La municipalidad de Ciudad del Este no es un buen ejemplo a seguir, porque quienes manejan los destinos de la institución no honran sus compromisos asumidos, además de la pésima gestión administrativa, que es de conocimiento público.
Esta semana, nuevamente, saltó al tapete la deuda que mantiene la comuna paranaense con la Ande, por consumo del fluido energético y que sobrepasa la suma de 450 millones de guaraníes. El citado ente autárquico exige el pago de la deuda, que viene siendo acumulado desde el 2003, sin embargo la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, hasta la fecha se ha desentendido de la cuestión.
Este caso puntual sirve para ratificar que el clan Zacarías, que maneja los destinos de este municipio fronterizo, está acostumbrado al mbareté y al pokaré, lo cual habla muy poco a favor de la transparencia, que tiene que ser la regla primera en la gestión pública.
El municipio esteño maneja un presupuesto ordinario de 52 millones de dólares al año, a lo que se debe sumar los presupuestos extraordinarios, como royalties y en otros conceptos. Pero llamativamente, sus actuales administradores ignoran los compromisos asumidos por la institución, pasando a priorizar los intereses personales y políticos.
Las autoridades comunales, desde hace años vienen siendo denunciadas por irregularidades administrativas, desde la gestión como intendente de Javier Zacarías Irún, pasando por su esposa, Sandra McLeod. A pesar de arrimar pruebas a la justicia, nunca ni un fiscal osó en investigar a la pareja esteña, que goza de una total impunidad.
No se puede continuar pisoteando el estado de derecho, en un país que se jacta de democrático. En la capital del Alto Paraná, las leyes son letras muertas, y quienes deben aplicarlas, los administradores de la justicia, responden a los intereses de los poderes fácticos. Es hora de romper esa cadena de opresión y que, de una vez por todas, sea respetada la constitución y la ley.
En esta nación guaraní necesitamos que haya igualdad para todos y así intentar desterrar la prepotencia. Ante la ley no debería haber diferencia entre pobre y rico, entre poderoso y un ciudadano común. A la hora de aplicar el castigo, no se tiene que tener en cuenta estrato social alguno.
Existe una imperiosa necesidad en dejar atrás el colonialismo, y ponerse a la altura de los países desarrollados. De lo contrario, el Paraguay seguirá siendo calificado como el eterno país bananero, sumido en el sub desarrollo. Tiene todas las condiciones para dejar atrás este concepto retrógrado, para lo cual las autoridades nacionales deberán demostrar una mayor voluntad política, para quitar a esta nación del estancamiento.
Este municipio fronterizo no está ajeno a esta dura realidad cotidiana de nuestro país, donde la ciudadanía se encuentra, totalmente desamparada en sus derechos. Aquí impera la ley de la jungla, la del más fuerte. A pesar de la gravedad de estos hechos, las instituciones que deberían poner orden, no intervienen y no castigan a los escamoteadores del estado de derecho.
El pueblo tiene que exigir a sus gobernantes a que sean respetuosos de la norma jurídica vigente. Cada autoridad debe ser ejemplo de honradez y servicio, constituirse en un espejo donde tiene que estar mirando la población. Sin embargo, el segundo municipio más importante de la República, no es un buen ejemplo a seguir, porque sus administradores no cumplen con los compromisos asumidos.
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