La madre de todas las batallas se viene ahora tras el anuncio de los líderes de la Ciudadanía Indignada, que salió a las calles para protestar contra la impunidad, de que ahora dirigirán todos sus dardos contra el Poder Judicial, donde generalmente quedan impunes los políticos, funcionarios y sindicalistas que roban al Estado.
Si Horacio Cartes buscó o no hacer coincidir su política de transparentar la gestión pública con la reacción ciudadana que ha sido un bálsamo positivo para la política paraguaya, se sabrá con seguridad más temprano que tarde, pero lo cierto es que le salió perfecta la jugada a HC.
Como siempre ocurre en estos casos, la astuta estrategia de minar la credibilidad de la clase política dejó heridos y contusos en las carpas de los partidos y en las bancadas legislativas que le apoyan al Poder Ejecutivo, pero en general se puede hacer un balance más que positivo por el hecho de que la imagen del presidente salió fortalecida y se consolidó su papel protagónico como el adalid de la lucha contra la impunidad y la corrupción de los políticos.
En medio de todos estos avatares, el logro de obtener las leyes que necesitaba para gobernar, sin mayores trabas de los senadores y diputados, indica por otro lado que el avance de la transparencia impulsada desde el Ejecutivo y el quedar en la mira de los fiscales, era lo que más preocupaba a los parlamentarios, por lo que resulta claro que éstos tuvieron que ceder forzados a las pretensiones de HC como prenda de salvación.
La batalla en la Justicia
Todo hace suponer que finalmente será la Justicia la encargada de dejar o no impunes los delitos contra el erario público en los que están involucrados tanto los políticos del Parlamento como otros funcionarios estatales, algunos de ellos conocidos sindicalistas.
Es de destacar que, hasta el momento, HC supo también contener a los ambiciosos sindicalistas estatales, quienes no lograron impedir la sanción de la ley de Alianza Público-Privada (APP) con el gastado discurso anti-privatización que manejaron.
Una vez que se publicaron el nepotismo y el tráfico de influencias de que también hacían gala los sindicalistas del Estado, éstos se llamaron a un sugestivo silencio. Razón de más para destacar el éxito de la campaña de minar ante la opinión pública la imagen de políticos, parlamentarios y sindicalistas, de tal manera a ridiculizarlos y dejarlos sin autoridad moral para criticar al nuevo Gobierno.
Cartes por supuesto se desprende de cualquier indicio de paternidad de la campaña de desprestigio a la clase política y sindical, e incluso dice no tener vela en el entierro y con sobrada razón aduce que la cuestión no es con él sino con la Justicia.
Sin embargo, las consecuencias políticas del devastador tsunami pueden derivar en grandes reposicionamientos en los liderazgos partidarios y en la mayoría parlamentaria interpartidaria que apoya al Gobierno.
Todo apunta a que HC consiguió también una victoria al interior de su partido, el Colorado, al desbaratar liderazgos partidarios emergentes que le hubieran significado una merma en su influencia sobre el Congreso. Así las cosas, prácticamente consiguió desactivar la prematura interna partidaria, al no demostrar su preferencia por ninguno de los líderes y, por el contrario, al dejarlos prácticamente solos ante los “escraches” de la movilización ciudadana, con lo cual quedaron totalmente desacreditados e inmovilizados para poder emprender una extemporánea campaña electoral que hubiera minado la autoridad de HC.
En el caso del Partido Liberal, sabido es que la dirigencia del PLRA está supeditada a todo lo que disponga Cartes en materia de investigaciones de la desastrosa gestión llevada a cabo por Federico Franco. En el caso del Frente Guasu ocurre lo mismo, por las múltiples denuncias que aún faltan aclarar sobre la gestión de Fernando Lugo.
Neutralizada la clase política en su capacidad de reacción, tanto por las consecuencias de la política de transparencia de HC como por la movilización ciudadana contra el nepotismo y los abusos cometidos con los recursos públicos, queda por ver ahora cómo se escenificará el siguiente acto del drama de la lucha ciclópea contra la corrupción entronizada por décadas en el Estado paraguayo.
Le toca el turno al Poder Judicial, que una vez derrotado el blindaje parlamentarios de los políticos y con el avance de la lucha frontal contra el contrabando en el que se hallarían implicados exponentes del sector privado, debe ahora estar a la altura de los acontecimientos y dar satisfacciones al reclamo ciudadano de poner fin a la impunidad. Si no ocurre tal cosa, la furia ciudadana no se hará esperar y comenzarán las movilizaciones hasta poner en la cárcel a los corruptos, según lo anunciado por los dirigentes de los ciudadanos indignados.
La gran incógnita es cómo se desarrollarán los acontecimientos en el tema de la lucha sin cuartel de HC al contrabando. Saltan revelaciones acerca de una lista de grandes financistas y empresarios que están detrás de los paseros y pequeños contrabandistas. Habrá que ver hasta qué punto avanza el tema y si se alcanza a personificar a los responsables, que no sólo son funcionarios estatales sino también miembros del sector privado empresarial, colegas del presidente.
Cartes apuntó hacia los empresarios como responsables últimos de la gran economía informal, pero también hay que reconocer que la frontera es un colador tanto para la entrada como para la salida de productos de toda clase, desde y con destino a los países vecinos, en tráficos donde casi siempre hacen la vista gorda los funcionarios destinados al control.
Escribe:
Luis Alen
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