Escribe: Luis Alen.
Con la orden de Marito de iniciar las auditorías a la gestión de HC, queda también expedito el camino para la imputación del clan ZI por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, crimen organizado y otros delitos, en una decisión sin precedentes que habla del propósito del titular del Ejecutivo de desmantelar la auténtica “lavandería” de dinero sucio en que se ha convertido el Paraguay.
Ya transcurrieron dos meses de gestión abdista, en los cuales se comenzó a forjar la voluntad política de arremeter contra los popes del cartismo responsables de la gran corrupción en la función pública y en la Justicia. Pero faltaba enfilar la investigación, sin ninguna duda, hacia el anterior “número uno”.
Lo hizo Abdo Benítez por una evidente necesidad de afirmar su poder, frente a las maniobras de Horacio Cartes para condicionar al gobierno con supuestos cantos de sirena de “unidad” en el partido Colorado, con el fin de conseguir el tan ansiado “pacto de impunidad” y echar por tierra así la pretensión de Marito de aparecer ante el mundo como campeón de la transparencia.
Tal vez Horacio no midió bien la reacción que iba a tener Marito, pues el “shake” a través de los medios de su propiedad avanzando en denuncias sobre supuestas irregularidades en la flamante gestión de Patricia Samudio en Petropar, orilló casi el ridículo, pues lo que en realidad se debe investigar es el virtual vaciamiento del ente estatal bajo la administración cartista, entre 2013 y 2018.
Señales necesarias
Marito mató varios pájaros de un tiro. Por un lado, dio la señal a la fiscalía de que no habrá margen posible para el “pacto de impunidad”, con lo cual proporciona el necesario sostén político a la justicia, despejando de paso cualquier intención de armar esquemas para el oparei entre algunos magistrados integrantes de la nomenclatura corrupta.
Al mismo tiempo, envió un mensaje “tranquilizador” a Javier Zacarías Irún y a Óscar González Daher, entre otros, e incluso a algunos miembros del abdismo investigados por la fiscalía, de que se llegará con las auditorías, comenzando por la de Petropar, al responsable principal del cartismo, que no es otro que el propio Horacio Cartes. En una palabra, ni el clan ZI ni el clan OGD tendrán ya el desgraciado mote de “patos de la boda” del maridaje de nuevo cuño que estaba presagiando la movida cartista de ofrecer “gobernabilidad” a cambio de impunidad.
En cierto modo, en la medida en que Marito demoraba dar el paso fundamental que dio, HC se erigía prácticamente en el paladín de una supuesta transparencia, pero con el altísimo costo para el gobierno de verse encorsetado por la condición sine qua non del cartismo de anteponer la impunidad con el fin de lograr “la paz partidaria”.
Asimismo, en definitiva Abdo y Colorado Añetete no podían seguir supeditados al condicionamiento de HC, como si de éste dependiese finalmente el propio éxito o fracaso del gobierno. Horacio se iba constituyendo en el factótum para que, supuestamente, apareciera ante el pueblo como el que en última instancia daba su aprobación a las obras de Marito. En una palabra, de ahí a convertirse en un títere de HC, estaba a solo un paso.
Y lo peor es que tampoco Marito podía estar supeditado al arbitraje supremo de HC, que en cualquier momento llegaría a buscar sacarlo eventualmente de la presidencia para poner en su lugar al vice Hugo Velázquez. Pero también esta última posibilidad quedó en aguas de borraja con la decidida actitud asumida por Marito de patear el tablero de la impunidad cartista.
De paso también Abdo supera por fin la interna interminable entre Honor Colorado y Colorado Añetete, haciendo que dependa ahora de éste último el equilibrio partidario y la normalización en las sesiones de la junta de gobierno de la ANR. Por si esto fuera poco, ya se habla de que con la valiente postura de Marito se allana el camino para que, eventualmente, Juan Carlos “Calé” Galaverna sea el titular de la junta en 2020.
