando la posibilidad de subirse al carro de Horacio Cartes para que también ellos puedan beneficiarse con la posibilidad de ir a la pelea por el “rekutu”. Y ya que tanto la enmienda como la reforma se hallan en el “freezer”, qué mejor que probar fortuna con la famosa “certeza constitucional” de la Corte Suprema, al estilo del dictamen que favoreció los cuatro años de presidencia de Luis Angel González Macchi, entre 1999 y 2003, cuando la Constitución establecía claramente la convocatoria inmediata a elecciones ante la vacancia provocada por el Marzo paraguayo.
Lo sorprendente es el atajo utilizado por el cartismo, al tomar la iniciativa para solicitar de la Corte un pronunciamiento sobre la velada campaña luguista para presentarse a la reelección. El ex obispo se presentaba como virtual candidato, pero decidió demorar al máximo una presentación ante la Justicia Electoral y la Corte, arguyendo de paso que estaba habilitado porque esgrimía la interpretación del artículo constitucional prohibitivo de la reelección, en el sentido de que el “rekutu” está vedado sólo al presidente de la República en ejercicio del cargo, pero no a los anteriores presidentes (Wasmosy y Nicanor) y a los que no completaron su período o renunciaron (Lugo y Cubas)
Pero los estrategas cartistas obvian dos aspectos fundamentales: que la acción judicial contra la candidatura de Lugo sólo será posible ante la Justicia Electoral y en el caso que el ex presidente sea elegido efectivamente por su partido Frente Guasu; y que por una simple suposición de una posible candidatura, no tiene efectos legales ni siquiera el pedido de un dictamen como “certeza constitucional”, ya que la Justicia no puede resolver sobre litigios futuros pasibles de concresión o de hipotética realización al momento de la presentación. Así, un pedido como el planteado por la ANR debe ser rechazado por extemporáneo e improcedente.
El caso de González Macchi fue diferente, por cuanto ya había quedado al mando del país como tercero en el orden de sucesión. Sólo que aquella vez se trataba de la consulta ante la Corte sobre la posibilidad de extender el período hasta 2003, en una “certeza constitucional” que fue concedida a pedido del poder de turno y en expresa violación del texto constitucional.
El Plan C cartista
Obviamente que el Plan B del cartismo, ante la imposibilidad de sacar la reelección por la enmienda, es ir al procedimiento de la reforma y la convocatoria de una Convención Nacional Constituyente, que dicho sea de paso por las dudas ya fue pedido a los diputados por 30.000 electores bajo la batuta del nuevo viceministro del Interior Ariel Martínez, hijo de Diógenes Martínez, ministro de Defensa y miembro cercano del entorno presidencial.
Pero en previsión de problemas en el Congreso para declarar la necesidad de la reforma (es decir, que no haya votos suficientes, pese a las ofertas de camionadas de dólares), los estrategas de HC tienen el Plan C, que consiste nada menos en que la Corte allane el camino para la candidatura de los ex presidentes. Pero, ¿qué pasará con Cartes? No podría candidatarse por ostentar el cargo, y entonces renunciaría seis meses antes de la fecha de las elecciones y se postularía como candidato en las internas de la ANR, que para ello deberían ubicarse como mínimo en diciembre de 2017, y no antes.
Como se puede apreciar, dependerá mucho de una mayoría de 5 miembros en la Corte para que se pueda llegar a un dictamen favorable a las expectativas de HC. En 1999, los 9 miembros de la Corte votaron favorablemente en la “certeza constitucional” que favoreció a González Macchi. Esta vez resultará más complicado llegar a la unanimidad, e incluso apenas se contaría con la mayoría oficialista, ya que hay ministros “en capilla” en el Senado, con juicio político encima, y sabido es que la oposición y la disidencia tienen más peso que el cartismo en la Cámara Alta.
La “certeza constitucional” favorable al cartismo le podría significar también a los ministros, a renglón seguido, una causal para que sus cabezas rueden por acción de una mayoría opositora en el Congreso, que proceda contra ellos a través de un juicio político y consiga barrerlos del mapa. Así que los ministros deberán sopesar bien en aras de su supervivencia en el Poder Judicial, a la hora de dictaminar sobre el espinoso asunto de la interpretación de la reelección “en ningún caso”, que está con letra inconfundible en el texto constitucional.
En su afán desmedido de alcanzar el “rekutu” y por una ambición de poder sin límites, Horacio Cartes no tiene problemas en poner a las instituciones de la República al borde de una gran crisis política, involucrando al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia. Lo que importa es un claro deseo personalista del presidente de imponer su propósito autoritario a la República. Y para ello no para hasta poner en aprietos la estabilidad institucional de la nación, con graves consecuencias sobre la imagen internacional del país.
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