Varios comerciantes de Ciudad del Este confirmaron que pagan sumas de dinero para que la Fiscalía no realice allanamiento en sus locales. El esquema involucra a los agentes de marcas en cuyas unidades en los últimos tres años imperaron las desestimaciones de las denuncias que supuestamente se utilizaron para el “apriete”.
El esquema de recaudación, supuestamente, involucra a fiscales y abogados de la zona, quienes cobran una cuota mensual a los dueños de comercios de Ciudad del Este, quienes venden productos falsificados. Comerciantes, que solicitaron el anonimato, confirmaron que desde hace varios años pagan suma de dinero a esta rosca. Identificaron a la abogada Sandra Martínez, y su esposo el exfiscal Horacio Bisso, y un árabe identificado como Reda Yassine de ser parte del esquema de recaudación. Se estima que mensualmente esta rosca mueve unos 400.000 dólares y el 50% de este dinero se entrega a los fiscales de marcas.
Según los afectados, si los mismos se niegan a pagar la cuota, a pocos días ya les son enviados los fiscales de marcas y allanan sus locales. Incluso, en uno de los allanamientos, un comerciante árabe fue filmado arengando al fiscal de marcas, Víctor Santander, a quien confesó que pagaba 1.000 dólares por la protección y al dejar de pagar su local fue allanado.
Los comerciantes afectados tampoco denuncian al esquema porque también están en falta al comercializar estos productos falsificados. Estas mercaderías no son fabricadas en la zona, sino se traen desde China, en aviones cargueros que son ingresados por el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú. Cada semana llegan unos 100.000 kilos de productos como electrónicos, cosméticos, vestimentas, entre otros.
Según registros estadísticos del Ministerio Público de Ciudad del Este, entre el 2015 y 2017 en las tres unidades de marcas a cargo de Liz Carolina Alfonso, Juan Marcelo García de Zúñiga y Carlos Torres ingresaron unas 830 denuncias sobre delitos marcarios.
De esta cantidad, unos 434 terminaron desestimadas, es decir, más del 50% de las causas. La desestimación implica que ni siquiera hubo procesados, pues el fiscal no encontró ningún indicio de ilicitudes en estos procedimientos. Estas desestimaciones dan a entender que los allanamientos terminaron en arreglos.
En abril pasado, luego de que Sandra Quiñónez asumiera como Fiscal General del Estado se duplicaron las unidades de marcas. De tres pasaron a seis unidades y se nombraron a nuevos agentes, en abril pasado. Las unidades quedaron a cargo de Óscar Fernando Delfino, Adriana González, Rubén Lial, Víctor Santander, Miguel Vera y Gustavo Yegros.
Estos realizaron sucesivos allanamientos en el mes de abril. Luego en mayo se paralizaron los procedimientos porque supuestamente hubo un acuerdo de protección. Los allanamientos se reanudaron en junio, coincidentemente tras las quejas y presiones de abogados de la zona.
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