El “OK” de Donald Trump
Por lo visto también necesitaba el jefe de Estado del “OK” de la potencia hegemónica. Acababa de recibir el sábado pasado las felicitaciones de la embajada norteamericana por sus medidas contra el crimen organizado, aventando de paso el rumor de que habría un cierto descontento en Washington por el posible coqueteo con Irán y Qatar en el Medio Oriente.
Para el gobierno de Donald J. Trump, la prioridad en el Paraguay se llama romper con la protección política al narcodinero, y a los demás tráficos que financian actividades de organizaciones terroristas como el Hezbollah. Además, Marito acaba de volver de Taiwán, cumpliendo con la agenda de Estados Unidos que desea poner freno a la expansión de China continental en América Latina.
La lucha contra el flagelo del “lavado” es la promesa que Marito ya había hecho a los principales exponentes del gobierno Trump, durante su clave periplo a la capital norteamericana en agosto y poco antes de asumir y acompañado del mismo vicepresidente Velázquez, de que investigaría a HC y su vinculación con el lavado de dinero y el financiamiento a organizaciones ilegales, durante el período 2013-2018.
Es que es sabido que para completar el expediente de la operación “Corazón de Piedra”, que había declarado a HC, en 2010, como objetivo prioritario de por lo menos cinco agencias estadounidenses (antidrogas DEA, antilavado de dinero del departamento del Tesoro, anticontrabando de cigarrillos ATF, antiterrorismo CIA y el departamento de Justicia), se necesita unir las piezas del complejo entramado con una investigación interna de la parte paraguaya.
Con la presidencia de Cartes se había congelado el expediente, que ahora deberá continuar en su trámite ya con el aporte de los fiscales paraguayos y de la auditoría que comenzará a ser llevada bajo la conducción del ex fiscal Carlos Arregui, nombrado para el efecto por Abdo, y nada menos que vinculado al dirigente opositor Rafael Filizzola y a la combativa senadora anticarlista Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP)
Por si faltasen detalles novelescos al tema, se podría hasta pensar en la “fina venganza” de Rafael, a quien el cartismo le había declarado la guerra desde la época inicial de la incursión de HC en la política, con la trama que ahora se demostró que era inventada del caso de los helicópteros adquiridos por la Policía Nacional cuando Filizzola era ministro del Interior en los primeros tiempos de la era Lugo.
El mazazo final acaba venir desde Washington, con el anuncio del secretario de Justicia de Estados Unidos y fiscal general de USA, Jeff Sessions, de la formación de un equipo especial de experimentados fiscales contra el tráfico internacional de narcóticos, terrorismo, crimen organizado y lavado de dinero, que investigará a los individuos y las redes que prestan apoyo al Hezbollah libanés en América Latina y particularmente en la Triple Frontera.
«Con esta nueva fuerza especial, nuestros esfuerzos estarán más centrados y serán más efectivos que nunca antes», comentó Sessions, explicando que en 90 días los integrantes del grupo le darán recomendaciones específicas «para perseguir a estos grupos, con el objetivo final de sacarlos de las calles».
Esto implica necesariamente que el gobierno de EE.UU. otorga la máxima prioridad al actual compromiso de Marito de investigar a HC y sus conexiones con los distintos tráficos y el lavado de dinero, incluyendo también a las investigaciones que se profundizarán contra el clan Zacarías.
A todo esto se agrega la información de que la comisión bicameral que investiga a Darío Messer, el “hermano del alma” de HC, comenzará a activar, teniendo como uno de sus miembros al senador Rodolfo Friedmann, quien también tiene en la mira a Cartes por el contrabando de cigarrillos y la consiguiente evasión impositiva en Hacienda.
Con este cuadro estructurado para investigar a HC y a ZI, la Fiscalía tiene allanado el camino para imputarlos eventualmente, con los datos que saltarán con las investigaciones.
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